Las regiones se enfrentan a la posibilidad de un nuevo reparto de menores de Ceuta bajo la amenaza del Gobierno

Se desconoce por el momento el número exacto de los menores extranjeros no acompañados se encuentran en Ceuta. Según informó ayer el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, la Policía Nacional ha identificado a 528. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, señaló que están acogiendo a 1.100 menores, después de dos semanas en las que, como advertía el Gobierno ceutí, crecía la presión migratoria estando ya colapsados los servicios de acogida, y denunció en términos generales, no solo en la cuestión de los menores, que Ceuta se encuentra en una situación «límite», pidiendo «el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la nación» ante ese ataque a la integridad territorial de España que supuso la avalancha inédita del pasado jueves.

En este contexto, las comunidades, que denuncian estar colapsadas en muchos casos, se enfrentan a la posibilidad de un nuevo reparto de menores. El delegado del Gobierno apuntó ayer en la cadena SER que van a reforzar la oficina de Extranjería para poder tramitar «cuanto antes» los expedientes de manera que permitirían el traslado a otras regiones. Y avisó de que si estas se niegan a aceptarlos «tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores» porque, dijo, la ley «tiene que cumplirse».

Este miércoles también el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se pronunciaba en esa línea ante las cámara de TVE: «Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, No espero otra cosa. (...) Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto judicial», aludiendo a la ley de Extranjería que el Gobierno reformó para obligar a la acogida. De momento, el Ejecutivo central anunció este martes una partida extraordinaria para Ceuta de 25 millones de euros (que se suman a los 5,5 que ya acordó destinar a la ciudad autónoma en la última conferencia sectorial).

El Partido Popular señala al Gobierno como responsable y, por ende, como quien debe poner solución. «El Gobierno es el responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir», afirmaba el secretario general, Miguel Tellado, este martes. Los populares creen que las comunidades que gobiernan no tienen que asumir «las consecuencias de la irresponsabilidad» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que fue lo que recalcó Alma Ezcurra, instando al Gobierno central a hacerse cargo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial señaló que las regiones del PP «siempre van a cumplir la ley» y reclamó antes de hablar del reparto saber cuántos menores hay en Ceuta, cuántos están en situación de vulnerabilidad y si son menores.

Varias comunidades se han pronunciado ya al respecto. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, subrayó que lo lógico es que esos menores vuelvan a sus casas: «Cada nación se debe hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos». También desde el Gobierno vasco trasladaron que se deben agotar «todas las vías» para que vuelvan con sus familias. En la Comunidad Valenciana, indicaron que los centros de menores están «colapsados», con una sobreocupación del 160 %, y que valorarán «todo» una vez reciban la información del Ejecutivo, recalcando que es un problema de Estado. Junts, socio parlamentario de Sánchez, se ha opuesto al traslado, advirtiendo de que no le darán «ni un voto» si no se excluye a Cataluña de ese reparto.

En las regiones donde Vox forma parte del Gobierno han trasladado con rotundidad que se opondrán a cualquier reparto de menores inmigrantes, como se recoge en los acuerdos firmados con el PP. «Nos opondremos por tierra, mar y aire al reparto de menas», señaló el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández. Y en esa línea se pronunciaron en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Desde la formación de Santiago Abascal rechazan además la partida de 25 millones y señalan: «Los falsos menas, deportados; los niños, a casa con sus padres, y los recursos de los españoles, para los españoles».