Koldo García Izaguirre declara en el Supremo para exculparse y exculpar a Ábalos
El proyecto fue cofinanciado con Fondos Europeos
El Gobierno usó el estado de alarma para anunciar la renovación del AVE en Urda con una empresa que contrató a Koldo y que la UCO registró ayer
La Fiscalía Europea ha puesto el foco sobre las maniobras del Ministerio de Transportes en la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Sevilla donde, en los últimos diez meses, se han producido los dos siniestros de Adamuz (Córdoba) y Toledo
La constructora sevillana Grupo Azvi contrató en 2023 a Koldo García Izaguirre, el ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, como consultor para abrir negocios en Latinoamérica, con un sueldo de 6.000 euros al mes más un bonus del 0,75% de cada obra conseguida, como reconoció el propio presidente de la compañía, Manuel Contreras Cano, en el Supremo, durante el juicio del 'caso mascarillas'.
Si bien la empresa siempre ha asegurado que desconocía el perfil y los antecedentes de Koldo. Como, también que el monto total de las adjudicaciones de obra pública que recibió del Ministerio durante la etapa en que Ábalos fue ministro (2018-2021) –más de 160 millones de euros en contratos– responda a prácticas irregulares. Sin embargo, había algunos indicios en su actuación que llevaron a ponerla bajo escrutinio.
De hecho, sus instalaciones fueron registradas ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la pieza separada de la Audiencia Nacional que rastrea irregularidades en la adjudicación de varios contratos de Adif para la renovación de los «desvíos» de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, fue parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que participaron en los trabajos de mejora -entre otros, del tramo siniestrado de Urda- que el Gobierno anunció el día de la entrada en vigor del estado de alarma, el 16 de marzo de 2020, en lo peor de la pandemia.
Así las cosas, el magistrado Ismael Moreno, instructor de la causa que se sigue contra las presuntas 'mordidas' cobradas por el núcleo duro de Pedro Sánchez en el Partido Socialista y el Ministerio de Transportes, a través de diferentes proveedores de material sanitario y obra pública, ordenaba este jueves proceder al registro de Azvi, Adif-Alta Velocidad y Deplan Works, entre otras, en busca de expedientes relacionados con la trama que cobró y. supuestamente, después blanqueó el dinero.
Y, dado que el proyecto fue «cofinanciado», como anunció el propio Ejecutivo socialista, con Fondos Europeos (FEDER) que comprometen los intereses financieros de la UE, la Fiscalía comunitaria ya ha puesto en marcha dos investigaciones diferentes, ambas, abiertas de oficio. Es decir, sin que haya existido una denuncia previa.
La primera de ellas, al hilo del trágico accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida un total de 45 personas y decenas de ellas resultaron heridas, relativa a las partidas destinadas para el mantenimiento y mejora de la infraestructura de la vía, cuya «rotura franca», que permaneció hasta 22 horas sin que nadie la detectara, parece haber sido el origen de la desgracia. Esta segunda, sobre el posible «fraude» que afecta a los trabajos de renovación de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la misma línea ferroviaria.
Según ha explicado la propia Institución, las pesquisas que ha asumido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afectan al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas (TC) de España.
