La cárcel de Huelva sube al podio de las más peligrosas de España con funcionarios superados por la violencia

La cárcel de Huelva se ha convertido en una de las más peligrosas de España. Según datos del Ministerio del Interior, el Centro Penitenciario de La Ribera es ya el tercero más conflictivo del país, solo por detrás de El Puerto III (Cádiz) y el penal de Zuera (Zaragoza), primero y segundo, respectivamente. Esta situación ha encendido todas las alarmas entre los funcionarios de prisiones, que denuncian un deterioro progresivo de la seguridad dentro del penal.

Durante el pasado año se registraron en la cárcel de Huelva un total de 23 agresiones a funcionarios en 42 episodios conflictivos. Estas cifras, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), evidencian «no solo el ingenio de algunos internos para la fabricación de armas, sino también los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria en materia de prevención de la violencia, seguridad interior y dotación de recursos humanos y materiales».

En 2024 se incautaron en este centro penitenciario 97 objetos punzantes, muchos de ellos fabricados de forma artesanal. En los registros se encontraron cepillos de dientes afilados, piezas de metal o bolígrafos modificados. Son elementos que, pese a su aparente simplicidad, pueden convertirse en armas mortales en manos de personas enfermas o violentas.

Los sindicatos de prisiones han denunciado reiteradamente el abandono institucional que, aseguran, padecen los funcionarios. Reclaman al Ministerio del Interior que se les reconozca legalmente como agentes de la autoridad, una condición que consideran fundamental para protegerse jurídicamente ante las agresiones. Esta reivindicación permitiría aplicar penas más severas a quienes atenten contra ellos, algo que ya sucede con la Policía Nacional o la Guardia Civil, por ejemplo.

Además, las organizaciones sindicales exigen un refuerzo inmediato en la formación del personal, especialmente en técnicas de defensa personal, resolución de conflictos y detección de armas improvisadas. En su opinión, los cursos actuales resultan insuficientes y no preparan adecuadamente al personal para afrontar situaciones de riesgo real como las que se viven en Huelva y en otros centros penitenciarios.

También se reclama una mejora en los protocolos de seguridad dentro de la prisión. Según los representantes sindicales, muchas de las armas decomisadas son introducidas o fabricadas por los internos sin que existan controles efectivos para detectarlas a tiempo. La falta de medios técnicos y humanos impide una vigilancia adecuada, lo que contribuye al aumento de incidentes violentos.

La situación de Huelva se enmarca en un contexto nacional en el que los centros penitenciarios presentan cada vez mayores índices de conflictividad. El repunte de la violencia, el hacinamiento en algunos módulos y la falta de recursos son elementos comunes que los trabajadores denuncian desde hace años. No obstante, según lamentan, aún no han recibido una respuesta efectiva por parte de la Administración.

En paralelo, la sobrecarga laboral y la escasez de plantilla agravan el problema. Muchos funcionarios deben cubrir turnos prolongados o asumir responsabilidades adicionales debido a la falta de personal, lo que incrementa el estrés y la posibilidad de errores en un entorno ya de por sí muy tenso.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció recientemente que el Centro Penitenciario de La Ribera carecía de cocineros para elaborar las raciones alimentarios de la población reclusa, de manera que son los funcionarios y los propios presos los que están garantizando actualmente el servicio. Se trata de un síntoma más de la precariedad denunciada.