El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la diputada de Vox, Pepa Millán

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la diputada de Vox, Pepa MillánEFE

Vox acusa a Sánchez de sacar a sus milicias a la calle para olvidar su inacción de 8 años

Vox ha recriminado que el viernes vayan a votar en contra de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros y, por tanto, de «todo lo que suponga que la gente no tenga derecho a la vivienda»

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de sacar a sus «milicias» a la calle en protesta por la crisis de la vivienda para hacer creer que no es responsable del problema cuando «no han movido ni un solo dedo en ocho años».

Millán ha hecho estas afirmaciones en la sesión de control al Ejecutivo, en la que ha advertido además que el Gobierno está tratando de hacer olvidar la crisis de Ceuta, que es el «culmen» de sus «traiciones» a los ciudadanos.

En su opinión, al Gobierno no le importan «absolutamente nada» ni los miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda ni los ceutíes que están abandonando la suya porque no pueden vivir «en mitad de una invasión».

«Quieren convertir ocho años de traiciones en ocho años de amnesia», ha recalcado, tras lo que ha avisado de que Vox no olvidará lo que, según ha dicho, ha hecho el Gobierno: «Atornillarse en el sillón y pasar de la tienda de campaña al sillón de Galapagar».

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado que Millán defina como «milicias» a los acampados en Madrid, Barcelona y otras ciudades pidiendo «derecho a la vivienda a un precio asequible, en régimen de alquiler o de propiedad».

Ha subrayado que este Gobierno fue el que aprobó en 2022 la primera ley de vivienda de la democracia, que fue rechazada por los de Santiago Abascal y que no se aplica en las comunidades donde gobierna la «coalición reaccionaria» de PP y Vox.

Además, les ha recriminado que el viernes vayan a votar en contra de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros y, por tanto, de «todo lo que suponga que la gente no tenga derecho a la vivienda».

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