La Guardia Civil certifica que una misma familia es la dueña del piso de la cloaca del PSOE y también del ático del presunto testaferro de Zapatero

La Guardia Civil ha certificado, a través de la declaración de una testigo, que dos hermanas de una misma familia madrileña alquilaron por separado sendas viviendas. Una de ellas al entramado que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) como parte de la cloaca del PSOE, y la otra a Julio Martínez, conocido como Julito, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

La testigo, María José de la Huerta Rojo, es propietaria de una vivienda situada en la calle Diego de León de Madrid, la misma calle que el escrito de personación presentado por la magistrada Beatriz Biedma sitúa como escenario de la reunión celebrada en septiembre de 2024 entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis Sáenz de Tejada y Joaquín Parra, el núcleo del grupo investigado por la operación para torpedear la causa contra David Sánchez. Según declaró ante la Guardia Civil, es propietaria del inmueble desde enero de 2023, aunque en diciembre de ese mismo año donó la nuda propiedad a sus dos hijas.

El piso fue alquilado el 30 de diciembre de 2023 a la sociedad Allies & Altera SL, representada por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sepi, en un contrato que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, cubriendo por tanto la fecha en la que, según el escrito de Biedma, se celebró la reunión de la cloaca. La propietaria explicó a los agentes que le trasladaron que el piso se destinaría a uso profesional de un despacho de abogados, con la intención de fusionarse en el futuro con otro despacho radicado en Sevilla, fusión que finalmente no llegó a materializarse y que fue el motivo alegado para rescindir el contrato. Un dato que cobra especial relevancia a la luz de la investigación, ya que la propia testigo recordó que el conserje del edificio le comentó en varias ocasiones que en el piso «no había mucha actividad», una descripción compatible con el uso puntual y discreto de un inmueble empleado para encuentros concretos y no como oficina de trabajo diario.

La renta mensual pactada ascendía a 2.958 euros y los pagos se realizaron siempre mediante transferencia bancaria, inicialmente desde una cuenta personal vinculada a Fernández Guerrero y, a partir de mayo de 2024, desde una cuenta de la propia sociedad arrendataria. La testigo declaró que sus contactos habituales para las incidencias del alquiler no fueron con el propio Guerrero que solo llegó a ver en un par de ocasiones, sino con una mujer identificada como María Jesús Garrido, quien le trasladó que trabajaba en el ámbito de la abogacía.

El dato del segundo piso surgió de forma casi incidental en la misma declaración. Al ser preguntada si su entorno familiar mantenía otros contratos de alquiler de características similares, la testigo respondió que su hermana había alquilado, por su parte, un piso en Madrid a Julio Martínez Martínez, precisando que sabían, «a través de medios de comunicación», que esta persona estaba relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero. Según su testimonio, ese segundo inmueble estuvo arrendado a Martínez durante aproximadamente cinco años, y el contrato se rescindió este mismo año, coincidiendo en el tiempo con el fin del alquiler del piso de Diego de León.

La coincidencia resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el papel que Julito ha reconocido tener en el caso Plus Ultra. Como publicó este periódico, en su comparecencia ante la Audiencia Nacional confirmó que actuaba como hombre de paja del expresidente del Gobierno en las gestiones relacionadas con el rescate público de la aerolínea venezolana en 2021, aunque su testimonio resultó parco en detalles sobre con quién medió Zapatero o cuánto cobró por su intermediación.