Policías nacionales alertan desde Bruselas: «Ceuta es un agujero negro de seguridad»

La Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado la actuación del Gobierno y, más concretamente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre la crisis desatada en Ceuta por la invasión, el pasado 30 de julio, de cerca de 80.000 inmigrantes marroquíes en su mayoría.

«Fracasó antes, durante y después de la mayor avalancha migratoria de España sufrida en Ceuta», ha afirmado el portavoz de la CEP, David Gutiérrez, a las puertas del Parlamento Europeo, a donde ha acudido para hablar en el el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras.

La CEP ha recordado que ni tan siquiera se ha dado unas cifras coherentes sobre entradas y salidas de inmigrantes aquel 30 de julio. «Un Estado que no sabe cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en su territorio tampoco sabe quiénes son, dónde están ni qué riesgos debe afrontar. Eso no es gestión: es un agujero negro de seguridad», ha afirmado Gutiérrez.

"El Ministerio del Interior no fue víctima de la crisis: fue responsable de no anticiparla. Sabía lo que estaba ocurriendo, recibió avisos y decidió no reaccionar hasta que la frontera ya había saltado por los aires”, ha advertido la CEP ante el Parlamento Europeo.

Regularización masiva

No obstante, los representantes de este sindicato policial, el que ha impulsado en Bruselas el reconocimiento de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, habían sido convocados para hablar de la regularización masiva que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez la pasada primavera.

Según los propios policías, en total se han solicitado 1.174.978 solicitudes de regularización frente al medio millón que calculó el Gobierno. «Expedientes de identificación, comprobación documental y consulta de antecedentes que han recaído sobre una Policía Nacional sin refuerzos suficientes», como ha ocurrido en Ceuta. De ahí que todavía queden, ha reconocido el sindicato policial, "más de 600.000 solicitudes por tramitar.

La Confederación Española de Policía ha alertado de que esta decisión «no es un asunto exclusivamente interno, de nuestro país». Ha recordado que, aunque un permiso de residencia español no habilita para trabajar o instalarse en otro Estado miembro, sí permite viajar por el espacio Schengen durante noventa días de cada ciento ochenta. «España no puede actuar unilateralmente en una frontera exterior de la Unión y después pretender que los efectos de sus decisiones terminen en la frontera española», ha subrayado el sindicato policial.

Ante el Parlamento Europeo, CEP ha exigido supervisión sobre la regularización extraordinaria y sus posibles movimientos secundarios, que se exija al Gobierno español datos verificables sobre lo ocurrido en Ceuta, un protocolo europeo inmediato para entradas masivas que active a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo, refuerzos permanentes de plantilla, infraestructuras adecuadas y una cooperación exigible con los terceros países.

“Los policías españoles seguiremos protegiendo la frontera europea, porque es nuestro deber. Pero nuestra profesionalidad no puede ser la coartada permanente de un Gobierno que llega tarde, no da cifras fiables y abandona a quienes pone en primera línea", ha concluido el portavoz del sindicato, David Gutierrez.