Frenan la apertura del centro de menas que rechazaron los empleados y empresarios de un polígono en Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ha actuado con contundencia. Ha ordenado el precinto y la paralización de las obras que se estaban ejecutando en el polígono industrial. El destino del proyecto no era otro que albergar un centro de menores no acompañados (menas), pero los trabajos chocaron de frente con la legalidad urbanística. La entidad promotora, Anide, se ha visto sorprendida por la medida.

Rechazo vecinal y obras sin licencia

Fueron los propietarios colindantes del polígono quienes alertaron al consistorio. Y es que, en un antiguo establecimiento hotelero de la zona, seleccionado para albergar el centro de menas, alguien había empezado a derribar paredes y a cambiar el uso del local sin pedir permiso. Los técnicos de Urbanismo se personaron y lo comprobaron: ni licencia de obras ni visado técnico.

El alcalde, Manuel Barón, ha sido claro y rotundo al respecto. «Se ha procedido al precinto porque no se pueden hacer obras sin licencia, y mucho menos demoliciones que suponen un riesgo», explicó a los medios. El regidor mantiene que lo único que se pide es cumplir los trámites, algo que, según él, no debería sorprender a nadie.

Lo curioso del caso es que el proyecto tiene una pata social innegable. Anide es una organización dedicada a la gestión de programas de acogida, y el centro estaría destinado a menores bajo tutela. Barón ha mantenido ya varias reuniones con ellos, tanto presenciales como telemáticas. Les ha trasladado la hoja de ruta clara: calificación ambiental, comunicación a los vecinos y, sobre todo, las licencias de apertura.

Malestar creciente

Los dueños de las naves industriales no esconden su enfado. Varios de ellos ya han presentado escritos de oposición al proyecto. Argumentan, con razón, que un polígono no es un entorno adecuado para menores. «Es una zona de tránsito pesado, maquinaria y actividad industrial constante», recoge uno de los documentos de los afectados. Y añaden una petición muy concreta: quieren vigilancia policial permanente si al final el centro abre sus puertas.

Mientras tanto, en el bando de Anide, el silencio ha sido llamativo durante los primeros días. Tras varios intentos de la prensa local, no fue fácil conseguir su versión inicial. Sin embargo, la entidad ya ha comenzado a defender su iniciativa. Su idea es albergar entre 12 y 50 plazas, dependiendo de las necesidades del momento, y esperan tenerlo todo listo en apenas dos o tres meses si logran los permisos.

El alcalde, por su parte, ha querido lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía. Recuerda que Antequera no es ninguna novata en esto de la acogida. La ciudad ya cuenta con centros gestionados por Engloba, Prolibertas o el CEAR, perfectamente integrados y sin sobresaltos para la convivencia. «Nuestra trayectoria es ejemplar», viene a decir el regidor, que insiste en que el problema aquí no es el fin social, sino la forma.

Lo que subyace al conflicto tiene también un notable componente político. Barón no ha dudado en criticar la gestión migratoria del Gobierno de España. Le exige un control fronterizo más efectivo y una inmigración ordenada. Su queja es que los ayuntamientos se enteran de estos proyectos a última hora, cuando ya hay obras empezadas y vecinos movilizados.