La Asociación de Diplomáticos defiende al personal consular y dice que se limita a aplicar la 'ley de nietos'

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha salido este martes en defensa del personal que trabaja en los consulados españoles ante las «acusaciones sin fundamento» de las que han sido objeto por la aplicación de la llamada 'ley de nietos', subrayando que se han limitado a aplicar la legislación y las instrucciones que se les han dado, informa Europa Press.

En un comunicado, la Junta Directiva ha subrayado que «llama poderosamente la atención» que la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional permite la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles, «sin 'vacatio legis'» y por tanto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que también permitió optar a la nacionalidad en unos supuestos limitados, se fijó el plazo de un año para su entrada en vigor, lo que permitió «dictar instrucciones para su mejor ejecución, ampliar las instalaciones de varios consulados para atender a las personas solicitantes e incrementar las plantillas de algunas unidades con ese mismo objeto», ha contrapuesto.

Desde la ADE llaman la atención de que pese al número de potenciales solicitantes, habida cuenta de que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022 ampliaba los supuestos, no se preparó la red consular para poder gestionarlo.

En consecuencia, según la Asociación de Diplomáticos, «se fueron adoptando medidas sobre la marcha, incluidas las indispensables herramientas electrónicas, y, al aproximarse el final del plazo para presentar las solicitudes, soluciones extraordinarias para atender a varios miles de interesados». Así pues, denuncia, «ha habido imprevisión y ausencia de planificación» e incide en que es un ejemplo más «de la dejadez, incluso desidia, de la que es objeto» el Servicio Exterior.

«Esfuerzo extraordinario»

La falta de recursos ha sido suplida «en parte con un esfuerzo extraordinario de los empleados públicos» de la red consular, que «cumplió las instrucciones recibidas, se organizó lo mejor que pudo y afrontó una demanda de usuarios, en muchos consulados, desmedida para las capacidades existentes», al tiempo que también se siguieron realizando el resto de tareas, como facilitar el voto en las distintas elecciones o registrar los nacimientos y matrimonios.

Tras asegurar que muchos consulados «no dan abasto», la ADE ha considerado como «grave» el que en las últimas semanas se haya cuestionado «abiertamente la profesionalidad de los empleados públicos de la red consular» y que se haya señalado a varios funcionarios diplomáticos por «actuar contra la ley».

Amenazas de muerte e insultos

«Estos señalamientos a personas concretas se están convirtiendo, en las redes sociales, en una agresividad a menudo extrema, con amenazas de muerte e insultos graves que abarcan a sus familiares y aspectos como su orientación sexual», ha denunciado la asociación que preside Alberto Virella.

Así las cosas, la ADE ha lamentado y manifestado su «más rotunda condena a los ataques en las redes sociales a funcionarios que tan solo han aplicado la ley y las instrucciones recibidas, cumpliendo con la obligación que establece la Ley del Registro Civil para los encargados del Registro (como lo son los cónsules) de ejecutar las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio de Justicia».

«Se trata de acusaciones sin fundamento a empleados públicos que en ningún caso pueden hacerse responsables de las interpretaciones extensivas de las normas», defienden desde la principal asociación de diplomáticos.

Al hilo, sostienen que tanto ellos como los integrantes de las unidades consulares «son personas trabajadoras que optimizan al máximo sus jornadas laborales, cuando no las amplían sin compensación retributiva, para servir en el extranjero a ciudadanos españoles y a quienes se les ha otorgado el derecho a aspirar a serlo».