El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento autonómico
Andalucía
La izquierda trata de arrinconar a Moreno por el supuesto «desvío» de 117 millones a la sanidad privada
Piden explicaciones al presidente andaluz por contratos adjudicados «a dedo» a clínicas privadas valiéndose de un decreto covid ya derogado
Salud indica que esta contratación está amparada por la ley y se ha realizado con «todas las garantías de transparencia»
La izquierda andaluza ha iniciado una ofensiva contra el Gobierno de Juanma Moreno a cuenta de la supuesta «privatización» de la sanidad pública que éste estaría llevando a cabo. La última acometida izquierdista se ha producido a raíz de una información publicada por eldiario.es en la que se afirma que el Ejecutivo autonómico adjudicó «a dedo» contratos por al menos 117 millones de euros a clínicas privadas valiéndose de un decreto aprobado por el covid y ya derogado.
El PSOE ha exigido explicaciones al presidente de la Junta por el supuesto «desvío» –así lo ha calificado– de estos fondos públicos a la sanidad de pago. Desde este partido reclaman a Moreno que «informe urgentemente de este monumental desvío de fondos públicos en su gobierno» y que, además, «asuma responsabilidades al más alto nivel».
El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, sostenía este lunes que la noticia «respalda» lo que desde su formación viene diciendo desde «hace meses», y es que el Gobierno de Moreno «está derivando de manera creciente recursos públicos a la sanidad privada, y hoy conocemos, a través de la información publicada, que lo está haciendo a través de un procedimiento al margen de la legalidad», alertaba.
En este sentido, Espadas destacaba que, «en mayo de 2021, se cerró la posibilidad de hacer contratos de emergencia o adjudicaciones directas porque la pandemia había finalizado, y, sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue y lleva más de año y medio haciendo esas adjudicaciones directas, esos contratos a dedo que claramente están beneficiando a unas compañías privadas y perjudicando, claramente, la concurrencia, la competencia y a otras empresas».
«Esto, evidentemente, es todo menos transparente; es opaco», sentenciaba el líder de los socialistas andaluces, que por ello exige al Ejecutivo autonómico que «informe sobre los contratos, sobre las adjudicaciones y todas estas cuestiones en sede parlamentaria, porque, sin duda, estamos hablando de una cuantía superior a los 100 millones de euros, y nos parece sumamente grave».
Al respecto, el Grupo Socialista ha preparado una batería de peticiones de información en el Parlamento de Andalucía «para saber exactamente quién hay detrás de esas adjudicaciones y cuál es la justificación que se da para algo que está al margen de los procedimientos legales», con «fórmulas de contratación» que «han seguido llevándose a cabo sin respaldo legal durante un año y medio».
«Posible corrupción»
Desde Por Andalucía van más allá y hablan ya de corrupción. En concreto, Izquierda Unida –miembro de la coalición– ha pedido «toda la documentación necesaria» sobre los contratos firmados por el Gobierno andaluz con la sanidad conforme a la legislación contractual vigente durante la pandemia. Desde IU la estudiarán «en detalle» por si los contratos referidos en la información de eldiario.es supusieran un caso de corrupción.
«Las derivaciones a la sanidad privada en Andalucía están fuera de control. Moreno Bonilla ha podido hacer un uso fraudulento de la legislación Covid, incluso tras su derogación, para eludir los procedimientos ordinarios. Esto es muy grave», expresaba su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto (IU), este lunes a través de Twitter.
«Además del problema legal, ante lo que es un posible caso de corrupción del Gobierno de Moreno Bonilla, en Andalucía tenemos un problema político de primer nivel. Ningún gobierno ni partido se había atrevido antes a tanto. Están desmantelando el sistema público de salud», añadía Nieto al respecto por el mismo medio.
Asimismo, el portavoz adjunto de Por Andalucía y representante de Podemos, Juan Antonio Delgado, pedía al presidente de la Junta que acuda «de forma urgente y a iniciativa propia» al Parlamento autonómico para «dar todas las explicaciones ante unas acusaciones tan graves en un medio de comunicación», y abría la puerta a «denunciar» ante la Justicia este caso.
Por su parte, Adelante Andalucía –formación de Teresa Rodríguez– insta a la consejera de Salud, Catalina García, a aclarar este asunto en el próximo pleno del Parlamento andaluz. «No sólo privatizan la sanidad poco a poco como estamos viendo en la últimas semanas, sino que además lo están adjudicando sin pasar por concurso público, a dedo, a empresas que veremos cuáles son las relaciones que tienen con la Consejería de Salud, con la consejera y con el Gobierno de Moreno Bonilla», manifestaba su portavoz parlamentario, José Ignacio García.
Amparada por la ley
Desde la Consejería de Salud explican que hay que diferenciar el concepto de estado de alarma y el de crisis sanitaria en relación con estos contratos, pues la situación ocasionada por el covid «aún persiste en el SAS y sostiene medidas de este tipo, amparadas por el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público» (LCSP).
Esta contratación, aparte de estar amparada por la ley, se ha realizado con «todas las garantías de transparencia», habida cuenta de que toda la documentación está publicada en el Perfil del Contratante. Tanto es así que, según apuntaba, además, la propia consejera de Salud este lunes a preguntas de los periodistas en Granada, «todo el mundo puede ver» qué contrataciones «se han hecho en todas las provincias».
Se trataba de activar «un sistema que permitiera cumplir los plazos de decreto para que los andaluces fueran diagnosticados y operados en tiempo y forma». Según García, «cualquier Gobierno hubiese hecho lo mismo en una situación en una situación de pandemia extraordinaria y en la que el SAS estaba desbordado y era imposible dar esa atención».
Pacto con patronal y sindicatos
Mientras tanto, Juanma Moreno se comprometía con la patronal y los sindicatos UGT y CC. OO. a destinar un mínimo de 3.370 millones de euros a la atención primaria en cada proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma, más de un tercio del «escudo social» de casi 9.000 millones que supone el 'Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía' firmado este lunes.
Además, en este «pacto de pactos», como lo definió el presidente de la Junta, se acuerda como medida urgente «concretar un pacto andaluz por la Atención Primaria de forma que siente las bases para reforzar este nivel asistencial y corregir el desequilibrio tradicional del presupuesto sanitario sosteniendo un esfuerzo para que al menos el 25 % del presupuesto del sistema sanitario público de Andalucía se destine a la atención primaria, garantizando con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la atención primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos».
Así respondía el presidente de la Junta de Andalucía a las acusaciones de «privatización» de la sanidad y, en concreto, de la atención primaria que le han venido recientemente de la izquierda a cuenta de la orden de tarifación de convenios y conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades privadas, en la que se ha incluido la atención primaria y que se rectificó hace unos días para precisar que sólo se recurrirá a la colaboración privada «en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias».
Sin embargo, la izquierda ha encontrado un nuevo filón, con el que trata de arrinconar a Juanma Moreno a poco más de dos meses de unas elecciones municipales (y autonómicas, aunque no en Andalucía) que se presentan como la primera vuelta de las generales de este mismo año.
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