La trampa de AENA que atrapa al PSIB
El modelo de gestión aeroportuaria destroza por inverosímil el discurso de los socialistas baleares contra la masificación turística; no es que no movieran un dedo cuando gobernaban; es que donde siguen gobernando, hacen lo contrario de lo que vocean en el Parlament o en cada manifestación a la que se apuntan
No es necesario estar jubilado, ni llevar décadas residiendo en Mallorca, para constatar una realidad difícilmente rebatible: hoy, el aeropuerto de Palma es una infraestructura más inhóspita e incómoda para sus usuarios habituales de lo que era hace veinte años. Sucede que, en una isla, una interpretación extensiva de la expresión «usuarios habituales» alcanza a la gran mayoría de su población, que no tiene más remedio que utilizar esa infraestructura para desplazarse fuera del archipiélago. Dicho de otro modo, el aeropuerto de Palma, o el de Ibiza, sólo se parecen al de Logroño en el hecho de permitir el despegue y aterrizaje de aeronaves. En todo lo demás, el impacto de su gestión en la sociedad balear, o en la riojana, se parecen lo mismo que un huevo a una castaña.
Pierdo el tiempo y unas líneas en explicar esta obviedad porque Maurici Lucena, presidente de AENA y militante del Partido Socialista de Cataluña, ha declarado esta semana que «una infraestructura no está para regular la demanda». Llama la atención que sus compañeros baleares del PSIB no le hayan afeado esta afirmación. Regular la demanda a través de una gran infraestructura fue exactamente lo que hizo el Govern que presidía Francina Armengol la pasada legislatura, cuando obligaron al puerto de Palma a reducir el número de cruceros diarios que podían atracar en sus diques.
El tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) presentado recientemente sienta las bases para el próximo Plan Estratégico 2027-2031 de AENA, que prevé dos millones más de pasajeros para Baleares. AENA es una empresa pública que ocupa el primer puesto mundial como operador de aeropuertos por número de pasajeros. La cuestión es que el 49% de su capital es privado, y además cotiza en la Bolsa de Madrid formando parte del índice IBEX 35. Esta composición del accionariado, que dota a AENA de una gran capacidad inversora, obliga a retribuir a sus socios de una manera suficientemente atractiva para que no se larguen. He aquí el origen y la explicación de la gran trampa que plantean los actuales gestores de AENA nombrados por el gobierno de Pedro Sánchez.
Es una trampa global, de ámbito nacional, pero el cepo secciona de cuajo las piernas de los socialistas de Baleares. Destroza por inverosímil su discurso contra la masificación turística en nuestra comunidad, que queda reducido al simbolismo de la pancarta y el megáfono que sólo sostienen cuando están en la oposición. No es que no movieran un dedo cuando gobernaban; es que, donde siguen gobernando, hacen lo contrario de lo que vocean en el Parlament o en cada manifestación a la que se apuntan.
El mecanismo de la trampa de AENA es perverso. Se trata de hacer creer a los contribuyentes que, para mantener una red completa de aeropuertos nacionales que garantice la conectividad aérea en todo el territorio nacional, es necesario mantener una gestión recaudatoria que roza lo extractivo en los cuatro aeródromos más rentables (Madrid, Barcelona, Mallorca y Málaga), convirtiéndolos en gigantescos centros comerciales que sacrifican la comodidad de los pasajeros en aras del beneficio de AENA. El gestor aeroportuario se presenta así mismo como una especia de ONG que aprieta el gaznate de los millonarios para repartir entre los más necesitados, un Robin Hood que diezma a los ricos para invertir entre los aeropuertos «pobres» de Huesca, Albacete, Córdoba o Burgos. Plantear esta dicotomía, que haya que aumentar los ingresos en los aeropuertos con más tráfico (como el de Palma) para sostener a los demás, es la gran falacia que nos quiere colar AENA, y que los socialistas de Baleares no se atreven a denunciar para no molestar al gobierno de Sánchez. Iago Negueruela se ha limitado a hacer un chiste, comparando el aeropuerto con un mercadillo. Ojalá en una de sus terminales se pudiera comprar un pack de tres bragas a cinco euros. Ojalá fueran esos los precios del Duty Free.
Una empresa pública puede y debe dar beneficios, porque son necesarios para afrontar nuevas inversiones que mejoren el servicio a los ciudadanos. Lo que se le ha pasado por alto explicar al ministro de Fomento, Oscar Puente, y a la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB en Baleares, Rosario Sánchez, es que AENA ha confirmado esta misma semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las inversiones previstas en su DORA III (alrededor de 13.000 millones en total) no ponen en riesgo su política de retribución a los accionistas privados. Es decir, que AENA se compromete a seguir repartiendo entre ellos el 80% de su beneficio neto en forma de dividendos. Si este es el modelo de gestión pública que defiende el socialismo, que venga Zapatero a un mitin de Sánchez, (me refiero a Rosario) y nos lo explique con más detalle.
