El Gobierno no previó que sus dos decretos son incompatibles y tuvo que buscar una solución de urgencia

El vodevil de los dos decretos leyes de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros, pese a no tener redactados los textos definitivos, continuó de madrugada y así seguirá hasta el Pleno del viernes. Cuando lo más probable es que sea convalidado el que contiene la prohibición de los desahucios y la prórroga de dos años de los contratos en vigor pero, por el contrario, sea derogado el que contempla la renovación automática de los alquileres.

El Gobierno ha tenido que escalonar la publicación de las dos normas en el BOE, una este miércoles y la otra el jueves, porque ambas son incompatibles entre sí. De manera que, si entraban en vigor a la vez, el carajal legal iba a ser mayor de lo que ya está siendo.

No en vano, el primer real decreto ley contempla la prórroga de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2028, y el segundo de forma indefinida. Una cosa y otra a la vez no puede ser. Este último texto, aprobado de forma apresurada en el Consejo de Ministros, es una concesión de Pedro Sánchez a Sumar y al Sindicato de Inquilinas.

La solución que encontró el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de madrugada fue publicar el real decreto ley primigenio, el del horizonte de diciembre de 2028, y posponer el otro hasta este jueves. En el Derecho español, cuando dos normas colisionan, prevalece «la última norma publicada», según recuerdan desde el Gobierno. De manera que el decreto ley que se publique el jueves anulará el de hoy parcialmente, en lo relativo a la prórroga de los contratos. Pero la previsión es que lo haga durante solo unas horas, porque el Ejecutivo da por hecho que esta segunda norma decaerá el viernes en el Congreso. En otras palabras: la renovación automática de los alquileres va a ser un visto y no visto, un suspiro.

El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda no fue capaz de responder cuándo iban a entrar en vigor ambos decretos. Según afirmó, necesitaba los textos finales antes de contestar. No pudo aclarar ni eso ni otras cuestiones sobre los pormenores de las normas, hasta el punto de que Isabel Rodríguez tuvo que ponerse a rebuscar entre una pila de papeles y borradores en varios momentos de la comparecencia, para acabar respondiendo «eso no me lo sé».

Se suponía que, a lo largo de la tarde del martes, el Ministerio de Vivienda iba a tener una versión definitiva de los textos para enviársela a los grupos parlamentarios, que son los que tienen que dar su visto. Pero no fue así, sino que los envió de madrugada, como también al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja los calificó este miércoles por la mañana, un paso necesario para su votación este viernes.

Como ya ha contado El Debate, el Gobierno dispone de un plazo legal de 30 días para someter a convalidación cualquier real decreto ley. Normalmente lo estira, pero en esta ocasión le ha interesado recortar el tiempo al mínimo. Para que no baje la presión sobre los grupos -sobre Junts en especial- y para no aumentar el guirigay legal.

Este miércoles amaneció con los socios de izquierdas del Ejecutivo criticando la «cobardía» del PSOE al haber partido en dos las medidas. Podemos está siendo especialmente duro. Su líder, Ione Belarra, aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Congreso para decir al vicepresidente Carlos Cuerpo: «Lo único que están intentando hacer es trampa. Troceando el decreto Maricarmen que el Sindicato de Inquilinas les ha pedido que traigan completo. Esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales, como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre», le exigió.