La «ingeniería» de Sánchez deja a Baleares a merced del profesor acosador: «En septiembre no estará solucionado»

La reforma de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) para blindar las aulas frente a los acosadores no llegará a tiempo de resolver el 'caso Roldán'.

El Consejo de Ministros anunció esta semana a bombo y platillo que cualquier delito contra la infancia —y no solo los sexuales— implicará la expulsión de la docencia, pero la medida nace lastrada por los tiempos y no resolverá el conflicto más urgente en Baleares.

«Así como lo ha hecho la ministra, en septiembre no tendremos el problema solucionado», advierte el conseller balear de Educación con impotencia, señalando directamente a la «ingeniería legislativa de Pedro Sánchez» por empaquetar una solución urgente en una reforma integral que ya se ha perdido en el laberinto parlamentario.

Baleares, a través de una iniciativa parlamentaria aprobada por unanimidad, planteó al Gobierno una intervención del artículo 57 de la ley para su aprobación inmediata, de modo que la prohibición estuviera vigente antes de la vuelta al cole. Pero Moncloa lo ha tramitado en una reforma mucho más farragosa, lo que condena la medida a un laberinto parlamentario que con toda probabilidad no terminará antes de que empiece el curso el próximo mes de septiembre.

Ante esta situación, el conseller de Educación regional confirma que desde el Govern de Marga Prohens seguirán impulsando la proposición de ley nacida del consenso en el Parlament balear el pasado mes de marzo para forzar el cambio estatal de forma inmediata. Vera propone la aprobación en la Cámara autonómica antes de que acabe el periodo de sesiones y que se remita directamente a las Cortes.

Un toque a Armengol

En este punto, el conseller lanza un recado a la presidenta del Congreso, la expresidenta balear Francina Armengol: «Le pedimos que lo tramite rápidamente. Como mínimo en septiembre u octubre lo tendríamos».

El caso de Miquel Roldán evidenció las costuras de un sistema que permitió a un docente, con una condena de un año de cárcel a sus espaldas por acoso contra un exalumno, mantener su plaza bajo el argumento de que su delito ocurrió «fuera del horario escolar». Al no estar inhabilitado por un juez, podía seguir dando clases.

Durante este curso escolar, el pánico se instaló en dos centros como el colegio Maria Antònia Salvà o el Son Pisà de Palma, donde las familias llegaron a vaciar las aulas e iniciar huelgas para evitar que sus hijos fueran educados por un hombre sentenciado por la Justicia como un acosador. Sin una inhabilitación penal expresa, la administración autonómica se declaraba «maniatada».

El Gobierno central estuvo alargando este caso durante todo el curso hasta que la presión de las familias, junto con el mensaje de SOS lanzado desde el Parlamento balear hace unos meses pidiendo una reforma urgente de la normativa para que estos casos no se permitan, forzó una actuación.

«Los maltratadores no podrán trabajar con las infancias y las adolescencias. Algo que quizá pueda parecer evidente, pero no siempre ha sido así», defendió la ministra de Infancia, Sira Rego, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que el «caso Roldán» ha sido el motor de esta reforma tras estar todo un curso posponiendo una solución. Ahora la medida llega tarde y mal, lamenta el conseller balear de Educación.

La reforma inicia ahora su lenta digestión burocrática, mientras los padres de Baleares se enfrentan a la posibilidad de que, en septiembre, el docente condenado por acoso vuelva a cruzar la puerta del aula. De momento, sigue en su puesto cubriendo una plaza de 4º de primaria en el colegio Son Pisà de Palma. «Como mínimo en septiembre u octubre lo tendremos», advierte el conseller.