El caso de los cribados de mama llega a manos de la fiscal general tras el archivo de las denuncias

La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que reabra el caso contra los exconsejeros Jesús Aguirre y Catalina García –los dos ex altos cargos de la Consejería de Sanidad actualmente aforados– por los fallos del programa de cribados de cáncer de mama, tras el reciente archivo de las denuncias por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía.

La presidenta de la entidad, Carmen Flores, ha firmado un escrito en el que también reclama que «en su actuación de oficio solicite una auditoría para conocer la magnitud de casos en toda Andalucía», en virtud del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes por razón de su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente ante un juez o fiscal.

En el escrito también se solicita que esta investigación se unifique con la denuncia presentada por UGT –brazo sindical del PSOE– en relación con «3.000 mujeres en Huelva, en la misma situación de cribaje». «Reiteramos que cuando se pone un programa de detección de cáncer o lo que es lo mismo de prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos, el incumplimiento de estos programas solo cuesta sufrimiento y dinero a la sanidad pública», afirman desde la asociación.

Desde el Defensor del Paciente también instan a la fiscal general a «que como servidora pública actúe en defensa de las mujeres y hombres que estén en esta situación, ante este abandono de responsabilidades de los que cobran para proteger, su salud y vidas de los ciudadanos. De hecho, su actuación puede salvar vidas».

Carmen Flores añade que los ex altos cargos de Salud denunciados «saben que ponen en peligro a las personas por su inacción e irresponsabilidad. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».

La solicitud se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya archivado las tres denuncias presentadas contra cinco personas que ostentaron altos cargos en la Consejería de Sanidad en relación con los fallos en los cribados de mama, al no apreciar indicio penal en dos aforados, como son el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, quienes han ostentado con anterioridad la cartera de Salud en la Junta de Andalucía.

Las denuncias fueron presentadas a lo largo del pasado mes de octubre, tras estallar el escándalo, por la propia Asociación del Defensor del Paciente –ampliada con escritos de 16 mujeres con sus casos particulares– y los partidos Adelante Andalucía e Izquierda Unida, e incluyen a otras tres personas no aforadas, como son la exconsejera de Salud Rocío Hernández, la exviceconsejera María Luisa del Moral y la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

El Ministerio Público ha remitido las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido recogidos los escritos de las 16 mujeres afectadas, para que continúe la investigación «de forma individual y separada», con el objetivo de aclarar los hechos y examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.