La operación de control de daños del Gobierno fracasa ante las evidencias

El País, la Cadena SER y Eldiario.es publicaron simultáneamente en sus páginas webs a las 21 horas del miércoles, exactamente a esa hora, los audios entre el controlador de Atocha y los maquinistas de los trenes AVE e Iryo. Conversaciones que, en teoría -muy discutible-, apuntalan la versión oficial del error humano. Habían pasado poco más de doce horas del fatal accidente con 69 fallecidos.

Obviamente no fue una casualidad. Fue una maniobra del Ministerio de Transportes para intentar aliviar la presión sobre Óscar Puente y endosar toda la responsabilidad al eslabón más débil de la cadena. Una filtración que, además, se produjo sin respetar el secreto de sumario decretado por la jueza de instrucción, Aristea Afroditi Ortiz. Y con cadáveres sin identificar, familias buscando a sus seres heridos, restos humanos entre los amasijos de hierro, decenas de heridos y mutilados en los hospitales y un país en shock.

Sin embargo, los intentos del Gobierno por limitar los daños políticos a un mes de que los españoles voten están siendo infructuosos. Toda la prensa española, incluidos El País y La Vanguardia, amanecían este primer día de luto oficial de los tres decretados pidiendo explicaciones y responsabilidades al Ejecutivo; más allá de la promesa al viento que Pedro Sánchez hizo el miércoles desde Urda. La de que tomará medidas «con total contundencia».

El presidente volvió este jueves a Toledo para presidir la reunión del Cecopi, en la que también participaron los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. En un principio, su equipo había informado de que no estaba previsto que compareciera ante la prensa. Una hora después, la Moncloa corrigió el rumbo y anunció que, finalmente, Sánchez sí diría unas palabras en compañía del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. De nuevo, sin aceptar preguntas de los periodistas.

Lo que pasó entre medias de esas dos decisiones fue que en los medios siguieron hablando ingenieros, maquinistas, portavoces sindicales y demás profesionales del sector ferroviario; rellenando los vacíos que han dejado las primeras explicaciones oficiales. Y, sobre todo, situando la responsabilidad en la falta de inversiones, de mantenimiento, de personal suficiente y de respuesta del Ministerio de Transportes ante las recomendaciones y advertencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera apunta directamente este jueves en El Mundo al actual presidente del ente público, Pedro Marco, y al ministro Puente. «Marco montó al llegar al cargo un nuevo organigrama que diluía el área de Seguridad en su propio Gabinete con autorización del ministro (…). Marco no ha cambiado ese organigrama, vigente desde 2025, ni siquiera tras el accidente de Adamuz», según ella.

En su breve comparecencia de este jueves, Sánchez ya no habló de que este segundo accidente en menos de diez meses «no es asumible» como hizo un día antes, ni tampoco de contundencia en la respuesta. Solo aseguró que están «trabajando día y noche para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y por supuesto reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder».

La consigna que sale a esta hora de la Moncloa es que la continuidad de Puente «no está en cuestión». No obstante, sí lo está intramuros del Gobierno, como ha contado El Debate, aunque en la Moncloa estén tratando de contemporizar. A un mes de las elecciones, el presidente tiene que recalcular el coste-beneficio de mantener a un ministro de Transportes cuya sola presencia abona un debate incómodo para el Gobierno, e incluso contrario a sus intereses: el del estado de las infraestructuras públicas y su mantenimiento. La España donde nada funciona.

El Gobierno vio enseguida la magnitud de la catástrofe humana, supo enseguida que el accidente de Urda iba a ser peor que el de Adamuz. Ahora también empieza a ser consciente de la magnitud de la catástrofe política. «Las responsabilidades políticas no se pueden asumir al final de la investigación. Las responsabilidades políticas no opcionales, sino imprescindibles desde el punto de vista ético y moral. La política no consiste en hablar, consiste en hacer», apremió Alberto Núñez Feijóo a Sánchez.