Quién está detrás de No Name Kitchen, la ONG registrada en Ceuta por el presunto reparto de armas a inmigrantes

La actividad de las ONG en Ceuta desde la invasión sufrida por la ciudad autónoma el pasado 30 de julio ha estado en el punto de mira, y recientemente la organización No Name Kitchen se ha situado en el centro de la actualidad después de que la Guardia Civil registrara sus instalaciones el pasado 22 de octubre en el marco de una investigación judicial sobre el presunto reparto de espráis de pimienta y armas blancas a inmigrantes para atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La operación se desarrolló en dos espacios utilizados por colectivos que trabajan con personas inmigrantes, uno en la zona de la Almadraba y otro en el polígono industrial del Tarajal, y se saldó con dos detenciones.

Para conocer el origen de No Name Kitchen, hay que remontarse a 2017, cuando un grupo de voluntarios comenzó a preparar comida en Belgrado, la capital de Serbia, para las personas inmigrantes que habían quedado atrapadas en la ruta de los Balcanes. Entre quienes impulsaron la iniciativa se encontraba el asturiano Bruno Álvarez, que, junto a otros voluntarios, puso en marcha un proyecto de asistencia básica ante las condiciones precarias en las que sobrevivían quienes intentaban continuar su viaje hacia Europa.

Aquella iniciativa, centrada inicialmente en repartir alimentos, fue ampliando progresivamente su actividad hasta convertirse en una red de voluntarios que trabaja en distintos puntos de las rutas migratorias europeas. Según explica la propia organización en su página web, sus equipos desarrollan proyectos en los Balcanes, el Mediterráneo y el Magreb, con el objetivo de prestar apoyo a personas en tránsito y denunciar las dificultades y los riesgos que afrontan durante sus desplazamientos.

La ayuda material sigue siendo una parte central de su actividad, con repartos de comida, ropa, mantas y productos de higiene, además de atención sanitaria básica y acompañamiento jurídico. Sin embargo, la organización también recopila testimonios sobre presuntos abusos en las fronteras y participa en iniciativas destinadas a cuestionar las políticas de control migratorio de los países europeos. Entre ellas figura su vinculación con redes de monitorización de la violencia fronteriza, que documentan denuncias de devoluciones irregulares y otras actuaciones contra personas migrantes.

Qué hace No Name Kitchen en Ceuta

La organización trabaja en Ceuta desde febrero de 2021, cuando puso en marcha un proyecto de protección y acompañamiento social y jurídico dirigido especialmente a personas inmigrantes que permanecen fuera de los recursos oficiales de acogida. Su actividad se centra en jóvenes y personas vulnerables que viven en la calle o en asentamientos improvisados, a quienes proporciona alimentos, agua, ropa y productos de primera necesidad. Sus voluntarios también realizan curas, prestan primeros auxilios y acompañan a personas inmigrantes que necesitan atención médica o información sobre su situación administrativa.

Sin embargo, el pasado 22 de octubre, agentes de la Guardia Civil registraron el espacio utilizado por No Name Kitchen en la zona de la Almadraba y otro inmueble del polígono industrial del Tarajal relacionado con las Brigadas de Apoyo Mutuo. La operación, autorizada judicialmente, se enmarcó en una investigación sobre la presunta distribución de espráis de pimienta y armas blancas y la posible incitación a utilizarlos contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Según las informaciones publicadas sobre las diligencias judiciales, los investigadores cuentan con declaraciones de testigos que aseguran haber recibido objetos de ese tipo y tratan de determinar quién se los habría proporcionado. Durante los registros se intervinieron dispositivos electrónicos y documentación para esclarecer los hechos, aunque la investigación sigue abierta. La operación se saldó con la detención de un hombre y una mujer, que quedaron posteriormente en libertad con medidas cautelares.

Tras el registro, No Name Kitchen difundió un comunicado en el que negó haber tenido en su poder armas, explosivos o espráis de gas pimienta y aseguró que los agentes no encontraron objetos ilícitos en sus instalaciones. La organización denunció además presuntas irregularidades durante la intervención, entre ellas la entrada forzada en el inmueble, la inmovilización de integrantes del equipo y la falta de entrega de un acta del registro y de un inventario firmado de los efectos intervenidos.

La entidad enmarca la operación en una «campaña de criminalización e intimidación» contra su trabajo en Ceuta y ha anunciado que recurrirá a la vía judicial frente a las actuaciones que considera injustificadas y contra las informaciones que, a su juicio, hayan difundido acusaciones falsas. También ha asegurado que mantendrá su actividad de asistencia humanitaria a personas inmigrantes.