Las causas judiciales de corrupción asfixian al Gobierno pese a los cálculos electorales de Sánchez

No ha habido ni un solo día desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral del 29-N, el pasado 5 de octubre en el que la justicia no haya notificado avances en las causas que asfixian al PSOE, el Gobierno y figuras históricas del socialismo como José Luis Rodríguez Zapatero. La derivada penal que cerca, cada vez más, tanto a Ferraz como a La Moncloa ha proporcionado varios reveses en tribunales y órganos electorales en las últimas semanas, lejos de haberse paralizado, como suele ser costumbre, en período de comicios, en la notificación de decisiones relevantes,

Así las cosas, la corrupción del Ministerio de Transportes, las maniobras de las 'cloacas', las entradas y registros policiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que persigue las 'mordidas' o las resoluciones relativas al censo de la 'ley de nietos', no han dado tregua a Sánchez y los suyos que han visto cómo pese a la proximidad de las urnas no se han ralentizado ninguna de las diligencias sensibles.

Un escenario desfavorable para el PSOE que complica el horizonte legal de la formación, al borde de la imputación por financiación irregular, en plena precampaña y campaña.

Uno de los primeros varapalos afectó a la llamada «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática) y al censo electoral de residentes en el extranjero (CERA). El 12 de octubre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelarísimas solicitadas por Iustitia Europa y Vox. Mantuvieron la suspensión provisional de los efectos electorales para cerca de 170.000 personas nacionalizadas por esta vía, priorizando la veracidad del censo y exigiendo acreditación estricta de la condición de descendientes de exiliados. Días después, el 21 de octubre, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por prematuro. El Supremo requirió además a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares la relación nominal de afectados, con advertencia de multas coercitivas. Estas decisiones paralizan parcialmente el voto de ese colectivo y constituyen un revés claro a una iniciativa del Gobierno que el PSOE había impulsado como medida de reparación histórica.

Sin embargo, el caso que más ha salpicado al socialismo y su considerado faro moral, son los avances del juez José Luis Calama contra el ex presidente Zapatero, en el marco de Plus Ultra. Cabe recordar que Moreno investiga al histórico de Ferraz, en la Audiencia Nacional, desde mayo de 2026, por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal en relación con el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea, en 2021, durante la pandemia.

La investigación, iniciada tras información de autoridades suizas y francesas sobre capitales opacos de origen venezolano, sitúa a Zapatero como supuesto líder de una estructura que canalizó pagos a través de sociedades y de su entorno (incluido el empresario Julio Martínez). En el registro de su despacho se hallaron joyas valoradas en torno a 1,3 millones de euros. El 21-23 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción propuso ampliar la imputación por malversación agravada, argumentando que, de ser ciertas las declaraciones de Zapatero (regalo del rey de Arabia Saudí en 2007), no las entregó a Patrimonio del Estado al dejar el cargo en 2012, a diferencia de otros obsequios. El 6 de noviembre, Calama rechazó esa ampliación: la Ley de Transparencia de 2013 y el Código de Buen Gobierno de 2005 no tenían rango suficiente para convertir los regalos en patrimonio público de forma automática en 2007, por lo que faltaba un elemento del tipo penal. Mantuvo abierta la pieza por delito fiscal, contrabando y el origen de las joyas (la UDEF investiga posibles procedencias en Asia). También paralizó inspecciones de Hacienda sobre Zapatero, su familia y sociedades vinculadas. El expresidente, que fue un activo en la campaña de 2023, permanece investigado y sus hijas están citadas para el 30 de noviembre, un día después de las elecciones.

Otras causas que siguen salpicando al PSOE y al entorno gubernamental avanzan con hitos negativos. En el caso Mascarillas (o Koldo/Ábalos), el Tribunal Supremo confirmó en octubre la condena firme de 24 años de prisión a José Luis Ábalos (exministro de Transportes y exsecretario de Organización) y 19 años a Koldo García por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en contratos de material sanitario durante la pandemia. El empresario Víctor de Aldama recibió una pena menor por colaboración.

La Audiencia Nacional mantiene ramas abiertas sobre obras públicas y una pieza secreta sobre posibles descuadres contables y financiación del PSOE en efectivo. En el caso Leire Díez («cloacas»), el juez Santiago Pedraz investiga una presunta estructura para entorpecer causas que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Sánchez; imputados incluyen a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE. Se han requerido contratos de abogados y consultoras del partido.

Por su parte, la Junta Electoral Central ha abierto expedientes sancionadores a Sánchez por la rueda de prensa del 6 de octubre en Moncloa (uso partidista de recursos institucionales para pedir «mayoría más rotunda») y por un vídeo ante el Guernica en el Reina Sofía, sumándose a multas previas.

En conjunto, desde la convocatoria del 29-N, los reveses se han concentrado en la suspensión de efectos de la ley de nietos, el avance de la causa Zapatero (con el intento fallido de ampliar a malversación por las joyas) y la consolidación de condenas y investigaciones en las tramas de mascarillas, cloacas y entorno familiar. Aunque la presunción de inocencia rige en los procedimientos abiertos y algunas diligencias se ralentizan por el periodo electoral, el calendario judicial —con citaciones y posibles informes de la UCO pendientes— mantiene una presión constante sobre el PSOE y el Gobierno en la recta final hacia el 29 de noviembre.