La Fiscalía y el juez cuestionan la versión de Zapatero: «Ocultó las joyas en una actuación consciente desviada de las normas»

Através de su escrito de defensa ante la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero vino a reconocer «que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia», recoge la Fiscalía en su última comunicación con el instructor del 'caso Plus Ultra', el magistrado José Luis Calama. Ninguna de ambas instituciones, ni el Ministerio Público, ni el propio juez, han considerado suficientemente sólida la versión del ex jefe del Ejecutivo sobre el botín incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional durante el registro de su despacho y que, el fiscal considera que «ocultó» en una «actuación consciente» y «desviada» de la ley aplicable, en especial, por razón de su cargo.

Zapatero recibió los conjuntos de joyería, valorados de manera preliminar en cerca de 1,3 millones de euros, en el Palacio de la Moncloa, pese a que el socialista la señala como su «vivienda familiar» de entonces; y. siendo presidente del Gobierno lo que, desde una perspectiva jurídica, «convirtió esos efectos en caudal público, del que presuntamente se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio», reza la acusación pública.

Es, precisamente, este detalle en el que la Fiscalía pone más énfasis frente al relato de la defensa en descargo de Zapatero: si en 2012, una vez abandonó sus responsabilidades políticas hizo una entrega masiva de objetos que recibió durante su etapa presidencial, es porque tenía «conciencia» plena de su «obligación legal» de hacerlo y, por lo tanto, «se habría quedado con las joyas ahora encontradas» a sabiendas de que lo hacía.

Una tesis que ha llevado a solicitar su imputación, también, por un delito de malversación agravada, que conlleva penas de prisión de entre 4 y 8 años y hasta 20 de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier función pública.

Un «afán explicativo poco creíble»

Cabe recordar cómo la incautación de esas joyas por la Policía llevó al juez Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Sin olvidar, además, que el instructor le achaca el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate por valor de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Zapatero ha venido sosteniendo que las joyas fueron un regalo que recibió con motivo de la visita oficial a España del rey de Arabia Saudí entre el 18 y 19 de junio de 2007, las cuales «aceptó por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto» hacia el monarca saudí. Un mandatario que al estar «ya fallecido» no puede corroborar la posición del ex presidente español, ni aclarar nada.

Semejante versión convierte la defensa de Zapatero en un «puro ejercicio de voluntarismo procesal», reprocha la Fiscalía en su nuevo escrito de acusación en el que cuestiona, por extensión, «si quiera las fechas» y la validez de las cartas que aporta «sin sello», como muestra del intento de comunicación con Arabia Saudí, para que respalden su relato de lo ocurrido. De hecho, el Ministerio Público ha dejado claro que el «foco» no debe ponerse en el país árabe sino en España, lugar donde ocurrieron los hechos que se están investigando.

El expresidente justificó su tardanza en dar explicaciones al respecto de las joyas –de las que durante su interrogatorio dijo estar en posición de acreditar en una semana, diez días «máximo»–por haber enviado, el pasado mes de junio, una carta dirigida al jefe de protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí, a través de la Embajada. Pero lo cierto es que cuando Zapatero declaró, por primera vez, como investigado, el pasado 18 de junio de 2026, no mencionó que «dos días antes, supuestamente, había escrito una misiva», de las dos presuntamente remitidas el 16 de junio y el 12 de agosto, reprocha Anticorrupción.

Hasta el punto de que la Fiscalía ve «escueta» la justificación de la defensa del exdirigente socialista para el envío de una comisión rogatoria innecesaria y «dudosamente operante» que se descarta de plano porque lo contrario habría supuesto dar por buena la explicación del imputado sobre el origen de las joyas.

«Es injustificado que el juzgado emita una comisión rogatoria a un país en el que, según su versión, no se entregaron los bienes y en relación con un monarca, al parecer, ya fallecido, por cuanto el foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas», concluye el Ministerio Público.