250 opositoras a policía nacional denuncian a Interior por discriminarlas por ser mujeres

Un grupo de 250 opositoras a policía nacional ha denunciado al Ministerio del Interior por haberse supuestamente «inventado» una operativa tendente a discriminarlas por razón de sexo al aplicarlas «un doble filtro físico». El despacho de abogados Suárez-Valdés, que se ha hecho cargo de este litigio, sostiene en un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, que la discriminación «consta estadísticamente acreditada».

Según el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ese doble filtro consistía en, primero separarlas en las pruebas de los hombres, aplicando políticas de discriminación positiva, para a continuación, a través de un sumatorio que las recurrentes consideran inconstitucional, volver a compararlas físicamente con los hombres «y destruir esas políticas de acceso a la policía de la mujer». Las opositoras que denuncian estos hechos se presentaron a la convocatoria que se publicó el 31 de julio de 2025.

La discriminación comienza, señala el despacho, cuando el tribunal de selección estableció una reducción de la nota de corte en la prueba psicotécnica, estableciéndola en 4,75 puntos, lo que consideran «arbitrario, contrario a las bases de la convocatoria, vulnerador de los derechos constitucionales de esta parte y establecido en perjuicio de la parte actora».

Dicha arbitrariedad manifiesta –prosigue el comunicado– provocó que, en contra de lo específicamente establecido en las bases de la convocatoria, el Tribunal del proceso selectivo declarara que habían superad la prueba psicotécnica «un número de opositores muy superior al de plazas convocadas, todo ello con vulneración del principio de legalidad».

La discriminación se produce, según el recurso, porque «al aplicar el sumatorio de pruebas físicas y de conocimiento en la forma que lo hace, excluye a un porcentaje de mujeres mayor que el de hombres, pese a resultar mucho menor el porcentaje de las mismas que concurren a la oposición y que superan el mismo, con respecto a los hombres, como muestran de forma evidente los números arrojados en la declaración de no aptos».

Explican que, «por una cuestión puramente genética, un número proporcionalmente mayor de mujeres que de hombres que han superado todas las pruebas de la oposición tiene una nota inferior a la de los hombres en las pruebas físicas, de modo que esto las penaliza sistemáticamente en un sumatorio que se convierte en inconstitucional por dicho motivo».

En el expediente consta acreditado que, con la interpretación de las bases efectuada por Interior, las mujeres sufren una evidente discriminación frente a sus compañeros de oposición hombres, en lo que se refiere a la admisión al curso para el ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional.

En la relación de no aptos en el sumatorio, apunta, aparecen 429 aspirantes totales declarados no aptos, de los que 194 son hombres (45,22 %) y 235 son mujeres (54,78 %).

De este modo, las mujeres, pese a concurrir a la oposición en un porcentaje minoritario, son mayoritariamente descartadas de las plazas finalmente asignadas en relación a los hombres tras el sumatorio. Ello, «en virtud de la práctica que la demandada pretende implementar con su interpretación de las bases y por la que se las discrimina por sus condiciones físicas y su naturaleza de mujer, al imponerlas un doble filtro físico».