El Gobierno pone en la diana a los jueces «salvapatrias» para defender su polémica actuación en Ceuta y con la ley de nietos

No es una mera coincidencias que dos de los ministros con mayor peso político Óscar López y Óscar Puente hayan sido los más duros en las declaraciones del Gobierno frente a las decisiones judiciales menos favorables a La Moncloa. En especial, las que se han producido en los últimos días contra la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Supremo que han congelado, de manera provisional, la ley de nietos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, entregado al relato del lawfare que, curiosamente, siempre coincide con la fiscalización de sus decisiones más radicales e ideologizadas, ha intensificado sus críticas al Poder Judicial en ambos frentes, de manera simultánea. Por una parte, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la invasión Ceuta el pasado 30 de julio y, por otra, las medidas cautelares de la Sala Tercera del Alto Tribunal que han suspendido los efectos electorales de miles de nacionalizaciones concedidas al amparo de la reforma que amplió los criterios previstos en la ley de Memoria Democrática, al margen del Parlamento. En ambos casos, el núcleo duro de la cúpula socialista ha puesto en la diana, una vez más, la imparcialidad de ciertos jueces «salvapatrias».

El «pasado» de la jueza Tardón

Tras el estallido de la avalancha humana en Ceuta, durante la que cruzaron desde Marruecos más de 80.,000 personas a las playas españolas al otro lado del espigón de El Tarajal, era Sánchez quien se refería a lo ocurrido como un «ataque» contra «la integridad territorial de España». Sin embargo, el mismo presidente reaccionaba airado a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas penales, la magistrada María Tardón, contra lo que apunta a un posible delito contra la paz o independencia del Estado, cometido en el extranjero, e conexión con un presunto homicidio imprudente y organización criminal, perpetrado desde Marruecos.

El Ejecutivo reaccionó entonces no sólo personándose como perjudicado en la causa sino, además, señalando a la instructora en boca del siempre polémico Óscar Puente. El ministro de Transportes ponía en la diana a la magistrada al asegurar que «ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad», por su pasado como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En Moncloa no sentaba bien que la jueza ordenase proteger las indagaciones preliminares de miradas indebidas o interesadas, blindando un informe policial sobre los hechos, al tratarse de «cuestiones relativas a la seguridad nacional». La orden dada a los investigadores para que, como está previsto en la ley, la reportasen directamente a ella y no a sus superiores jerárquicos, provocó la reacción airada de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior llegó a remitir hasta una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quejándose de Tardón. Lejos de corporativismos, la respuesta de la presidenta de los jueces y magistrados exigía «respeto» a la labor de sus compañeros.

En la misma línea, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional defendía a Tardón en una nota institucional aprobada por unanimidad. El presidente del órgano central, Juan Manuel Fernández, aseguraba no sólo que su independencia e imparcialidad están «absolutamente fuera de toda duda» sino que los ataques dirigidos a sus decisiones profesionales «no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho».

Un «peligro fundado, real y serio»

En pleno incendio de la ciudad autónoma de Ceuta, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó adoptar medidas cautelares en contra de la denominada ley de nietos, a petición de Vox e Iustitia Europa. El Alto Tribunal suspendió los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad española, por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual.

La resolución que no anula las nacionalizaciones, ni paraliza la tramitación de los expedientes en curso, sí impide votar, por el momento, a quienes se beneficiaron de una instrucción ministerial de 2022 que presumía la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. En contra de la presunción de veracidad, el Supremo argumentó que el incremento extraordinario de la base electoral (más de 400.000 inscritos nuevos, desde 2023) genera «un peligro fundado, real y serio» para la objetividad y la transparencia de un proceso tan imprescindible.

En este caso, era el propio titular de Justicia, Félix Bolaños, quien salía al paso de la resolución de la Sala Tercera para calificarla como «muy discutible jurídicamente» y exigir al Supremo que resuelva el fondo del asunto «lo antes posible», antes de las elecciones de 2027. Apelando a motivos emocionales para referirse al «derecho más sagrado» en democracia. Una línea en la que no tardaron en moverse tanto Pedro Sánchez como la portavoz Elma Saiz.

No obstante, las descalificaciones más duras llegaron por boca del ministro Óscar López que se refería al auto del Supremo como una «salvajada» y un «atropello democrático». López se descolgaba distinguiendo entre jueces buenos y malos, estos últimos los «que están empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea». Los denominados «jueces que son salvapatrias» a los que remató refiriéndose como «lobos solitarios».