El horizonte judicial del PSOE y su posible imputación después de que Pedraz afirmara que hay «base objetiva»

El viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, lanzó una suerte de ultimátum al PSOE y le comunicó que tenía 15 días para entregar «sin más demora» la documentación que le había pedido pedido respecto a las abogados contratados por los socialistas entre 2021 y 2025. El magistrado instructor solicitó la documentación a Ferraz el 6 de octubre, y al no obtener respuesta, el martes 20 de octubre le otorgó 48 horas para remitir la información.

No obstante, el partido encabezado por Pedro Sánchez mandó un escrito al juez Pedraz en el que aseguró que no había aportado la documentación en plazo porque había preguntado Consejo General de la Abogacía Española si la petición del magistrado afectaba al derecho al secreto profesional entre los letrados y sus clientes. De hecho, el documento subrayó que su decisión «no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado» por la Audiencia Nacional.

En su providencia del viernes, el magistrado exige al PSOE que mande el listado de abogados que contrataron de 2021 al 2025 «sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa». Igualmente, dice al Partido Socialista que cuando «entienda concurrente algún supuesto concreto de secreto profesional, identifique de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión».

Todas estas actuaciones judiciales –que los socialistas han dilatado en el tiempo– se enmarcan en un momento procesal clave respecto al horizonte judicial del PSOE y en relación con su posible imputación. El 6 de octubre el PP presentó ante el juez Pedraz un escrito en el que solicitaba la imputación de la formación de Sánchez por cinco delitos; cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Los 'populares' denunciaron el «amplio catálogo de actuaciones delictivas» puestas en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. El PP resaltó que el fin de estas maniobras era «proteger los intereses del Gobierno y del PSOE» frente a investigaciones judiciales en marcha.

«La organización criminal investigada, bajo el liderazgo de D. Santos Cerdán León, realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir' -en palabras de Dña. Leire Díez Castro- el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del Presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al Partido; intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Dña. María del Carmen Pano Sánchez –la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE–, llegando a ofrecerle 50.000 euros a cambio de alterar el sentido de su declaración; trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil», agregó el PP.

Igualmente, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo afirmó que «todas estas actuaciones delictivas respondían a un mismo objetivo: proteger los intereses del PSOE, tratando de 'desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del Presidente del Gobierno'».

Tal y como publicó El Debate, el magistrado Pedraz rechazó la petición de imputación del PP esgrimiendo que, aunque hay una «base objetiva» para la investigación judicial, la decisión «requerirá practicar determinadas diligencias, algunas acordadas ya». De esta forma, aseveró que falta «concretar si los pagos hechos a Leire y otros, conociendo la finalidad de su actuación, fueron ordenados por el secretario de la organización y satisfechos directamente por éste desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquél y la estructura patrimonial de la organización».

Sobre este extremo, el auto afirmó que se necesita «concretar quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad, si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago» o «si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna».

Así las cosas, el juez remarcó que «una vez practicadas» estas pesquisas «se podrá decidir» sobre si imputa al PSOE. Por ello, dictaminó: «No ha lugar a atribuir en este momento la condición de persona jurídica investigada al Partido Socialista Obrero Español. Una vez practicadas diligencias oportunas se acordará lo oportuno a tal efecto». Este periódico destacó que uno de los puntos de más interés para decidir sobre la imputación es que el juez conozca lo que hicieron dentro de la trama los abogados imputados en el caso Leire Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Para eso, el magistrado está esperando que los socialistas le manden quiénes han sido los letrados que contrataron entre 2021 y 2025.