García Alcaina (PP) toma las riendas de la Diputación de Almería en plena tormenta por el caso Mascarillas

El diputado provincial del PP José Antonio García Alcaina ha sido investido este lunes nuevo presidente de la Diputación de Almería tras recibir los 16 votos a favor del Grupo Popular, en una sesión plenaria en la que ha jurado el cargo para tomar el relevo al frente de la institución provincial.

El pleno ha estado marcado inevitablemente por la ausencia de su antecesor, Javier Aureliano García, quien dimitió de todos sus cargos la semana pasada tras ser detenido e investigado por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y mordidas en obras públicas en el marco de la operación policial del caso Mascarillas.

García Alcaina, alcalde del municipio de María y que hasta la fecha ocupaba la vicepresidencia quinta y las áreas de Deportes, Vida Saludable y Juventud, se ha convertido así en el máximo responsable de la Diputación gracias a la mayoría absoluta de la que goza su partido en el ente supramunicipal.

El nuevo presidente ha recogido la vara de mando reivindicando su perfil de «alcalde de pueblo» –María tiene apenas 1.200 habitantes y está a 180 kilómetros de la capital– y se ha definido como un «alcalde de alcaldes» que gobernará desde la «empatía» con el mundo rural.

Sin embargo, el nuevo presidente no ha eludido la crisis institucional que ha propiciado su ascenso. En su discurso, ha reconocido que han sido «semanas complicadas» y ha lanzado un mensaje de apoyo a Javier Aureliano García y al exvicepresidente Fernando Giménez. «Confío plenamente en que puedan demostrar su inocencia», ha afirmado refiriéndose a las «dos personas y sus familias que están pasando un mal momento».

Críticas de la oposición

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Manuel del Real, ha acusado al equipo de gobierno de actuar como «auxiliares de odontología del llamado dentista de las mordidas y el sarro», en alusión a los mensajes de WhatsApp intercambiados por Javier Aureliano García y otros investigados, que usaban terminología de dentistas para, presuntamente, ocultar sus actividades ilícitas.

Los socialistas consideran «imposible empezar decentemente» si no se reconocen los «gravísimos hechos» y han exigido una auditoría real de los expedientes bajo sospecha desde 2016, criticando que el PP opte por la estrategia de «tapar y seguir».

Por su parte, el portavoz de Vox, Pedro Manuel Agüera, ha alertado de que la corrupción en la institución no responde a hechos aislados, sino a un «manual de corrupción» y un «modelo» sistémico basado en redes de clientelismo que, a su juicio, el PP ha copiado del PSOE andaluz.