El hijo del ministro Planas, el segundo por la izquierda, junto a Pedro Sánchez
Bruselas niega la implicación del hijo del ministro Planas en el expediente de la UE sobre Doñana
La Comisión Europea asegura que actúa como «guardián imparcial» en la polémica creado en torno al plan de regadíos del Condado de Huelva
La Comisión Europea ha desmentido este viernes la implicación del hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, asesor en la Dirección General de Medio Ambiente, en el expediente relacionado con Doñana tras las acusaciones de la Junta de Andalucía.
Según ha confirmado un portavoz de la Comisión, el funcionario en cuestión había revelado su situación personal en una declaración de 'conflicto de intereses', algo que se ha tenido en cuenta para evitar su implicación en el asunto de Doñana.
Las acusaciones las realizó este jueves el consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz, vinculadas a las vertidas también el pasado miércoles por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, quien tachó a la Comisión y, en especial, al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tras reunirse con él, de comportamientos «partidistas» y de «hacer campaña» por Pedro Sánchez en relación con la polémica creado en torno a la proposición de ley de regadíos del Condado de Huelva.
Por su parte, Bruselas ha reiterado que está cumpliendo su papel de gestionar un expediente sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger el humedal, además de confirmar que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, con la que Weber comparte familia política, respalda las acciones de los miembros de su colegio.
La Comisión ha vuelto a defender que actúa como «guardián imparcial» de los tratados, y ha advertido ya en repetidas ocasiones de que la proposición de ley del PP y Vox para regularizar regadíos en Doñana puede «deteriorar» el humedal, ya que «parece ir en dirección contraria» a la sentencia del TJUE.
Del mismo modo, ha recordado que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento «no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta».
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