Patera localizada en aguas de las Islas Baleares en una imagen de archivo
Formentera se declara «completamente desbordada» tras la llegada de otros 13 menores en pateras
El gobierno insular tutela ya a 182 jóvenes sin disponer de infraestructuras específicas y exige auxilio urgente al Gobierno ante una situación «insostenible» en una isla de 12.000 habitantes
La presión migratoria en la menor de las Pitiusas ha alcanzado un punto de no retorno. El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha alertado este miércoles de que la capacidad de acogida de la administración local se encuentra «completamente desbordada» tras el desembarco, en las últimas 24 horas, de otros 13 menores extranjeros no acompañados.
Con esta última oleada, la institución insular asume en estos momentos la tutela de 182 menores, una cifra inédita para un territorio de apenas 12.000 habitantes que carece, de forma estructural, de una red de centros de protección adaptada para este fin.
La falta absoluta de infraestructuras específicas destinadas a la atención permanente de menores ha abocado a esta pequeña institución a habilitar «de manera urgente» espacios improvisados para ofrecer un techo básico y asistencia humanitaria a los recién llegados.
«Los recursos disponibles están al límite», ha sentenciado Portas en una comparecencia ante los medios en la que ha desnudado la precariedad con la que la isla afronta esta crisis.
El gobierno insular ha solicitado formalmente ayuda a la directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, solicitando autorización extraordinaria para emplear la carpa instalada en el puerto de la isla como alojamiento temporal. Hasta la fecha, según denuncian desde el Consell, el Ejecutivo central ha guardado silencio y no ha emitido respuesta alguna a la petición.
Una crisis desbocada
La evolución de la ruta argelina hacia Ibiza y Formentera muestra un crecimiento insostenible. En todo el año 2025, Formentera registró la llegada de 113 menores no acompañados. En este 2026, y habiéndose superado apenas la primera mitad de junio, la cifra ya escala hasta los 99 jóvenes tutelados.
Portas ha insistido en que la condición de insularidad agrava exponencialmente la gestión del problema. La insularidad no sólo encarece y complica los suministros y la asistencia sanitaria obligatoria sino que ejerce de tapón: las derivaciones y traslados a otros recursos fuera de Formentera se encuentran prácticamente bloqueados por la saturación global del sistema balear, imposibilitando el traslado de menores hacia la península o islas mayores.
El presidente insular ha hecho hincapié en el carácter «estructural» del fenómeno migratorio en la frontera sur de Europa, un desafío que rebasa por completo las competencias legales, los presupuestos y las capacidades materiales de un municipio rural y aislado.
Portas ha reclamado una «respuesta coordinada y urgente» al Gobierno de España. Para una administración local con recursos financieros limitados, la inacción estatal sitúa a los servicios sociales a las puertas de un colapso inminente.