La irrelevancia del empleo de la gente de mar en Baleares

La denuncia, realizada en este medio, de la imposibilidad de que un tripulante sea contratado como marinero por no poder renovar a tiempo su «certificado médico de aptitud para el embarque» es una situación derivada de una decisión administrativa basada en un criterio que, conforme a la normativa aplicable, no debería afectar a quienes ya han embarcado con anterioridad y obtuvieron dicho certificado, a no ser que hayan obtenido la calificación de «no apto» para el embarque.

Aunque se trata de una problemática poco conocida por la opinión pública, su incidencia es frecuente y afecta especialmente a quienes pretenden iniciar su carrera profesional como «gente de mar» en el ámbito territorial de Baleares.

A las personas empleadas o que vayan a ser contratadas para trabajar a bordo de buques y embarcaciones (gente de mar), independientemente de su rango o categoría, se les requiere disponer de una serie de documentos profesionales para perfeccionar su enrole como tripulante, a saber, libreta de inscripción o documento de identidad del marino y «certificado médico de aptitud para el embarque».

Tradicionalmente el plazo para obtener este «certificado» a las personas embarcadas o que solicitaban su renovación, dado que de media tiene una duración de dos años, era de una o a lo máximo dos semanas. En el caso de las personas que todavía no hubieran embarcado el trámite si que se extendía más tiempo.

En los últimos años, las deficiencias del Servicio de Sanidad Marítima de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Illes Balears (ISM) han alcanzado niveles difíciles de justificar. Una de las situaciones más sorprendentes ha sido la falta de personal médico durante varios meses, obligando a los interesados a desplazarse a la península para obtener el «certificado», asumiendo ellos mismos los costes del viaje.

Se han dado casos en los que la obtención del «certificado» ha tardado entre seis y siete meses, una demora claramente incompatible con las necesidades laborales de los profesionales del sector

Incluso cuando el servicio dispone de médico, normalmente solo uno en lugar de los dos que componían la plantilla habitual, la atención resulta insuficiente. Al tener que cubrir Mallorca y Menorca y realizar desplazamientos, los plazos para obtener el «certificado» se alargan de forma excesiva. De hecho, se han dado casos en los que la obtención del «certificado» ha tardado entre seis y siete meses, una demora claramente incompatible con las necesidades laborales de los profesionales del sector.

Estas situaciones deberían avergonzar a los poderes públicos, pues reflejan el progresivo deterioro de los servicios de la Administración. Una de las principales causas parece ser la dificultad para atraer y retener funcionarios en Baleares. No en vano, el propio delegado del Gobierno en las islas ha reconocido recientemente que más de la mitad de los puestos de la «Administración General del Estado» (AGE) permanecen vacantes, debido, entre otros factores, al elevado coste de la vivienda, que dificulta la residencia de los empleados públicos en el archipiélago

Asimismo, podría sostenerse que la incidencia de esta problemática es reducida debido al escaso peso relativo del empleo de la «gente de mar» en Baleares a la luz de los datos de afiliación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RESSTM), facilitados por el ISM, en el que deben estar encuadradas todas las personas que desarrollan actividades marítimo-pesqueras a bordo de buques y embarcaciones en general.

En su último Informe Anual, se reflejaba que el número de personas trabajadoras en activo en el ámbito territorial de las Islas Baleares ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1.823, de las que pueden considerarse como «gente de mar», excluyendo la pesca y la estiba, 1.392. En conjunto, estas cifras representan apenas el 0,36 % del total de afiliados al sistema de la Seguridad Social en las Islas Baleares a 31 de diciembre de 2024, que ascendía a 500.310 personas.

Si se toma como referencia la cifra de afiliados al RESSTM existente a 31 de diciembre de 2014 —1.526 según los datos facilitados por el ISM para Baleares—, resulta evidente que en diez años el incremento total ha sido muy pobre, al aumentar en solo 297 afiliaciones, consecuencia fundamentalmente, tal y como interpreta el propio ISM, de la ampliación del campo de aplicación del régimen especial a nuevos colectivos, como los buceadores profesionales.

Incluso en los períodos de mayor actividad, el número de afiliados apenas supera los tres mil trabajadores y solo durante cinco o seis meses al año

Es cierto que durante los meses de verano la actividad marítima genera un aumento significativo del empleo y que el número de afiliados puede llegar a incrementarse en torno a un 50 % respecto a la cifra registrada al final del año. Aun así, la dimensión del colectivo sigue siendo reducida. Incluso en los períodos de mayor actividad, el número de afiliados apenas supera los tres mil trabajadores y solo durante cinco o seis meses al año. Esto pone de manifiesto el escaso peso cuantitativo que el empleo de la «gente de mar» tiene en el conjunto del mercado laboral de Baleares.

No obstante, cualquier visita a un puerto o marina de Baleares evidencia la intensa actividad que gira en torno a las embarcaciones de recreo y el elevado número de personas que trabajan profesionalmente en ellas. En algunas instalaciones portuarias, son varios cientos los trabajadores que desarrollan actividades laborales a bordo. Ante esta realidad, cabe preguntarse por qué dichas ocupaciones no tienen una presencia resaltable en las estadísticas oficiales de empleo de la «gente de mar».

La respuesta no es sencilla, pero el análisis de la realidad del sector pone de manifiesto la existencia de diversos obstáculos que dificultan el acceso y el desarrollo profesional, entre los que destacan la elevada presencia de tripulaciones extranjeras empleadas en embarcaciones de pabellón no español, en ocasiones bajo regímenes laborales distintos a los previstos por la normativa española y, en muchos casos, sin una adecuada cobertura contractual, social o administrativa, la exigencia de titulaciones y certificaciones extranjeras para el desempeño de funciones a bordo, lo que supone una barrera adicional de acceso al empleo, la complejidad burocrática para obtener documentación imprescindible para poder trabajar, dado que por incapacidad administrativa, como se ha visto, los plazos y trámites asociados pueden retrasar significativamente la incorporación al mercado laboral y favorecer situaciones de ejercicio profesional al margen de los requisitos legalmente establecidos.

Por otra parte, la internacionalización del sector y las particularidades de la actividad náutica dificultan el control efectivo de aspectos laborales, fiscales y de seguridad social, generando escenarios de competencia desigual.

En conjunto, estos factores evidencian la necesidad de reforzar las políticas públicas de formación, empleabilidad, inspección y simplificación administrativa, con el fin de facilitar el acceso al empleo, garantizar unas condiciones laborales adecuadas y asegurar una competencia profesional transparente y equilibrada en el sector náutico.

La internacionalización del sector y las particularidades de la actividad náutica dificultan el control efectivo de aspectos laborales, fiscales y de seguridad social, generando escenarios de competencia desigual

En consecuencia, más allá de las campañas de promoción, comunicación institucional o autobombo político, resulta imprescindible adoptar medidas concretas y efectivas que permitan afrontar las deficiencias que siguen lastrando el empleo de la «gente de mar» en las Islas Baleares. Entre ellas, destaca la imperiosa necesidad de establecer una verdadera coordinación y comunicación permanente entre los órganos de la «Administración Marítima» dependientes de la «Administración General del Estado» —Capitanías Marítimas y Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Illes Balears— y los órganos de la Comunidad Autónoma con competencias que inciden directa o indirectamente en el sector, como la Conselleria de la Mar y del Cicle de l’Aigua, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Esta cooperación interinstitucional no debe concebirse como una mera opción de buena gestión, sino como una exigencia derivada de los principios constitucionales que rigen la actuación de las administraciones públicas. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Española establece que la «Administración Pública» debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho.

La ausencia de mecanismos eficaces de coordinación entre las distintas administraciones con competencias concurrentes genera ineficiencias, duplicidades, retrasos administrativos y obstáculos innecesarios para los profesionales del sector, perjudicando tanto a los trabajadores como a las empresas y, en última instancia, al interés general. Por ello, resulta imprescindible impulsar una estrategia común que facilite el acceso al empleo de la «gente de mar», agilice los procedimientos administrativos, garantice la seguridad jurídica y contribuya al desarrollo ordenado y sostenible de una actividad que el propio «Govern» balear califica como estratégica para la economía de las islas.

Además, conviene recordar que el artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos cuando esta sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta previsión constitucional refuerza la obligación de las administraciones implicadas de actuar con la máxima diligencia, evitando que las disfunciones administrativas terminen trasladando sus costes y consecuencias a los trabajadores y empresas del sector marítimo.