Enrique López: «Al Poder Judicial español nunca le ha temblado el pulso frente a la corrupción de otros poderes»

Enrique López, (Cacabelos, León, 1983), es magistrado de la Audiencia Nacional y autor de numerosos libros en los que ha puesto su experiencia vital al servicio del ensayo y éste, a su vez, a los pies de la reflexión jurídica; pero, también, sus conocimientos judiciales, a lo largo de más de veinte años de profesión, como base para dar con las claves para construir una democracia mejor.

El destino ha querido, precisamente, que su último título «El estado del Estado» haya visto la luz en plena vorágine electoral. A la vez como diagnóstico de la enfermedad pero, también, como esperanza y receta de lo que nos une, en la fortaleza y la obligación de defender lo común.

- ¿Cuál es el estado de salud de España, en este momento?

- Evidentemente, hay una amplia preocupación por lo que está ocurriendo en España y por lo que ha ocurrido, pero no querría dejar de empezar afirmando que este país tiene los mimbres para salir de este cierto desorden institucional y volver a fortalecerse.

No debemos confundir la situación de un país y de sus instituciones con la concreta gestión que se ha hecho en un tiempo determinado. Sobre la gestión, los españoles van a tener la posibilidad valorarla este mismo mes. Si bien más allá de lo concreto, tenemos instituciones muy fuertes, de una democracia muy arraigada, a pesar de todo lo que pueda parecer, que ante los intentos de soslayarla, no se ha podido. Y, por tanto, no debemos estar tranquilos, sí esperanzados. España tiene presente y, sobre todo, mucho futuro.

- ¿Considera que ese futuro puede asegurarse revisando los mecanismos de control, los contrapesos, las protecciones adicionales?

- Bajo una teoría de ensayo y error, evidentemente, en este momento tenemos un buen diagnóstico para mejorar y reformar algunos aspectos de nuestras instituciones aunque, insisto, sin confundir los excesos del poder con la calidad de país. Un país puede tener leyes normales y, sin embargo, ser democráticamente excelente o al revés. Hay ejemplos, que no voy a poner, de legislaciones excelentes en países con una baja calidad democrática porque, al final, dependemos mucho de cómo se desenvuelvan nuestros responsables políticos.

¿Hay que reformar la Constitución para decir que si no se presentan Presupuestos, un Gobierno tiene que convocar elecciones? Creo que no es necesario. Lo que hace falta es que el Ejecutivo sea responsable y que, un año, pueda ser excepcional pero no una legislatura entera. O, ¿hay que establecer consecuencias penales o administrativas para los ministros que insultan a los jueces?. No, yo creo que va de suyo, ¿no?. ¿De verdad hace falta una ley que nos recuerde que esto no se debe hacer?. Esto lo da la cultura democrática.

Y, ahí sí, España necesita más educación y cultura democrática que implica moderación y contención para poder avanzar.

Las leyes no pueden conformar, ni determinar los valores éticos de una sociedad. Las leyes son mínimos que hay que cumplir, pero por encima de esos mínimos hay unos medios y máximos éticos que también nos obligan

- Usted sostiene que el juramento o la promesa constitucional obliga, íntegramente, a los representantes públicos no sólo desde un punto de vista jurídico sino ético...

-Las leyes no pueden conformar, ni determinar los valores éticos de una sociedad. Las leyes son mínimos que hay que cumplir, pero por encima de esos mínimos luego hay unos medios y máximos éticos que también hay que cumplir.

Evidentemente, el juramento constitucional o la promesa constitucional es una promesa incondicionada que supone acatar la Constitución incluso aunque no se acepte como tal.

Uno puede estar en contra del modelo constitucional vigente, pero si quiere entrar en el juego democrático tiene que aceptar las reglas del juego. Es muy sencillo: cumplir con las reglas del juego y respetarlas porque una democracia como la nuestra, que es una democracia procedimental, no militante, no nos obliga a, a creer en la Constitución, ni siquiera a compartir sus valores pero sí a respetarla, defenderla y cumplirla. En España, en los últimos años, hasta esto se ha puesto en cuestión.

- ¿Hasta el punto de que se han diluido las barreras éticas y morales en el ejercicio del poder político, en algunos casos, de manera peligrosa y muy preocupante?

- Sí, como sostiene Kant, ha habido mucha astucia política, muchísima. separada de la justicia. Y yo, que he sido político y no reniego de ello sino que, al contrario, me siento muy orgullosos de haberlo sido durante un tiempo muy limitado, entiendo la política como servicio a los ciudadanos.

Los políticos están para solucionar los problemas de sus conciudadanos, no para generárselos y crearles inquietudes.

Un político no puede estar, permanentemente, provocando debates públicos sobre aspectos morales o éticos, como ha sucedido en este país en los últimos años, al respecto, por ejemplo, de qué es España. Eso agota a una sociedad que no puede, ni quiere, estar en eso. Toca recuperar la normalidad y la tranquilidad y es básico hacerlo desde la idea de una España diversa en la que el mínimo común denominador que es nuestro, no esté en cuestión.

- ¿Cree que la sociedad española, que sufre una fuerte polarización, recuperará ese espíritu más pronto que tarde?

- La sociedad española está muy por encima de sus responsables políticos aunque algunos de ellos crean que no. La media española es una media muy responsable y cumplidora, aunque en los últimos años se haya abandonado el ejercicio del pensamiento crítico por la aceptación del relato de quienes aspiran a imponer una democracia de la emoción y no de la razón.

Es ese caldo de cultivo hay gente que se encuentra muy a gusto porque son auténticos dueños de la narrativa. El mythos que los griegos superaron por el logos, del pensamiento racional. Tenemos que reivindicar el espíritu crítico de los ciudadanos con sus políticos y que exijan instituciones dedicadas al ejercicio de la cosa común. Y, para ello, es esencial la educación. Una vuelta al fomento de la responsabilidad, del esfuerzo, en el que las notas sirvan para algo, en la que a los niños se les enseñe que tienen que esforzarse para, en el futuro, poder defenderse de los mensajes vacíos.

- En esa tarea de recuperar la razón frente a la barbarie, como parte de una cierta occidentalidad perdida, ¿tiene también España que recuperar su posición en el mundo, su política exterior?

- España ha tenido unos derroteros en política internacional bastante extraños que nos han colocado en una situación en la que somos poco predecibles y poco seguros. Como formamos parte de una comunidad más amplia, debemos tener claro cuál es la nuestra y los socios preferentes. Es decir, los países con los que tenemos aspectos en común y cuyas prioridades compartidas han de estar claras.

Esto nos coloca, por supuesto, en la Unión Europea, en el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del lado de las democracias liberales. Es innegable que China, por ejemplo, es una potencia mundial, ¿eso nos obliga a estar de su lado aún a sabiendas de que dista mucho de ser una democracia?. No, nos obliga a entender que es un país poderoso con el que no compartimos problemas como los de nuestras democracias 'hermanas'.

- ¿Qué más cimientos han de reforzarse en la España que viene?

- Lo primero que tiene que hacer España es reconciliarse consigo misma y dejar a un lado esa constante de plantearnos qué somos. Esto nos obliga a reconocer nuestro pasado, como potencia muy importante en la historia del mundo que hemos sido y volveremos a ser si elegimos bien dónde estar.

Además, toca restaurar la credibilidad de los servicios públicos denostados, en este momento, por la falta de una gestión adecuada. España tiene infraestructuras que hay que mejorar y mucho, como se está viendo, pero cuenta con lo más importante, unos ciudadanos cumplidores que reclaman una buena mano directora que nos ayude a alcanzar esos objetivos que están al alcance de la mano si lo hacemos bien.

- Una sociedad de ciudadanos cumplidores y de políticos que no lo han sido tanto, si miramos a las causas de corrupción que se están investigando y que han puesto en jaque los recursos públicos. ¿Cómo puede sanar esto a futuro?

- España es un país que ha reaccionado bien y de forma eficaz frente a la corrupción. Ahí están todas las condenas que se han producido, con independencia de las siglas partidistas, para muchos responsables públicos. Al Poder Judicial español nunca le ha temblado el pulso frente a la corrupción de los poderosos. Hay que mejorar más en transparencia para dar un paso más y asegurarnos de que lo que está en los portales públicos es lo que realmente se está haciendo. Es imprescindible, ya no tratar, prevenir de manera eficaz y la educación en valores es clave para lograrlo. Enseñar a un niño que copiar, por ejemplo, es un acto de corrupción que, a su nivel, juega en contra del principio de igualdad de oportunidades, nos permitirá formar a ciudadanos que no solo no vayan a ser corruptos, sino que además exijan que no los haya y que, además, denuncien las prácticas indebidas allá donde las vean.

Para ello, dentro de las Administraciones, más allá de un primer nivel de toma política de decisiones, sólo debería haber técnicos, responsables, especialistas y no miembros del partido de turno o seleccionados por afinidad política. Las instituciones tienen que funcionar solas y con los mejores, gobierne quien gobierne.

El próximo Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse, sí o sí, bajo los parámetros de independencia que nos dimos en la Constitución. Que los jueces sean elegidos por los jueces

- ¿También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), me veo obligada a preguntarle?

- Yo no logro comprender cómo todavía existe una discusión a este respecto. Cómo hay fuerzas políticas que discuten el modelo de la independencia cuando nos los está imponiendo Europa y es el generalizado en la mayoría de los países miembros.

Tenemos que avanzar, sin lugar a dudas, hacia el Consejo General del Poder Judicial, en el que los jueces sean elegidos por jueces y los juristas por el Parlamento. El modelo que nos dimos en nuestra Constitución, hace más de cuarenta años. Ha llegado el momento de recuperarlo sí o sí, de manera urgente. El próximo Consejo no puede renovarse con otros parámetros que no sean éste.

- ¿Y qué me dice de la soledad de los jueces, parte de su independencia, y del señalamiento al que algunos de ellos han sido sometidos, con nombre y apellidos, en los últimos tiempos?

- En los últimos años hemos visto cosas sobre los jueces que no se habían visto en España, ni en casi ningún país democrático, y que esperemos que nunca más se vuelvan a ver de nuevo. Hemos visto cómo miembros del Poder Ejecutivo, con muy poco esfuerzo intelectual, han salido a insultar, cuestionar o deslegitimar a jueces solo porque las decisiones judiciales que habían adoptado no les gustaban o no eran propicias para sus intereses.

Esto no significa que las sentencias no pueden ser criticadas, por supuesto que sí, y además deben serlo en una democracia, pero con razones técnicas o por lo menos unas valoraciones mínimamente objetivas. Nunca desde la exclusiva desconsideración y deslegitimación de quienes las dictan. No había precedentes y, por supuesto, no puede haber subsiguientes.

- Esto exige un importante ejercicio de memoria colectiva y, sin embargo, usted es crítico con las leyes de Memoria Histórica.

- No se ha seguido un buen camino con las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática porque tratan de fosilizar una versión de la historia que, en sí misma, es una ciencia social que hay que dejar en manos de los historiadores, como expertos. Cada uno puede forjarse su opinión al respecto de los procesos históricos que hemos vivido en España, pero los poderes públicos no pueden confeccionar un relato histórico interesado y partidista, ni reescribir la historia desde el punto de vista de su propia opción política.

Por supuesto, hay que estudiar, conocer y aprender de ello para no cometer los mismos errores. Sobre todo, para que no vuelvan a repetirse episodios tan gravosos como los que se produjeron, concretamente, en la Segunda República. Ya está bien de enrocarnos en procesos españoles que ya están más que superados y con los que, el verdadero objetivo, se trata de cuestionar el pacto democrático del año 78.

Porque junto a la reescritura de nuestra historia democrática. que se ha mal llamado así, se ha producido en paralelo una desvaloración del pacto social, político y constitucional de la Transición que hay que reivindicar como proceso.

- ¿Tienen usted la sensación de que quienes se afanan en reflotar ciertos episodios históricos son los mismos que se esfuerzan por negar otros más recientes, como el terrorismo, por ejemplo?

- Sí. El terrorismo, concretamente el terrorismo etarra, el que más años hemos padecido en España, es un terrorismo en el que no había bandos por mucho que algunos pretendan hacernos ver que era así. ETA era una banda armada de criminales que imponían el terror en una sociedad que padecía sus actos atroces. Esto es lo que no hay que olvidar nunca, el recuerdo de lo vivido que algunos niegan que ocurriese así. Se lo debemos a la víctimas porque son, realmente, el nervio democrático de nuestra sociedad actual. Ellas no formaron parte de ningún bando. Fueron personas asesinadas, heridas, extorsionadas u obligadas a exiliarse, en su propio país, porque había unos criminales que no aceptaban las reglas del juego político.

Las víctimas del terrorismo son y, siempre, serán víctimas del terrorismo. No olvidarlas no significa, en absoluto, hacer uso partidista de su dolor, significa no permitir que se las degrade o se las humille. Parece mentira que haya que recordar esto tan a menudo. Por eso, yo reivindico que frente a los enaltecimientos de etarras, para los que la respuesta penal es limitada, se prevean sanciones administrativas, con multas elevadas para poner fin a estas prácticas.

- Nos queda la prensa, como cuarto poder, y el papel de control al resto de los poderes del Estado. ¿Cree que el derecho a la información está amenazado?

- Se han dado intentos de controlar y condicionar el ejercicio de la libertad de prensa, básico en una democracia. Por ello hay que contar con sistemas jurídicos que permitan trabajar a los medios de comunicación para fomentar el pluralismo y la competencia. Y, de nuevo, insistir en el fortalecimiento de la cultura democrática y el pensamiento crítico que permitan a los lectores, por extensión ciudadanos, distinguir conceptos tan distintos como la información, de la opinión.

El impacto de las redes sociales como sustitutos de los medios de prensa tradicional, también está teniendo sus consecuencias, no siempre positivas. Al igual que lo negativo del abuso del lenguaje que la política ha usado de manera perversa para darle un significado distinto del que tiene o apropiarse, en exclusiva, de conceptos que son transversales.

Las víctimas del terrorismo son y, siempre, serán víctimas del terrorismo. No olvidarlas no significa, en absoluto, hacer uso partidista de su dolor, significa no permitir que se las humille. Parece mentira que haya que recordar esto tan a menudo

Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la justicia social en el libro y aquí hay algunos, fuerzas políticas, que creen que son los héroes de la justicia social y sólo hay justicia social cuando gobiernan ellos, cuando gobiernan otros no. Sin embargo, la justicia social la garantiza la Constitución. La justicia social la garantizan el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades que todos tenemos que pagar, cada uno en función de nuestra actividad. Porque España es un país solidario, primero, por obligación.

Y como pagamos muchos impuestos, eso conlleva una responsabilidad que es la forma de invertir esos recursos de manera responsable y adecuada, no irresponsable y manifiestamente inadecuada. Por eso la justicia social no es un concepto que pueda atribuirse alguien partidistamente. No, en absoluto. Está recogida en nuestra Constitución y es algo que todos tenemos muy arraigado en España.

Lo mismo en la defensa de la unidad de España, otro concepto que no hay que acaparar. Se puede defender la unidad de España de muchas formas. No sólo creyendo en aspectos básicos de la unidad sino, también, desde su diversidad. Que es un concepto que, también, está arraigado en nuestra Constitución,

- ¿Cómo valoraría usted, precisamente como magistrado la última reforma 'a la contra' de la Justicia y de sus profesionales? ¿Qué cree que se ha quedado pendiente, si es que se ha quedado algo en la conocida como 'ley Bolaños'?

- Nuestra Justicia reclamaba una reforma mucho más profunda de la que se ha producido porque, sobre todo, tenemos un gran problema de organización. De recursos, sí, porque hacen falta más jueces y magistrados, a los que por cierto no podemos reclutar masivamente, de repente, y de cualquier manera.

Así que tenemos que reorganizarlo todo mejor y la reforma del año 2025, cuya filosofía de base comparto, se ha ejecutado de una manera bastante errónea. Prueba de ello es que, ahora mismo, tenemos asuntos que irán a juicio en 2029 e, incluso, en 2030. Esto es, sencillamente, una barbaridad.