Si Ceuta ha sufrido un ataque híbrido ¿sirven las leyes de la paz?

¿Para qué sirven las leyes? En España, hemos llegado a un punto en el que se hace necesario comenzar un artículo de opinión respondiendo a la pregunta que se formula en la clase inaugural de la carrera de Derecho. Un ordenamiento jurídico es un sistema que, en teoría, se muestra capaz de organizar una sociedad a través de la regulación de la conducta humana con un primer objetivo irrenunciable: evitar el caos. Resulta dramático, y sorprendente, que en un país de la Unión Europea haya que proclamar esta obviedad. Si la observancia de una ley —por muy justa, solidaria, generosa, magnánima, garantista y ecuánime que sea— no sólo no garantiza el orden, sino que provoca una suerte de anarquía, el Estado de derecho pierde su razón de ser. Y no es exagerado calificar como anarquía lo que ha sucedido, y sigue sucediendo, en Ceuta, al menos si nos atenemos a la primera de sus acepciones recogidas en el Diccionario de la lengua española: ausencia de poder público.

¿Y para qué sirve la política? Para muchas cosas. Sin embargo, de nuevo nos encontramos con un primer objetivo irrenunciable: garantizar la convivencia. Si la gestión de un conflicto no puede garantizarla, el poder, y por tanto la política, dejan de cumplir su función. Esto es desolador y sumamente peligroso, porque la desesperación de los ciudadanos que pagan sus impuestos para sostener ese sistema se comporta como el agua en una inundación: cuando alcanza una presión suficiente, siempre encuentra un lugar por el que abrirse paso. Por eso la política es algo más complejo y que va más allá de la moral. Si fuera suficiente con la moral, que es algo que afecta al individuo, no necesitaríamos la política, que siempre afecta al colectivo. Por eso el buenismo sirve para la moral, no para la política.

De las declaraciones de varios ministros durante las últimas semanas se extraen dos conclusiones claras: la primera, que el Gobierno de España asume que la situación en Ceuta se ha ido pudriendo durante un mes sin que, al parecer, se haya podido hacer nada más por evitarlo. Y la segunda, que los ceutíes y el resto de los españoles debemos resignarnos a que siga empeorando en los próximos cuatro meses, que es el plazo máximo —esto no se lo creen ni ellos— que necesitan para resolver todos los expedientes, uno a uno, de las personas que entraron de manera ilegal en España el 30 de julio. Por supuesto, ambas conclusiones son falsas.

«Con respeto a la legalidad vigente», insiste en cada comparecencia Ángel Víctor Torres, el ministro responsable del mando único para gestionar esta crisis. Llegamos así al nudo gordiano del asunto: si el «respeto a la legalidad vigente» supone convertir Ceuta durante meses en algo peor que un campo de refugiados, con graves problemas de salubridad y seguridad para la población, la ley deja de ser útil para cumplir sus principales funciones: evitar el caos y garantizar la convivencia. Ese es el motivo por el que algunas leyes, útiles en tiempos de paz, no sirven para la guerra.

¿Estamos en guerra con Marruecos? No en el sentido tradicional del término, afortunadamente. Pero si la ministra de Defensa habla en sede parlamentaria de un «ataque híbrido» en el contexto de una «violación de la integridad territorial de España», tal y como definió su jefe y presidente del Gobierno el asalto a nuestra frontera de 80.000 personas, entonces tampoco estamos exactamente en paz. Porque en eso consiste una guerra híbrida, en moverse en una zona gris empleando los ciberataques (ay, Pegasus), la desinformación (lean la prensa marroquí estos días) o la presión económica y territorial provocada por flujos migratorios irregulares y masivos. Las palabras de Margarita Robles fueron lo suficientemente graves, y sinceras, como para ser cesada si esa no es la visión del Gobierno de España.

El estado de excepción está contemplado en nuestra Constitución para una situación en la que se altere gravemente el orden público, se vean afectados los servicios públicos esenciales o el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. Contempla, entre otras medidas, la expulsión inmediata de extranjeros que incumplan las normas o medidas extraordinarias adoptadas. ¿Es necesario apedrear un vehículo militar para llegar a ese punto? Si las Fuerzas de Seguridad ordenan el desalojo de una playa y el arenal vuelve a ser ocupado en menos de 24 horas, ¿no es motivo concreto y suficiente para poner al otro lado de la valla a esos miles de personas que han violado una frontera? Por supuesto que sí. Es una cuestión de voluntad política, aunque se enfade un vecino al que, de momento, esta crisis le ha afectado en los mismos términos que a Nueva Zelanda.