La batalla del Senado fue una jugada política de Vox

A horas de que se cierren las listas definitivas para el Senado, y comprobar hasta qué punto ceden las tensiones entre el PP y Vox para cerrar un acuerdo que les permita la posibilidad de asegurarse el control de la Cámara Alta, existe un precedente que inclina la balanza hacía la formación de Santiago Abascal tras la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas. Fue el movimiento de exigir senadores por designación autonómica a cambio de sellar sus pactos de Gobierno. De esta forma, el Partido Popular ya perdió en la anterior legislatura a tres de sus senadores: en Extremadura, Laureano León; en Aragón, Eloy Suárez; y en Andalucía, Inmaculada Fernández.

No sólo está en la mesa de negociación la estrategia de tratar de obtener una mayoría de tres quintos en el Senado para renovar el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, sino que otro de los objetivos de Vox es conformar grupo propio parlamentario. Así podría pasar de tener solo dos senadores después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, a los que se sumó después los tres mencionados, a llegar a los diez senadores que necesita como mínimo para no formar parte del grupo Mixto en la próxima legislatura.

El cambio es sustancial en cuanto a las subvenciones, porque si se cumplen esas expectativas Vox recibiría aproximadamente un total de 424.368 euros al año. En la XV Legislatura, se abonó al Partido Popular 294.975 euros al mes, mientras que Vox percibía entre los siete senadores del grupo Mixto 29.497 euros mensuales. Antes de que Vox jugase la baza política de la Cámara Alta, desde el Grupo Popular del Senado se insistió en que estos no deberían ser moneda de cambio.

Ceuta vs. Corrupción

Desde los pactos autonómicos donde el Partido Popular cedió ante Vox, el número de comparecientes en las distintas Comisiones de Investigación se ha ralentizado. Después del verano, una de las instrucciones de Génova fue priorizar la invasión de Ceuta y bajar el ritmo de las comparecencias sobre corrupción como si ambas fueran incompatibles.

Las sesiones celebradas son un buen indicativo. En la Comisión de Investigación sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se constituyó el 18 de febrero de 2026, han comparecido 14 personas. Entre ellas, la presidenta imputada de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente imputado Bartolomé Lora; el expresidente imputado Vicente Fernández Guerrero; la ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien dependía la sociedad estatal; Javier Hidalgo, ex director ejecutivo de Air Europa; Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; y Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica. El mes de abril fue el más prolífico y aunque se amplió el plan de trabajo el pasado 9 de junio desde el 13 de julio no se volvió a convocar ninguna sesión.

De la «sobrina del ministro» a la «matriarca del clan de narcotraficantes»

Aunque la más famosa ha sido la Comisión Koldo, el caso que abarca todas las tramas derivadas de la operación Delorme que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Desde las presuntas mordidas por obra pública, la causa de las mascarillas durante la pandemia, el supuesto dinero negro entregado en Ferraz o la contratación de Jésica Rodríguez, amante del exministro de Transportes José Luis Ábalos. De hecho, fue en el Senado donde se desveló que la empresa pública Tragsatec contrató a la «sobrina del ministro» por una orden de presidencia de Adif cuando ejercía Isabel Pardo de Vera, por el que más tarde fue imputada.

La Comisión donde ha desfilado desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un crecido José Luis Rodríguez Zapatero antes de ser imputado, donde reconoció los pagos de Análisis Relevantes y que pidió a su amigo Julio Martínez que contratase la compañía de sus hijas, nunca volvió en el estreno de temporada política en septiembre. La última comparecencia fue de Cristina Narbona, presidenta del PSOE, a finales de julio. Desde el pasado 5 de octubre de 2026, la Comisión se suspendió por la disolución de las Cortes. «Si no se reactiva en la próxima legislatura, como no se ha elaborado un dictamen con las conclusiones, decaería y quedaría inconclusa», cuentan desde las filas del disuelto Grupo Popular del Senado.

«En otro momento, se hubiera convocado inmediatamente a Cintia Rocho, la matriarca del clan de narcotraficantes a la que contactó las cloacas del PSOE para «eliminar» a la juez Beatriz Biedma. Sobre todo, porque ella misma ha declarado que si le llaman a testificar va a contar todo con pelos y señales. Ese es un ejemplo. Se ha perdido el pulso. El foco es la invasión de Ceuta y se ha dejado de lado la corrupción», concluyen.