Aragón, Extremadura y Castilla y León se niegan a reunirse con Rego para el traslado de menores ante la inacción en Ceuta

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Extremadura y Aragón —todas gobernadas por un Ejecutivo de coalición PP-Vox—han plantado al Gobierno por el reparto de menores inmigrantes ante la ausencia de gestión tras el asaltado a la frontera en Ceuta, y la negativa de su regreso a sus hogares en Marruecos. Estaba previsto que se celebrase una reunión sectorial de infancia con las comunidades autónomas el próximo 13 de agosto.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), anunciaba que no asistirá al encuentro. Así se lo ha comunicado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la vez que le ha hecho saber la negativa de Aragón al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

«Ni una sola mención a los hechos de Ceuta»

Nolasco ha denunciado que en la convocatoria del Ministerio remitida a las regiones «no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles». Una convocatoria que «tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera».

De esta forma, el Gobierno de Aragón exige al Gobierno de España abstenerse ejecutar traslado alguno de los menores procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados. Además, piden remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda e impugnarán judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.

Exigen, también, impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección competentes del Reino de Marruecos.

Nolasco ha reiterado a la ministra Rego que «el Estado debe acreditar la minoría de edad de los menas», así como «tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada». Agregaba que la oposición responde «al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional»

Extremadura se niega a «asumir una competencia estatal»

«Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto autonómico de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos», comunicaba el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura Óscar Fernández. El líder regional de Vox rechazaba, al igual que su compañero de partido en Aragón, «cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado o resuelto individualmente la situación jurídica de cada menor».

Fernández advertía que «Extremadura no puede asumir las consecuencias de una competencia que es exclusivamente estatal» y consideraba prioritario que los menores «estén con sus familias» y se les facilite el retorno cuando proceda. «No vamos a aceptar que se convierta a las comunidades autónomas en receptoras de menores mientras el Gobierno no hace su trabajo», insistía.

Castilla y León «no puede aceptar el traslado»

Por su parte, en una carta de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León, dirigida por el vicepresidente Carlos Pollán (Vox), arremetía contra la propia reunión. En el texto se reitera, al igual que en Extremadura y Aragón que «el ordenamiento jurídico nacional e internacional y el principio del interés superior del menor» imponen la reunificación familiar y la devolución al país de origen como «principio fundamental».

En la misma línea, comentaba que la región «no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta» mientras no se acredite la individualización de los procesos «legalmente exigibles para determinar la situación jurídica mediante resolución firme».

Además de manifestar su creencia de que «todos esos menores deben ser retornados a Marruecos», recuerda que el Consejo y el Parlamento Europeo ha calificado a Marruecos como «país seguro a todos los efectos y es público y notorio que ha manifestado su interés en la devolución y retorno de todos los extranjeros, incluidos los menores».