Marga Prohens, líder del PP balear
Función pública
Prohens extiende a 5.000 empleados públicos la carrera profesional que Armengol no implantó
El Govern y los sindicatos firman un acuerdo para implantar este derecho al personal laboral del sector público instrumental, con un coste superior a los diez millones de euros
A menos de un año de las elecciones autonómicas, el Govern de Marga Prohens ha querido escenificar uno de los acuerdos laborales más importantes de la legislatura y reivindicar uno de sus principales mensajes políticos: la recuperación de derechos de los empleados públicos. El Ejecutivo balear y los sindicatos han firmado este lunes el acuerdo que permitirá implantar la carrera profesional para entre 3.000 y 5.000 trabajadores del sector público instrumental, un derecho que nunca llegó a extenderse durante los ocho años de gobierno de Francina Armengol.
«Esta legislatura es la de la recuperación de derechos de los empleados públicos», ha asegurado la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Catalina Cabrer, quien ha presentado el pacto como el cumplimiento de «un compromiso de nuestra presidenta, Marga Prohens». «Hoy cumplimos», ha afirmado.
El acuerdo afecta al personal laboral del sector público instrumental, un colectivo poco conocido para el gran público pese a formar parte de la Administración autonómica. Se trata de los trabajadores de empresas públicas, fundaciones, consorcios y otras entidades dependientes del Govern que gestionan servicios públicos en ámbitos como la investigación, la cultura, la innovación, el medio ambiente o diferentes servicios administrativos especializados.
La consejera de Función Pública rodeada de sindicatos
Durante los gobiernos de Armengol, este colectivo quedó fuera del sistema de carrera profesional del que sí disfrutaban otros empleados públicos, como los funcionarios o el personal estatutario del sistema sanitario. El acuerdo alcanzado ahora corrige esa diferencia y permitirá que estos trabajadores puedan progresar profesionalmente y mejorar sus retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Según ha explicado Cabrer, el pacto ya dispone de respaldo presupuestario y comenzará a desplegarse este mismo año, aunque tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
La consejera ha agradecido el respaldo de CCOO, UGT, USO, STEI y CSIF, así como el trabajo realizado por la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Presupuestos para hacer posible el acuerdo.
En una primera fase, el nuevo sistema permitirá el encuadramiento inicial de unos 3.000 trabajadores, con una inversión superior a diez millones de euros. Cabrer ha precisado, no obstante, que esa cifra crecerá previsiblemente hasta situarse entre 3.000 y 5.000 beneficiarios, conforme se cubran las plazas actualmente vacantes.
La carrera profesional permitirá a estos empleados avanzar dentro de su grupo de titulación sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Para progresar deberán acreditar un período mínimo de permanencia en cada nivel, superar las evaluaciones previstas y cumplir requisitos relacionados con la formación continua, el desempeño profesional y otros méritos.
La implantación será progresiva y combinará distintos criterios de evaluación, entre ellos las competencias profesionales, la consecución de objetivos y actividades como la formación, la docencia o la gestión del conocimiento. En los próximos meses comenzará el proceso de encuadramiento inicial de todos los trabajadores que soliciten incorporarse al nuevo sistema.
Cabrer ha defendido que «los empleados públicos no son un problema, sino parte de la solución» y ha asegurado que el acuerdo permitirá contar con una Administración «más moderna y más digna». «Hoy es un día importante e histórico», ha concluido.
