Botellas, latas, piedras y hasta el palo de una bandera contra los policías en los disturbios de Palma

El juez que instruye los actos violentos en la manifestación turismofóbica de finales de julio en Palma ya tiene sobre su mesa el informe elaborado por la Policía Nacional. Los investigadores consideran que existen indicios de delitos de desórdenes públicos y daños atribuibles a siete individuos, identificados durante las pesquisas por su presunta participación en los incidentes.

Se trata, cabe recordar, de un informe que fue solicitado por el propio delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, al cuerpo policial que dirige en las Islas después de las polémicas cargas registradas al final de la protesta. El encargo fue trasladado al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la intervención de los antidisturbios.

Según la versión policial, la manifestación, en la que participaron alrededor de 25.000 personas, se desarrolló con normalidad durante el recorrido y fue al llegar a ses Voltes cuando comenzó a aumentar la tensión.

Aforo y tensión

Los agentes advirtieron entonces a la organización de que los miles de participantes no podían acceder simultáneamente al recinto previsto para la lectura del manifiesto y propusieron realizar el acto en el exterior. Ante la insistencia por entrar en ses Voltes, se establecieron tres filtros policiales para permitir un acceso progresivo.

Fue a partir de ese momento cuando, según las diligencias, comenzó a deteriorarse la situación. Una de las responsables de la protesta anunció por megafonía que la Policía estaba impidiendo el acceso y poco después comenzaron los empujones contra los agentes desplegados en la zona.

La situación alcanzó su punto de mayor tensión en la pequeña pasarela que conecta ses Voltes con la avenida de Antoni Maura. Allí, los policías quedaron «embolsados» y rodeados por lo que el informe define como una «masa hostil», circunstancia que llevó a solicitar refuerzos.

Piedras contra policías

Según las imágenes recopiladas por los investigadores, un grupo reducido de personas, algunas de ellas con el rostro oculto, comenzó entonces a enfrentarse directamente con los policías. El informe recoge lanzamientos de botellas, latas y piedras, patadas y empujones, además del empleo del palo de una bandera contra los agentes.

Las diligencias también documentan incidentes con turistas que se encontraban en las inmediaciones. Es esta sucesión de episodios la que, según la reconstrucción policial, terminó precipitando la orden de cargar para dispersar a los participantes.

El informe distingue, en cualquier caso, entre la inmensa mayoría de los asistentes y el grupo minoritario al que atribuye los comportamientos violentos. La propia reconstrucción sostiene que la marcha había transcurrido con normalidad hasta los momentos finales y concentra los incidentes en ese reducido grupo.

El Delegado protesta (siendo él el responsable)

La investigación judicial sobre estos hechos discurre en paralelo al análisis de la actuación de los propios antidisturbios. El delegado del Gobierno llegó a calificar públicamente algunas de esas actuaciones de «violentas y desmedidas» y sostuvo que determinados agentes habían empleado la fuerza contra personas que aparentemente no suponían una amenaza. Lo curioso es que él es del Delegado del Gobierno, y por tanto, responsable último de esas actuaciones «desmedidas». Sigue en el cargo.

El examen de esta actuación ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, de la que dependen los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados aquel día. Sus responsables deberán determinar si el uso de la fuerza fue proporcionado a la situación que afrontaron los policías.

A las dos investigaciones podría añadirse además una nueva vía judicial, después de que un grupo de manifestantes haya expresado su intención de presentar una demanda colectiva por las cargas.