La Moncloa pone a Óscar Puente al frente del batallón gubernamental contra los jueces

Llegó la caballería a la sala de prensa del Consejo de Ministros. Llegó Óscar Puente para cargar contra los magistrados del Tribunal Supremo, contra la asociación de jueces Francisco de Vitoria por respaldarlos en un comunicado y contra Antonio Narváez, el ponente de la resolución por la que el alto tribunal decidió el miércoles pasado (por cinco a uno) de suspender cautelarmente el derecho a voto de algunos nacionalizados por la ley de nietos.

El Gobierno ha visto en esa decisión del alto tribunal una puerta de evacuación para huir, o intentarlo al menos, de la crisis de Ceuta. Una crisis de Estado que está suponiendo un desgaste enorme para el presidente y que no tiene visos de ser resuelta ni siquiera antes de fin de año, pese a que Pedro Sánchez se dio ese plazo en su entrevista en La Sexta.

Y qué mejor que Puente para cumplir la misión. Que la Secretaría de Estado de Comunicación decidiera que él fuera uno de los comparecientes de este martes ya era una declaración de intenciones: normalmente, el ministro de Transportes hace de portavoz oficioso del Gobierno en los platós, porque va más lejos que ningún otro, pero esta vez era convertirlo en portavoz oficial sentándolo en la mesa de la Moncloa. No lo hacía desde el 9 de junio.

La pregunta era sobre las críticas del Gobierno a la decisión del Supremo, un día después de que el ministro Óscar López llamara «lobos solitarios» a algunos jueces. Sobre ello y sobre el comunicado de la Francisco de Vitoria. No era una pregunta dirigida a Puente, pero él se hizo con el micrófono «por alusiones» y empezó a disparar. «Qué opina la asociación de jueces Francisco de Vitoria de que políticos del PP se reúnan en secreto con miembros de la Judicatura y de la Fiscalía españolas, ¿creen que esa es la mejor manera de relacionarse entre los poderes políticos y el poder judicial?», empezó.

También preguntó a la segunda asociación mayoritaria «si considera que las palabras de Antonio Narváez, ponente de ese auto de medidas cautelares relacionadas con la ley de nietos, pronunciadas en una de esas reuniones, garantizan la apariencia de imparcialidad que debe observar cualquiera que juzgue una cuestión en nuestro país. Las recuerdo: le dijo al señor Feijóo que quería que llegara al Gobierno antes del último fiasco electoral del señor Feijóo, que quería que el PP derogara las leyes promulgadas por el Gobierno socialista y sembró dudas sobre la empresa Indra en relación con el recuento de votos», añadió.

Y terminó: «Me gustaría saber qué es lo que piensa la asociación Francisco de Vitoria de las palabras de algunos magistrados del Supremo que forman parte de la Junta Electoral y que han calificado de despropósito jurídico el auto del Supremo. Estaría bien que se pronunciaran. Me temo que, si los miembros de la carrera judicial se escudan exclusivamente en las declaraciones que hacemos los políticos, se tapan los ojos y no de dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del poder judicial son algunos jueces creo que cometerán un gran error. La población española de manera mayoritaria no piensa por lo que diga un ministro, sino que tienen ojos y oídos. Esas cosas no nos conduce a pensar que algunas de las decisiones que está tomando la Justicia de este país son imparciales y no quieren inmiscuirse en la política».

A su lado, la portavoz titular del Ejecutivo, Elma Saiz, solo añadió que esas voces críticas dentro del Gobierno «constatan lo que todos opinamos, la necesaria imparcialidad». Después hubo una segunda pregunta al respecto que volvió a responder Puente, aludiendo al «corporativismo» de la Franscisco de Vitoria, con el que los jueces solo ayudan, según él, «a cavar aún más en su propio desprestigio».

En su entrevista del lunes, el presidente denunció: «La pregunta que hay que hacerse de verdad es si se puede suspender un derecho esencial a 400.000 españoles», equiparando a esos nacionalizados con cualquier otro español que lo sea desde la cuna, y no en base a una ley de 2022. Puede darse el caso de que finalmente el Supremo permita que los afectados voten, porque de momento lo que ha hecho es aceptar una medida cautelar. Ante esa hipótesis, y preguntado el Gobierno si entonces se retractarían en su críticas, desde la Moncloa responden que se alegrarán si eso sucede. Porque es su fin último, que puedan votar.