El doble pucherazo de Sánchez en pleno luto por los muertos de los trenes de Urda

España entró a las cero horas del 29 de octubre en tres días de luto oficial por los muertos de los trenes de Urda. Al terminar aquella primera jornada, el balance ascendía a 69 fallecidos y solo cinco cadáveres habían sido identificados. Sesenta y cuatro cuerpos seguían sin nombre. Ese mismo día, el BOE publicó la operación necesaria para utilizar el carné de identidad digital en las elecciones generales del 29N.

El acuerdo había sido aprobado por el Consejo de Ministros el día 27, antes del accidente, y no existía ningún plazo legal que obligara a publicarlo precisamente el 29 de octubre. Tampoco era una reforma general de los servicios electorales de Correos: era una modificación hecha a medida de MiDNI para entregar y recoger los lectores QR, asegurar su trazabilidad y pagar una nueva tarifa por cada dispositivo.

El Gobierno podía haber esperado tres días. Decidió no hacerlo. Para el dolor nacional decretó luto oficial; para la cocina electoral, mantuvo intactas sus prisas, mientras contaban cadáveres, buscaban desaparecidos y trataban de identificar a las víctimas. Ahí quedó retratada su iniquidad: la urgencia que no mostró para reforzar la seguridad de la red ferroviaria la reservó para llegar al 29N con el DNI digital en las mesas.

El doble pucherazo... de manual

Un pucherazo moderno no necesita que nadie rellene una urna a escondidas. Se prepara mucho antes de que se abran los colegios. Basta con controlar las dos llaves del sistema: quién tiene derecho a votar y cómo se acredita que quien vota es realmente ese elector. La primera llave es el censo. La segunda, la identidad. Ambas cuelgan hoy del mismo llavero: el de las cocinas de Moncloa, con Pedro Sánchez al mando del fogón donde se guisa el puchero electoral.

Este es el doble pucherazo: primero se ensancha irregularmente el cuerpo electoral incorporándolo a circunscripciones clave y se pierde la trazabilidad de las altas; después se utiliza la identificación digital que ningún país europeo admite porque introduce vulnerabilidades en el sistema, incluso con QR.

La llave de la identidad

Es la llave que el Gobierno ha llevado al BOE en plena conmoción nacional. Tras las investigaciones de El Debate, la Junta Electoral Central suspendió el 26 de marzo MiDNI y miDGT para votar presencialmente o por correo hasta que se garantizase que la verificación de la identidad fuera «suficientemente segura». Interior había defendido ante el árbitro electoral que mostrar la fotografía, el nombre y los apellidos permitía a la mesa comprobar la identidad del elector sin leer el código QR.

Era falso. La propia Policía Nacional desmintió aquella tesis al explicar que la carátula con los datos de identidad tiene un carácter meramente informativo para su titular y no sirve para la identificación formal: el único medio válido es la lectura del código QR temporal generado y firmado por la Policía. Ahora el BOE reconoce de facto la falsedad de las garantías del modelo introducido por Marlaska. Si la simple pantalla hubiera bastado, no habría sido necesario movilizar a Correos, Interior, los ayuntamientos y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para repartir ahora lectores QR en las mesas.

El nuevo sistema depende del teléfono del votante, su batería, la conexión, los servidores policiales, la vigencia del QR y el funcionamiento del lector confiado a ciudadanos elegidos por sorteo. La modernización no puede consistir en sustituir una garantía sencilla por una cadena tecnológica más frágil a un mes de las urnas.

La llave del censo trampeado

La primera llave, la del censo, empezó a forzarse hace cuatro años. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática vinculó su principal supuesto de nacionalidad a los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio. Cinco días después, la instrucción del 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, hoy investigada, decidió que donde la ley había unido dos requisitos existían en realidad dos puertas distintas. Así permitió optar también a los descendientes de cualquier persona originariamente española sin necesidad general de acreditar el exilio.

No es solo la interpretación de quienes destapamos el escándalo. Cuatro vocales de la Junta Electoral dejaron escrito que, durante las deliberaciones, «la gran mayoría» de sus miembros consideró que la instrucción contenía disposiciones contrarias a la ley que pretendía desarrollar. Su voto particular atribuye a esa instrucción, y no a la ley, la causa directa del crecimiento irregular del censo. No erramos.

Cuando el Tribunal Supremo ordenó separar a quienes habían acreditado el exilio de quienes habían obtenido la nacionalidad mediante la interpretación expansiva, se constató que el Gobierno había construido una fábrica capaz de introducir electores, pero incapaz de reconstruir después por qué puerta había entrado cada uno. El Supremo tuvo que dar a Félix Bolaños y José Manuel Albares cinco días y amenazarles con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales para obtener una relación nominal. El plazo vencía el 28 de octubre, el día del accidente de Urda. El Gobierno terminó entregando 163.355 nombres. Solo 901 aparecían acompañados de la certificación consular exigida para mantener el derecho de voto. Justicia reconoció además que DICIREG había permitido extraer 76.600 nacionalizados y que la Oficina del Censo había localizado a 38.188 en el censo. La lista que durante semanas parecía imposible apareció cuando el Supremo puso fecha, hora y sanción.

En paralelo, Albares practicó una forma refinada y obscena de resistencia. Feijóo le acusó de «bordear la insumisión». Exteriores respondió que había comunicado los autos por telegrama a todos los consulados, pero no mostró el documento. El Debate comprobó que las oficinas consulares explicaban en sus redes cómo votar el 29N mientras las cautelares quedaban confinadas a los tablones físicos: solo veinte consulados las habían trasladado a sus páginas oficiales y solo uno las difundió en redes. No fue una rebelión abierta: fue cumplimiento formal y silencio material.

Las trampas del contador

Hay dos trampas más en el censo: la fecha y la segunda generación. El Gobierno sitúa el arranque del contador en las generales de 2023, cuando debería remontarse a noviembre de 2022, primer mes desde la entrada en vigor de la instrucción de Sofía Puente. Omite, además, a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por la instrucción mediante el denominado Anexo III. El Supremo ha abierto un trámite urgente para decidir si extiende las cautelares a esos hijos cuando su derecho derive de progenitores cuya propia inscripción electoral está suspendida. Si no se ha acreditado la puerta por la que entró el padre, ¿cómo puede darse por limpia la cadena electoral del hijo? Ya lo ven. Los muertos de Urda no detuvieron la cocina electoral de Sánchez. El puchero sigue a pleno fuego. Una operación de manual. De manual de resistencia.