La ex directora económico-financiera de la Faffe, Ana Valls, a su llegada a los juzgados de Sevilla (archivo)
Corrupción
Citada a declarar este martes la ex directora financiera de la Faffe por los enchufes del PSOE
El juez Vilaplana investiga la contratación «injustificada» de 84 personas, entre ellas una decena de familiares de cargos del PSOE, en la entidad
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene previsto tomar este martes declaración a la ex directora económico-financiera de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Ana Valls, por presunta malversación en la contratación de empresas y personal.
El pasado 29 de enero, el juez instructor José Ignacio Vilaplana dictaba un auto en el que acordaba citar como investigadas durante marzo y abril a 21 personas en una causa relacionada con la Faffe, fijando para este martes las cinco primeras comparecencias, entre ellas la de Ana Valls, ya condenada por los pagos en clubes de alterne con tarjetas de la entidad, y la de Carmen Lozano, otrora directora de Garantías Institucionales de la Faffe.
El exdirector de la Faffe, Fernando Villén, está citado para el 1 de abril, mientras que su hermano Manuel, ex director de Administraciones Públicas de la entidad, está citado para el día 25 de marzo.
Contratación «injustificada»
El juez Vilaplana investiga «la posible injustificada […] contratación de, al menos, 84 personas», que habría sido realizada «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar», según el auto de imputación.
Por ello, el magistrado ha solicitado a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), así como a la Tesorería General de la Seguridad Social, que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación de una decena de familiares de cargos del PSOE en la Faffe.
El instructor explica en el auto que de lo ya investigado «se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas –pero conexas– conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones». El importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, según la UCO.
El juez alude igualmente a «la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias…».
