Mónica García: crimen de lesa jeta

«Que para eso estamos». La frase la pronunció la ministra de Sanidad el 6 de agosto en Radio Nacional, preguntada por lo que vivieron los sanitarios de Ceuta durante la avalancha del 30 y el 31 de julio. Dijo que habían tenido que volver a dar «el cien por cien de sí mismos». Y añadió cuatro palabras: «que para eso estamos». Para eso están. Los médicos. No ella.

En la misma entrevista sostuvo que la respuesta del INGESA y del hospital fue encomiable y que no hubo «ningún colapso». Dos días antes, en esRadio, el presidente del Colegio y del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, contó la cruda realidad: que avisaron los días previos, que el protocolo se redujo a suspender las vacaciones de los médicos y que en urgencias trabajaron «absolutamente desbordados, solos, sin dormir». Que hubo compañeros que terminaban el turno llorando. «Que ahora digan que no ha pasado nada es un auténtico insulto». Que los médicos suspendan sus vacaciones; ella no. Que tengan el teléfono encendido; ella ni siquiera responde por escrito. Roviralta resumió el ánimo de la ciudad con una expresión que debería doler en el Ministerio: «españoles de segunda».

La única sanidad enteramente suya

Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios de España cuya asistencia sanitaria no gestiona una comunidad autónoma, sino directamente el Ministerio de Sanidad, a través del INGESA. No hay Ayuso. No hay a quién señalar en el turno de réplica. Es lo que el relato oficial necesita que no veamos.

Lo recuerda, con una cortesía que hiela, la carta que el Colegio de Médicos le remitió el 7 de agosto: «Como bien conoce, la asistencia sanitaria en Ceuta depende directamente del Ministerio de Sanidad». Habla de «catástrofe asistencial», pide que se desplace y aclara que no nace de la confrontación política. Cuando un colegio médico tiene que jurar que no hace política para que le cojan el teléfono, la que ha hecho política es la otra parte.

Nada empieza el 30 de julio. La huelga de los médicos de Ceuta y Melilla arrancó en marzo de 2023 y fue la más larga de la sanidad española. Seis semanas antes de la avalancha, el secretario de Estado Javier Padilla afirmó en el Senado que Ceuta «ha dejado de ser una zona de difícil cobertura». El 30 de julio, el único hospital de la ciudad atendió a más de trescientas personas en una jornada.

«Donde me toque»

El 10 de octubre de 2023, cuarenta y dos días antes de prometer el cargo, Mónica García concedió una entrevista a Madrid Médico, la revista del Colegio de Médicos de Madrid en cuyo primer número escribió nuestro Nobel Ramón y Cajal. La dirigía y firmaba quien esto escribe. Y dejó dicha una frase: «Yo estaré siempre defendiendo la sanidad pública donde me toque».

Le tocó Ceuta. Le tocó Melilla. Era la doctrina de portavoz de la oposición a Ayuso explicando su doctrina antes de gobernar. Dijo que no basta con formar médicos, «también hay que cuidarlos». Que le parecía «gravísimo» que un médico tuviera que ir a la huelga para cuidar bien a sus pacientes. Y que había que terminar con «ese maltrato sistemático a nuestros profesionales». Cuando lo dijo, la huelga de Ceuta y Melilla llevaba siete meses. Estos médicos no negociaban con la Comunidad de Madrid: negociaban con el INGESA. Con el Ministerio que iba a dirigir ella cuarenta y dos días después. Presumía además de que le reprocharan ir «con la pancarta a los centros de salud». La pancarta, por lo visto, era para Madrid.

No es Ceuta: es España

Mientras ella negaba el colapso, los médicos de toda España acumulaban cinco semanas de huelga nacional y votaban ir a la indefinida: seis de cada diez, en una consulta cerrada el 4 de agosto. Piden estatuto propio, mesa de negociación específica, 35 horas, guardias voluntarias y computables a efectos de jubilación, y una clasificación acorde a su formación.

Ahí está el torpedo a la sanidad pública. El anteproyecto del Estatuto Marco reparte al personal sanitario en niveles del 4 al 8. Los médicos piden uno más —nivel 9— por sus doce años de grado más MIR. El Ministerio responde que es «técnicamente inviable», y la justificación está en su propia web: la diversidad profesional no debe ser «fuente de desigualdad». Una sola frase que delata la destructiva carga ideológica que maniata al Gobierno: reconocer una diferencia equivale a crear una desigualdad. Nadie discute que la enfermera, el celador o el auxiliar hagan un trabajo digno del que depende nuestra salud. La discusión es si un Estado puede tratar como equivalentes cosas que no lo son sin pagar un precio. El precio tiene forma de médicos que se van de España. Con razón.

Lo que no se cuida se destroza

El 18 de enero murieron 46 personas en Adamuz. La investigación no ha concluido, pero apunta a un carril roto desde la noche anterior y a una soldadura defectuosa. Una soldadura. Siete meses después, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz denuncia «desamparo y parálisis», recuerda que el único que pidió perdón fue el presidente de ADIF y reclama desde mayo la dimisión de Óscar Puente. Su presidente, Mario Samper, resumió en el Senado lo que sintieron con el ministro: «Nos dejó estupefactos». El ministro más tuitero, faltón y agresivo de la historia no ha encontrado el momento de contestarles.

Mientras Ceuta habilitaba el antiguo Hospital Militar como depósito para doscientos cuerpos, el presidente subía a las redes «la banda sonora de mi verano»: treinta y una canciones y un «feliz verano».

Este Ejecutivo decretó tres días de luto por Adamuz. Por los muertos del Tarajal, ninguno. Soldaduras. Plantillas. Guardias cubiertas. Un hospital de 186 camas en diecinueve kilómetros cuadrados de frontera sur. Todo se resume en dos palabras: mantenimiento y cuidado. Y es lo primero que se sacrifica cuando se confunde gobernar con relatar, porque no sale en ninguna foto. Gobernar no es subirse a un coche oficial ni subir vídeos a redes sociales. Es gestionar. Es firmar cosas aburridas que no dan un titular. Es cubrir una plaza en agosto. Es contestar una carta.

Lesa

El delito de lesa humanidad existe (artículo 607 bis) y castiga el exterminio y la tortura. Nada de esto se le parece; aquí no hay causa, ni investigado, ni tipo penal. Al menos, todavía. Por eso esta crónica dice jeta y no humanidad. Tres años de cartas, una huelga desde 2023 en las dos ciudades que gestiona el Estado y una avalancha contestada con un «no hubo colapso» dejan para la historia la crónica de una ministra y un Gobierno escandalosamente dedicados a sí mismo. Y esto no prescribe. Un médico que se va no vuelve; un MIR que emigra tras doce años de formación pagada entre todos deja un hueco que tarda otra década en cubrirse. Ella misma lo dijo: el sistema de hoy es resultado de las políticas de hace diez años. Aquí lo único que prescribe es la legislatura. Pedía entonces que el Parlamento se pareciera a una sesión clínica. En una sesión clínica, cuando el adjunto de guardia cuenta lo que pasó esa noche, no se le contesta desde el despacho que no pasó.

Preguntas

¿Cuántos profesionales desplegó el INGESA en Ceuta entre el 30 de julio y el 6 de agosto? ¿En qué informe técnico se sostiene que reconocer doce años de formación sea «técnicamente inviable»?

Y una última, con sus propias palabras de octubre de 2023: dijo usted que defendería la sanidad pública donde le tocara. Le ha tocado Ceuta. ¿Va a ir?

La ministra contra la portavoz