Deniega las medidas cautelares  El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ‘Ley de Nietos’, según ha informado el Supremo. De esta forma, rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, tras más de una semana de deliberaciones que no han sido sencillas y en las que ha sido imposible alcanzar la unanimidad del Pleno. No obstante, la posición, abrumadoramente mayoritaria, considera que ni es viable retirar del censo a los hijos de los españoles que obtuvieron su condición, al hilo de la instrucción -posiblemente ilegal- dictada por Sofía Puente, a menos de 20 días de las elecciones generales.

Es por ello que la decisión, a la que ha tenido acceso EL Debate a través de los dos autos dictados por el Alto Tribunal, cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado; y, el voto particular concurrente de una magistrada (que coincide con la denegación acordada pero discrepa de alguna de las argumentaciones planteadas para hacerlo).

Por otro lado, la misma Sección ha rechazado las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares. Dichas entidades se han personado en los procedimientos en calidad de codemandados, contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal en los autos del pasado 10 de septiembre y 12 de octubre en relación a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’, que se mantienen en su integridad. Esta segunda decisión cuenta con el voto particular de una magistrada.

Cabe recordar que, en este asunto, la Sala Tercera ha seguido el criterio de la Abogacía del Estado quien, en nombre del Gobierno, se mostró en contra de las peticiones formuladas tanto por Vox, como por Iustitia Europa, personadas en el procedimiento que ha dado origen a la suspensión parcial del censo. Los letrados públicos consideraron que las alegaciones de ambos partidos no resultaban «conformes», ni «ajustadas a derecho».