El exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una imagen de archivo
Andalucía
La Junta de Andalucía declara incompatible el fichaje del ex número dos de Salud por Asisa
El informe alude 14 contratos que la Junta firmó con la aseguradora durante su etapa como gerente del SAS para negar su incorporación hasta el próximo 29 de julio
La Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía ha determinado que el fichaje del que fuera gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, posteriormente, viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora Asisa, «de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año», fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS.
Este informe se conoce horas después de que el exviceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, comunicara que iba a aplazar la decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral, en alusión a su incorporación a la aseguradora Asisa, hasta que la Junta emitiera el informe sobre la incompatibilidad o no de su llegada a ese nuevo cargo.
Según el documento enviado a la Secretaría General para la Administración Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la incompatibilidad estaría motivada por los 14 contratos que desde el SAS se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, «aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán», sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, «esto no altera la competencia».
Por tanto, «de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos», concluye la Junta, que considera, en cambio, que «los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero».
La ley de incompatibilidades de Andalucía señala en su artículo 7.2 que los altos cargos de la Junta «se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en el desempeño de dicho alto cargo». En el caso de Guzmán, los dos años de su cese como gerente del SAS se cumplirían el 29 de julio de 2024, fecha a partir de la cual podría formalizar su contrato.
El comunicado de Guzmán
«Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe dada la notoriedad del caso», comenzaba diciendo Guzmán en un comunicado después de saber de la investigación de la Junta.
El también exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) añadía que cree que «lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie».
Este comunicado llegaba unas horas después de que la consejera de Salud, Catalina García, afirmara que esperaba que Función Pública, departamento perteneciente a la Consejería de Justicia, emitiera «en breve, en esta semana» el informe sobre la incompatibilidad o no del exviceconsejero, sobre la que la izquierda ha montado en cólera contra el Gobierno andaluz.
García explicó que Guzmán no comunicó su vuelta al sector privado, lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no. En cualquier caso, señalaba que «cuando una persona accede a un cargo público político, tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar».
Al respecto, la consejera recordó que Miguel Ángel Guzmán «viene del ámbito privado» y que «tiene que volver a trabajar, siempre de acuerdo con la ley», después de presentar su dimisión por «motivos personales», como se argumentó en diciembre, al conocerse su marcha.
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