El SUP suple la falta de soluciones de Marlaska: lanza su propia red de pisos para policías en Baleares

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reactiva en Baleares su inmobiliaria de urgencia. Una iniciativa para conectar a propietarios de viviendas con agentes de la Policía Nacional que se incorporarán próximamente a sus destinos en el archipiélago. El objetivo de la organización es facilitar el alojamiento de los funcionarios ante las dificultades de acceso al mercado inmobiliario en las islas.

La campaña funciona de forma directa y sin intermediarios. Los particulares interesados en arrendar sus inmuebles a los agentes pueden contactar con el sindicato a través del correo electrónico baleares@sup.es. El SUP se encarga de canalizar las ofertas y poner en contacto a ambas partes, buscando una alternativa basada en la estabilidad del perfil del inquilino.

«Queremos facilitar soluciones reales a un problema que afecta directamente a nuestros compañeros destinados en Baleares, al mismo tiempo que ofrecemos a los propietarios una opción fiable y segura», señala el sindicato.

Una opción fiable y segura

Según el SUP, facilitar la residencia de los policías no sólo mejora su calidad de vida, sino que contribuye a la estabilidad del servicio público de seguridad en las islas.

Esta medida se inició el pasado año ante la situación «límite» que vivían los nuevos agentes. Desde hace años, y como ha venido contando El Debate, la dificultad para encontrar techo ha abocado a casos de agentes que se ven obligados a pernoctar en autocaravanas o tiendas de campaña. Ante la falta de actualización del plus de insularidad, el SUP optó por gestionar directamente una bolsa de viviendas.

Precios por debajo del mercado

La respuesta ciudadana en la edición anterior fue notable, registrándose más de 200 ofertas en pocos días. Los propietarios, atraídos por la seguridad de alquilar a funcionarios públicos, pusieron en el mercado incluso pisos que mantenían cerrados por temor a la inseguridad jurídica. Según datos del sindicato, el año pasado se cerraron contratos con precios que rondaban los 1.000 euros, cifra inferior a la media de mercado en las islas, que según informes sectoriales se sitúa por encima de los 1.500 euros para un piso tipo.

El SUP reconoce que, aunque gestionar alquileres no forma parte de sus competencias habituales, la medida es indispensable para garantizar que los nuevos refuerzos dispongan de un domicilio y puedan prestar el servicio público de seguridad con estabilidad y evitarles.