Nueva provocación de Marruecos: dice que recibiría a sus menores si España levanta trabas judiciales

Una de las cuestiones que en los últimos días centran el debate, después de la inédita avalancha de inmigrantes que invadió Ceuta hace una semana, de una magnitud equivalente, según las últimas informaciones, a la población ceutí, es qué va a pasar con todos los menores no acompañados que entraron y están ahora en la ciudad, en un momento en el que ya los servicios de acogida están colapsados y cuando además se desconoce la cifra real. En este contexto, ha trascendido que Marruecos estaría dispuesto a recibir a todos esos menores procedentes de su país si España levanta «los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo». Así lo asegura una fuente diplomática marroquí a la Agencia EFE.

Según esta fuente, «Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto» y «existen instrucciones» de Mohamed VI para «trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen, Marruecos». Señala que la cuestión del retorno de los menores ya había quedado recogida en un comunicado conjunto de los ministerios de Interior de ambos países en junio de 2021, y que la identificación «no constituye un impedimento para su retorno», sino las trabas que habría a nivel administrativo o judicial.

Y, según explica a la agencia de noticias, «el obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España». «El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación. Existen obstáculos en la legislación española vigente, en la que los menores reciben un tratamiento específico», añade. «La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión y que, al más alto nivel del Estado, existía un compromiso». E indica, además, que en 2024 el ministro de Exteriores marroquí manifestó la disposición de Marruecos a acoger a sus menores en países de la UE y aludió a las «lagunas» que a su juicio hay en las legislaciones europeos que estarían obstaculizando su vuelta.

Los servicios de acogida, superados en un 2.600 %

Este jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reiteró que los centros de acogida, tanto de mayores como de menores, están colapsados. Apuntó ante los eurodiputados que la acogida sobrepasa en un 2.600 % la capacidad y señaló que, «con la legislación en la mano y según las convenciones internacionales, el retorno de los menores es prácticamente imposible».

El Gobierno central anunció esta semana una partida de 25 millones de euros para la gestión de estos menores, que se suma a la que ya destinó a Ceuta, de 5,5 millones, en junio tras la reunión de la conferencia sectorial. El Ministerio de Juventud e Infancia habilitó este miércoles un colegio que desde anoche atiende a más de un centenar de menores.

Y las declaraciones del Gobierno sobre la posibilidad de un nuevo reparto ha puesto estos días en pie de guerra a muchas comunidades que denuncian saturación y además falta de información por parte del Ejecutivo central de nuevo. El delegado del Gobierno en Ceuta sostuvo que si las comunidades se negaran a aceptar el traslado, tendría que actuar de oficio la Fiscalía. Y desde el Gobierno el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, habló de que se debía «cumplir la ley» y que esperaba no tener que entrar con las regiones «en ningún tipo de conflicto judicial».

Este jueves, el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, afirmó que los gobiernos del PP «cumplirán con la ley». «En los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también», señaló. Los populares consideran que es el Gobierno central el que debe resolver un problema provocado, según denuncian, por su irresponsabilidad.

Y desde Vox han reiterado su rechazo al reparto de menores y han asegurado que se opondrán a él «con todos los medios y hasta el final», como trasladó esta tarde el eurodiputado Jorge Buxadé. Subrayó que «no son inmigrantes ni refugiados; sino personas utilizadas como arma de guerra híbrida» y que deben ser «repatriados». «Lo combatiremos en derecho hasta el final», recalcó.