De prometer traslados en semanas a admitir que la mayoría se quedará: las versiones del Gobierno sobre los menores de Ceuta

En cuestión de semanas, el Gobierno de España ha pasado de anunciar que agilizaría la reagrupación familiar de los menores inmigrantes llegados a Ceuta durante la invasión del 30 de julio a admitir que la mayoría podrá permanecer en España. Mientras tanto, las cifras oficiales reflejan que, casi tres meses después de la entrada masiva desde Marruecos, apenas una pequeña parte de esos menores ha salido de la ciudad autónoma. El último en pronunciarse ha sido el ministro de Política Territorial, a su vez al frente del Mando Único, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que el principal problema de Ceuta es la imposibilidad de trasladar a los menores a la Península, responsabilizando al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de que no se produzcan más movimientos.

«No han sido reagrupados y el señor Vivas tiene un problema importante, y es que la única solución para que no se queden en Ceuta es que vayan al resto de España, y el PP no quiere», afirmó Torres. El ministro, a su vez, defendió que el Gobierno central está dispuesto a efectuar los traslados y ha acusado al PP de impedirlos por los acuerdos que mantiene con Vox en distintas comunidades autónomas.

Sin embargo, las palabras del ministro llegan después de que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconociera el pasado 21 de septiembre que la mayoría de los menores llegados a Ceuta probablemente permanecerá en España. «Creo que la mayoría se quieren quedar en España y se van a quedar», afirmó en una entrevista en la Cadena SER, en la que defendió que la legislación española protege a los menores con independencia de su nacionalidad y origen. Rego explicó entonces que el Gobierno preparaba los expedientes para solicitar la reagrupación familiar, aunque admitió que la respuesta de Marruecos era una incógnita y que el país vecino no había contestado a unos 600 expedientes tramitados anteriormente. La ministra había anunciado a comienzos de agosto que los traslados a la Península se producirían en «unas pocas semanas», mientras que en septiembre reclamó el traslado de alrededor de 500 menores y aseguró que las plazas estaban preparadas.

Según el último balance facilitado por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el pasado 21 de octubre, las autoridades habían identificado y atendido a 3.331 menores llegados durante la invasión y, de ellos, 107 habían sido trasladados a la Península mediante reagrupación familiar y otros 181 habían sido reubicados en distintas comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Además, se habían remitido 63 expedientes a Marruecos para intentar la reagrupación, sin que el Ejecutivo detallara entonces cuántos habían recibido respuesta. En total, las reagrupaciones familiares y las reubicaciones autonómicas sumaban 288 menores, una cifra muy inferior a los más de 3.300 atendidos.

El contraste se extiende también a las cifras que los propios miembros del Ejecutivo han ofrecido durante la crisis y es que, a comienzos de septiembre, Torres habló de unos 2.000 menores filiados, mientras otros miembros del Gobierno habían manejado cifras superiores. El recuento fue aumentando conforme avanzó la identificación y el registro de los menores, hasta alcanzar los 3.331 comunicados por Saiz en octubre.

Mientras tanto, la responsabilidad sobre la gestión se ha convertido entretanto en un nuevo frente de enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí. Torres sostiene que el presidente Vivas debe facilitar los documentos necesarios para trasladar a los menores y acusa al PP de bloquear la solución por razones políticas. Rego, por su parte, ha denunciado que se está haciendo «politiqueo con los niños» y ha reclamado coordinación entre las administraciones.

El Ejecutivo de Ceuta, a su vez, reclama una respuesta que permita aliviar la presión sobre sus recursos de acogida. La cuestión es si los traslados a otras comunidades podrán acelerarse y cuántos de los menores podrán finalmente ser reagrupados con sus familias en Marruecos. Por ahora, el propio Gobierno reconoce que no se ha producido ninguna reagrupación familiar en el país vecino, mientras la mayoría de los menores continúa bajo la protección de la ciudad autónoma.