El Gobierno pone en la diana a los jueces «salvapatrias» para defender su polémica actuación en Ceuta y con la ley de nietos

No es una mera coincidencias que dos de los ministros con mayor peso político Óscar López y Óscar Puente hayan sido los más duros en las declaraciones del Gobierno frente a las decisiones judiciales menos favorables a La Moncloa. En especial, las que se han producido en los últimos días contra la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Supremo que han congelado, de manera provisional, la ley de nietos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, entregado al relato del lawfare que, curiosamente, siempre coincide con la fiscalización de sus decisiones más radicales e ideologizadas, ha intensificado sus críticas al Poder Judicial en ambos frentes, de manera simultánea. Por una parte, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la invasión Ceuta el pasado 30 de julio y, por otra, las medidas cautelares de la Sala Tercera del Alto Tribunal que han suspendido los efectos electorales de miles de nacionalizaciones concedidas al amparo de la reforma que amplió los criterios previstos en la ley de Memoria Democrática, al margen del Parlamento. En ambos casos, el núcleo duro de la cúpula socialista ha puesto en la diana, una vez más, la imparcialidad de ciertos jueces «salvapatrias».

El «pasado» de la jueza Tardón

La crisis de Ceuta estalló los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas —cifras que oscilan entre 70.000 y más de 80.000 según fuentes— cruzaron desde Marruecos. El propio presidente Sánchez calificó entonces los hechos de «ataque» y «violación de la integridad territorial de España». Semanas después, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón asumió la investigación al apreciar indicios de un delito contra la paz o independencia del Estado, cometido en el extranjero, con posible conexión con homicidios imprudentes y organización criminal. En su auto, la magistrada citó expresamente las palabras de Sánchez y señaló una «clara e indudable gestión favorecedora» desde territorio marroquí.

El Ejecutivo reaccionó personándose como perjudicado en la causa, pero al mismo tiempo cuestionó a la instructora. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que Tardón «ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad». Recordó que la jueza fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid y calificó de «bastante extraño» que ordenara a la Policía no transmitir a sus mandos un informe sobre los hechos, al tratarse de «cuestiones relativas a la seguridad nacional».

Según Puente, esa reserva «denota un cierto principio de desconfianza». La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respaldó al ministro: «Lo que ha hecho es lo que hace siempre… como buen jurista». Desde el PSOE, la portavoz Montse Mínguez añadió que la jueza «tiene el pasado que tiene y empieza regulín».

La Audiencia Nacional defendió a Tardón. Su presidente, Juan Manuel Fernández, aseguró que su independencia e imparcialidad están «absolutamente fuera de toda duda» y que las críticas «no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho».

Un «peligro fundado, real y serio»

Mientras tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó medidas cautelares a petición de Vox e Iustitia Europa. Suspendió los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 —la conocida como ley de nietos—, salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual.

La resolución no anula las nacionalidades ni paraliza los expedientes pendientes, pero impide votar a quienes se beneficiaron de una instrucción ministerial de 2022 que presumía la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. El Supremo argumentó que el incremento extraordinario del censo (más de 400.000 electores nuevos desde 2023) genera «un peligro fundado, real y serio» para la objetividad del proceso electoral.

El Gobierno no compartió la decisión. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, la calificó de «muy discutible jurídicamente» y pidió al Supremo que resuelva el fondo «lo antes posible» y, en todo caso, antes de las elecciones de 2027, porque se trata del «derecho más sagrado» en democracia. Pedro Sánchez también urgió una resolución rápida. Elma Saiz expresó que el Ejecutivo discrepa, aunque confía en la imparcialidad de la justicia.

Las críticas más duras llegaban hace unas horas, cuando el ministro Óscar López tildó el auto de «salvajada» y «atropello democrático». Afirmó que, aunque hay cientos de jueces que se esfuerzan por una justicia justa, «hay sectores judiciales que están empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea» y «jueces que son salvapatrias». Relacionó la decisión con la «llamada de Aznar» de que «el que pueda hacer que haga» y habló de «lobos solitarios». Óscar Puente coincidió en señalar a esos «salvapatrias».

La Junta Electoral Central acató el mandato del Supremo, aunque de forma dividida. Varios vocales consideraron que el alto tribunal se había excedido al restringir un derecho fundamental sin oír a los afectados.

En ambos casos, el Ejecutivo insiste en que respeta la independencia judicial y se personará o colaborará donde proceda. Al mismo tiempo, ha vuelto a situar a jueces concretos —Tardón en Ceuta y la Sala del Supremo en la ley de nietos— en el centro de sus reproches, en un contexto de creciente tensión institucional a meses de un posible adelanto electoral. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya había advertido en la apertura del año judicial contra las «descalificaciones públicas» a los magistrados.