La gestión de los menas exige un enfoque nuevo
Toda política pública sobre estos menores debe ir enfocada a proteger su interés superior: reunirse con su familia en su país de origen
La compleja situación que vive Ceuta desde finales de julio incluye una problemática muy específica con la entrada de miles de menores extranjeros no acompañados (MENAS), repitiendo lo sucedido en 2021. Esta situación ha de servir para superar de una vez un enfoque errado que genera «efecto llamada» y que resulta nefasto para los menores y para la sociedad española.
El régimen legal y la gestión de este asunto se desenvuelve, desde hace décadas, en un círculo vicioso insatisfactorio, costoso e injusto. Se caracteriza por haberles otorgado derechos de residencia y trabajo automáticos y por constituir un gasto de recursos notable (alrededor de 50.000 euros anuales por menor), que se une a otras ayudas que se conceden a los ex tutelados hasta los 23 años. El «efecto llamada» es evidente si se observa no solo el aumento del número de menores que llegan a España, sino también el crecimiento del fraude de edad de adultos que se hacen pasar por menores para beneficiarse de estas ventajas.
A ello se suma que muchos menores permanecen en España en lugar de continuar hacia otros países europeos y que, dentro de España, buscan las comunidades que ofrecen mayores ayudas al alcanzar la mayoría de edad. Todo ello se produce mientras se registran numerosas fugas de centros de acogida, más de 7.600 entre 2017 y 2023 según datos de UNICEF.
Sin embargo, la verdad no debe camuflarse. En muchos casos, estos menores son una inversión para sus padres, que autorizan e incluso costean sus viajes con la expectativa de que, una vez en España, obtengan la autorización de residencia y el permiso de trabajo y puedan después reagrupar a la familia. Muchos menores mantienen desde su llegada un contacto regular con sus familias e, incluso, reciben visitas de sus parientes.
Es necesario afrontar también la realidad de los menores de 16 y 17 años que llegan voluntariamente a España y que, según las circunstancias, pueden encontrarse en una situación materialmente próxima a la emancipación. El sistema de tutela está concebido para menores en situación ordinaria de desamparo y no puede ignorar las particularidades de estos casos.
El mecanismo de cierre del sistema tampoco funciona. Apenas se realizan repatriaciones: solo hubo 41 en los últimos diez años respecto a los 15.000 menores tutelados, según datos de Fiscalía. También existen dificultades para repatriar a menores conflictivos, como demuestra el reciente conflicto planteado por la Comunidad de Madrid ante la negativa del Gobierno a tramitar el retorno solicitado de 134 tutelados.
Las propuestas de NEOS
La primera cuestión que se debe abordar es la de la competencia. NEOS propone atribuir la competencia integral al Estado, desde la llegada de los menores hasta su repatriación, asumiendo las comunidades autónomas labores de colaboración bajo supervisión, financiación y coordinación nacional. Para ejecutar esta política de forma unitaria podría crearse una agencia o alta autoridad responsable de todo el proceso, que suscriba convenios con comunidades autónomas y entidades de protección de menores para la tutela ordinaria cuando así proceda. La competencia estatal sobre los MENAS que solicitan asilo ha sido, de hecho, reconocida por el Tribunal Supremo al adoptar medidas cautelares en el recurso contencioso-administrativo 340/2025.
Una vez asumida esta competencia, los menores quedarían bajo la tutela de la Administración del Estado, en una situación administrativa de estancia especial hasta su repatriación o hasta alcanzar la mayoría de edad. El nuevo régimen debería eliminar los incentivos que hoy convierten la llegada irregular en una vía privilegiada de acceso a la residencia y al trabajo.
Asimismo, por supuesto, se deberá identificar claramente quién merece el estatus y el tratamiento privilegiado de menor de edad y quién no, detectando los casos de fraude de edad.
El objetivo último no puede ser administrar indefinidamente la llegada de menores, sino hacer posible su retorno junto a sus familias y, cuando esto no sea posible, garantizar su protección en su país de origen. El Estado español debe prestar la cooperación necesaria para que esa protección sea efectiva.
El inmovilismo fatalista de pensar que esta situación no tiene otra salida no puede ser la solución. El sistema actual es observado con atención por cientos de miles de personas de nuestros vecinos del sur. La política de menores debe volver a poner al menor en el centro. Y poner al menor en el centro significa, ante todo, proteger su derecho a su familia y a su entorno de origen.
Muchos son los elementos necesitados de reforma. Los estructurales han sido objeto de estudio y propuestas de cambio en el informe de NEOS: Inmigración en España: buenismo o eficacia, presentado en enero de 2025 y completados en junio de 2026 con un anexo de propuestas normativas enviado a los partidos políticos
