Sofía Puente reconoce que su instrucción sobre la ley de nietos amplió los casos previstos para nacionalizar a descendientes de españoles

Una confesión implícita de que, como sostienen Vox e Iustitia Europa, la instrucción dictada por Sofía Puente sobre la conocida como ley de nietos, durante su etapa como ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cargo dependiente del Ministerio de Justicia, excedió los requisitos previstos en la norma y la esencia de ésta, a sabiendas. La fiscal de carrera, en consecuencia, apunta a que con su resolución se amplió la voluntad del legislador, expresada y aprobada por el Parlamento.

En plena ofensiva del Gobierno contra la Sala Tercera del Supremo que congeló, de manera provisional, los efectos electorales de la nacionalización de descendientes de españoles exiliados en el extranjero, la hermana del ministro Óscar Puente se sentaba en un plató de televisión para reconocer que la solución administrativa que ella misma firmó, «pretendía facilitar la acreditación de esa condición que es muy difícil» de acuerdo con los supuestos recogidos en el texto. Es decir, como el Ejecutivo socialista detectó que la filiación era complicada, a efectos de prueba práctica, la solución pasó por eliminar la exigencia de una prueba.

La afirmación, a juicio de varios expertos consultados por El Debate, implica que lejos de ser un mero detalle técnico, la instrucción de 25 de octubre de 2022 fue «mucho más allá» de lo avalado por el Senado, en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, donde se rechazaron los motivos económicos como causa legítima para alcanzar la condición de español y, por extensión, de nuevo votante.

Una maniobra que se habría cocinado, según los datos disponibles, en un plazo de aproximado de tres semanas, entre la propia Puente y el ministro de Exteriores José Manuel Albares y que, mediante un acto administrativo, convirtió una Ley Orgánica prevista para la reparación del exilio forzoso, en una vía masiva de adquisición de la nacionalidad, por el mero hecho de la emigración que tuvo lugar entre los años 1936 y 1955.

«Los españoles en el exterior participan de manera minoritaria en los procesos electorales. Esta ley va fundamentalmente en el interés de pertenecer a una patria por razones sentimentales o nostálgicas», añadía Puente en Televisión Española. Una «presunción de exilio», añaden varias fuentes especializadas en derecho electoral, que ha llevado al Supremo a suspender, cautelarmente, los efectos electorales derivados del procedimiento en el que los magistrados de la Sala Tercera detectaron un «peligro fundado, real y serio» de afectar a las elecciones.

Lejos de acatar la posición mayoritaria del Alto Tribunal u omitir cualquier comentario sobre la misma, una actitud que ha sido duramente criticada, Sofía Puente abundaba en el relato del Ejecutivo socialista sobre el lawfare y el señalamiento a los jueces que ponen límites a su gestión. A ellos se refería su propio hermano como «lobos solitarios», en línea con su homólogo de Presidencia, Óscar López, que añadía el término «salvapatrias». «Soy la hermana de Puente y si no me apellidara así», se lamentaba en la televisión pública, no se habría visto salpicada por «la conspiración de que todos somos instrumentos al servicio del sanchismo».

Y acto seguido, añadía: «Siempre se habla de la independencia judicial y es muy importante que nuestros jueces resuelvan sin presiones internas y externas pero jamás hablamos de la imparcialidad, de lo importante que es que el ciudadano perciba que se resuelve con objetividad y muchas veces, esa apariencia de imparcialidad está totalmente quebrada».