El INE reconoce que el padrón conserva miles de fallecidos y no aclara si siguen en el censo electoral

A diecinueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconoce por escrito un hecho inquietante que adquiere especial relevancia ante el regreso del DNI digital a las urnas: el padrón municipal conserva registros de personas que fallecieron incluso hace décadas y nunca fueron dadas de baja.

El reconocimiento es explícito y figura en la metodología del Censo Anual de Población, fechada en abril de 2026. El INE admite que el padrón conserva «registros residuales que corresponden a población fallecida pero no eliminada del fichero» y que el problema «puede significar algunos miles de registros». Los considera «residuos» de un procedimiento que no puede ser perfecto». Y precisa: «Este es el caso de personas que fallecieron, incluso hace décadas y que nunca se borraron».

El INE atribuye el problema fundamentalmente a errores en las certificaciones de defunción que impiden tramitar correctamente las bajas. Reconoce además que «resulta bastante indetectable y solo aflora en esas edades más avanzadas» y considera que su impacto estadístico es muy pequeño.

Lo que resulta insignificante en una estadística de población puede tener consecuencias muy distintas en unas elecciones generales. Si esas inscripciones de personas fallecidas permanecieran activas en el censo electoral y alguien consiguiera utilizarlas mediante una suplantación de identidad, incluso un número reducido de votos podría resultar decisivo en una circunscripción con resultados ajustados. La cuestión no es únicamente cuántos fallecidos conserva el padrón, sino cuántos podrían seguir figurando en las listas electorales y qué garantías impiden que alguien vote en su nombre.

5.228 registros excluidos, pero ¿borrados del padrón?

El INE ha desarrollado un procedimiento para impedir que esos registros distorsionen sus estadísticas.

La metodología del censo de 2021, página 22, explica que se excluyen del fichero estadístico los registros de mayores de 99 años que no pueden enlazarse con las bases de pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social o con información tributaria, por considerarse altamente improbable que correspondan a personas vivas. En 2021, esa operación excluyó 5.228 registros procedentes de la base padronal.

No significa que el INE haya acreditado otros tantos fallecimientos, sino que identificó registros de supuestos centenarios cuya existencia no pudo respaldar mediante esas comprobaciones administrativas. Pero el censo estadístico de población y el censo electoral son registros distintos. Las metodologías examinadas no aclaran si esas exclusiones se comunican a los ayuntamientos para corregir el padrón o a la Oficina del Censo Electoral (OCE) para comprobar las inscripciones electorales.

Elena Manzanera y la trazabilidad que no era tal

La Oficina del Censo Electoral (OCE), integrada en el INE que preside Elena Manzanera, aseguró a la Junta Electoral Central el 10 de julio de 2026 que disponía de una «trazabilidad completa de todos los movimientos e intercambios» del CERA. Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo exigió identificar a los nacionalizados por la ley de nietos afectados por sus medidas cautelares, la OCE reconoció que los ficheros remitidos por los consulados no permitían conocer por qué procedimiento había adquirido la nacionalidad cada elector.

Transcurrieron 102 días entre el informe del 10 de julio y el reconocimiento del 20 de octubre. La OCE tuvo que solicitar a Exteriores una información que no figuraba en sus propios ficheros.

12.567 envíos electorales devueltos por «fallecido»

La investigación de El Debate destapó otro agujero en la depuración del censo electoral de los españoles residentes en el extranjero. El informe conjunto de Interior, Exteriores y la OCE sobre las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024, firmado por la directora general de Política Interior, Carmen López García, contiene una cifra especialmente significativa.

Contabiliza 12.567 envíos de documentación electoral devueltos con la causa «fallecido» durante las europeas de 2024. Argentina encabeza las devoluciones con 7.094; Cuba registra 1.959; Uruguay, 990, y México, 709. Los cuatro países concentran 10.752 incidencias, el 85,6 % del total.

El anexo recoge además 475.649 devoluciones por diferentes causas, equivalentes al 20,89 % de los 2.276.817 electores incluidos en su cuadro. El cuerpo del informe cifra, sin embargo, el CERA total de aquellas elecciones en 2.422.716 electores, sin explicar expresamente la diferencia.

El Gobierno admite que las incidencias persisten

Interior, Exteriores y la OCE reconocen que los listados de documentación devuelta han servido para nuevas depuraciones censales. Pero admiten también que, cuando resulta imposible contactar con los electores, no pueden actualizar sus datos ni tramitar determinadas bajas en el Registro de Matrícula Consular y en el censo.

El propio documento advierte de que el problema persiste de unas elecciones a otras. La indicación postal «fallecido» no equivale a una certificación oficial de defunción ni demuestra que alguien haya votado fraudulentamente. Pero constituye una incidencia que requiere comprobación. El informe no especifica cuántos de aquellos 12.567 casos fueron verificados, cuántos provocaron bajas y cuántos continuaban pendientes antes del cierre censal del 1 de agosto de 2026.

Las dos garantías del 29-N

El Gobierno tuvo cinco años para desarrollar un DNI digital reconocido en Europa y no lo hizo. Ahora insiste en introducir MiDNI en las urnas del 29-N, pese a que no cuenta con reconocimiento europeo como documento transfronterizo y a que la Junta Electoral Central suspendió su utilización electoral tras la investigación de El Debate sobre la grieta de seguridad introducida por el propio Ejecutivo.

El INE publicó un censo de 38.728.356 electores para las elecciones generales, cifra que incluye a los afectados por la suspensión cautelar del voto acordada por el Tribunal Supremo en relación con la ley de nietos. Por tanto, no equivale necesariamente al número definitivo de personas habilitadas para votar.

El Supremo mantiene abierto el frente del DNI digital

La identificación final de los votantes sigue pendiente de una decisión judicial. Este 10 de noviembre, el Supremo ha rechazado suspender de manera cautelarísima el uso de MiDNI para votar el 29-N, como solicitó Iustitia Europa tras la investigación de El Debate, pero ha decidido estudiar su paralización por la vía cautelar ordinaria. La Sala ha dado a la Junta Electoral Central hasta el viernes 13 de noviembre, a las 15.00 horas, para personarse y presentar alegaciones.

La JEC había levantado el 5 de noviembre la suspensión del DNI digital después de que Interior garantizara dispositivos capaces de verificar los códigos QR en las mesas electorales. La decisión del Supremo no avala definitivamente la seguridad del sistema: únicamente rechaza paralizarlo sin escuchar previamente a las partes. Por ahora, MiDNI continúa autorizado.

El alto tribunal ha abierto también otro trámite de alegaciones sobre la petición de Iustitia Europa de revisar las inscripciones de nacionalizados por la ley de nietos que trasladaron su residencia a España y pasaron del CERA al CER. En este segundo asunto también ha rechazado la suspensión cautelarísimas sin cerrar el examen de las medidas cautelares.

A menos de tres semanas de las elecciones, el Supremo sigue examinando las dos cuestiones que confluyen en esta investigación: la composición del censo electoral y las garantías de identificación de quienes acuden a votar. A ellas se suma cuántos de los registros de fallecidos que reconoce conservar el padrón permanecen activos en las listas electorales, según reconoce el propio INE y la sorprendente insistencia del Gobierno por volver a introducir en las urnas su aplicación que Europa no reconoce.