Vecinos de un pueblo de Málaga reúnen 40.000 euros para evitar el desahucio de un hombre con discapacidad

Fran Custodio, un hombre de 64 años con un 93 % de discapacidad, respira con algo más de calma. La amenaza de desahucio que se cernió sobre su casa de toda la vida en Alameda (Málaga) el pasado octubre encuentra una luz. Esa luz tiene nombre propio: sus vecinos. Un grupo de ellos ha dado un paso al frente, firme y decidido, para comprar la vivienda y regalarle la tranquilidad que merece.

La verdad es que la historia arrastra una mochila pesada de cuatro décadas. Todo empezó cuando su padre usó la casa como garantía para una finca. Una deuda de unos 36.000 euros, con ofertas de pago incluso superiores, acabó en manos de un fondo de inversión. Un fondo hermético que, según denuncian, ha ignorado sistemáticamente todas las propuestas de acuerdo, incluyendo una de 60.000 euros.

Un hogar adaptado

Para Fran, esta no es una casa cualquiera. Es el espacio único adaptado a su movilidad reducida, el escenario de su vida entera. «Esta casa es lo único que realmente se ajusta a sus necesidades», subraya con convicción el alcalde, José García Orejuela. Perderla sería una catástrofe personal. Por eso, el Consistorio se volcó como intermediario, llevando el caso al Juzgado número tres de Antequera.

La solución más humana ha florecido desde la comunidad. Un vecino, en representación de muchos otros, ha firmado ya ante notario el compromiso de adquirir la vivienda por los 40.000 euros que pide el fondo. El plan es cristalino: cedérsela a Fran de por vida. Después, ya se verá. Es un acto de pura solidaridad malagueña.

Silencio del fondo inversor

A pesar de todo, el principal escollo persiste: el inquietante mutis del propietario. «El fondo de inversión continúa sin responder», explican con frustración desde el Ayuntamiento. Incluso la mediadora con la que se hablaba dejó su puesto, y la dirección cambió, cerrando cualquier ventana de diálogo. El juzgado ha intentado contactarlos, pero la entidad alega no tener ofertas formales.

Ante esta negativa, el alcalde y el abogado de Fran han tenido que demostrar lo contrario. Han presentado al juez los correos que prueban los contactos y las cifras manejadas: primero 28.000 y luego 40.000 euros. Además, han entregado una potente recogida de firmas. Unas 4.800 firmas de apoyo que piden frenar cualquier lanzamiento y que son un testimonio del respaldo popular.

Mientras la respuesta judicial y una posible nueva fecha de desahucio siguen en el aire, la vida de Fran pende de un hilo legal. Pero no está solo, tiene a todo un pueblo de su lado, y eso le es más que suficiente para poder seguir viviendo en su casa.