El PP acusa a Sánchez de usar a sus ministros como «escudos humanos» mientras «se ocultaba» en Lanzarote

El PP ha elevado este lunes la presión sobre Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta y ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar a sus ministros como «escudos humanos» mientras él permanecía de vacaciones en Lanzarote, al tiempo que ha reclamado que se aceleren las repatriaciones de las personas que entraron en la ciudad a finales de julio y que se estudie el aislamiento de quienes hayan sido diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha comparecido después de la reunión del Comité de Dirección del partido, la primera tras el paréntesis estival, con Ceuta como uno de los principales asuntos sobre la mesa y con un mensaje dirigido directamente a Sánchez: «Un Gobierno no puede colgar el cartel de cerrado por vacaciones».

Sémper ha asegurado que lo ocurrido los días 30 y 31 de julio no fue «un episodio aislado ni una serpiente de verano», sino una «herida» que se ha ido agravando y que afecta, a su juicio, a la seguridad, la convivencia, la salubridad y la normalidad de la ciudad autónoma.

«Para Ceuta y sus más de 80.000 habitantes, agosto ha sido un mes de abandono, de inseguridad y de emergencia», ha denunciado el portavoz popular, que ha reprochado a Sánchez haber permanecido más de tres semanas de vacaciones mientras sus ministros asumían públicamente la respuesta a una crisis que el PP considera de carácter nacional.

Sémper ha resumido su crítica acusando al Ejecutivo de haber gestionado «una emergencia nacional en chanclas y bañador» y ha reclamado que sea el propio presidente quien comparezca para dar explicaciones, ya que es quien tiene «la máxima responsabilidad política» sobre la actuación del Gobierno.

El PP mantiene su propuesta de aislar a los enfermos

A su vez, la cuestión sanitaria ha ocupado una parte central de las críticas del PP después de que Alberto Núñez Feijóo reclamase este fin de semana al Gobierno que estudiase la posibilidad de confinar a las personas con enfermedades infectocontagiosas detectadas en Ceuta.

La propuesta provocó una inmediata respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, que calificó el confinamiento de la población inmigrante de «injustificado y totalmente desmesurado» y sostuvo que los datos epidemiológicos disponibles no justifican una medida de esas características. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue todavía más contundente este lunes y acusó a Feijóo de «generar angustia» y de actuar de manera «grave e irresponsable».

«Lo que le pedimos al Gobierno es que estudie la posibilidad de confinar y de aislar a todos esos casos que han sido diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas», ha explicado Sémper, que ha preguntado cuál debe ser el número de casos necesario para que el Ejecutivo decida actuar. «¿De verdad van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el Gobierno tome decisiones?», ha planteado.

Junto a la cuestión sanitaria, el PP ha vuelto a situar las repatriaciones como una de sus principales exigencias al Gobierno. Sémper ha reclamado que sean devueltos tanto los mayores como los menores marroquíes que entraron durante la crisis y ha insistido en la propuesta de desplazar a Ceuta todas las unidades de Extranjería que sean necesarias para acelerar los expedientes. «Hay que movilizar, y hay que hacerlo ya, cuantos funcionarios sean necesarios el tiempo que sea necesario. Deben devolver todos y cuanto antes», ha defendido Sémper, que considera que únicamente así podrá recuperarse la normalidad en Ceuta.

Sumar acusa a PP y Vox de «racismo»

Las críticas del PP han recibido también respuesta desde el otro extremo del Gobierno. Sumar ha acusado a Feijóo de difundir «bulos» sobre la situación sanitaria de Ceuta y ha calificado de «racismo repugnante e intolerable» algunas de las posiciones adoptadas por PP y Vox durante la crisis.

El socio minoritario del Ejecutivo ha señalado además directamente a Marruecos, al que acusa de haber protagonizado una acción «absolutamente intencionada» para utilizar a seres humanos «como moneda de cambio» con el objetivo de presionar al Gobierno español, y ha reclamado que esa actuación «no quede impune».