Multada con 6.000 euros por salvar a las lagartijas de su finca: el insólito expediente que incendia Ibiza

El Govern balear ha abierto un expediente sancionador contra una vecina de Ibiza que decidió construir en su propia finca un refugio para proteger a las lagartijas pitiusas de las serpientes invasoras. La propuesta de multa asciende a 6.000 euros y ha provocado las críticas de VOX, que considera un «sinsentido» que la Administración permita a los particulares instalar trampas para capturar serpientes, pero les impida habilitar espacios seguros para una especie amenazada.

El conseller de VOX en el Consell de Ibiza, Jaime Díaz de Entresotos, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que facilite la colaboración ciudadana en la conservación de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), en lugar de obstaculizar las iniciativas particulares destinadas a evitar su desaparición.

«Una cosa es regular y garantizar que los refugios reúnen las condiciones adecuadas y otra muy distinta es impedir que los propietarios de fincas puedan habilitar espacios seguros para aliviar la enorme presión que sufren nuestras lagartijas por la presencia de serpientes», ha señalado.

Un refugio para salvar a las lagartijas

La polémica tiene su origen en el expediente abierto contra Marilina Serra, propietaria de una finca situada junto a la carretera de Sant Joan, en Ibiza, que decidió proteger a las sargantanas que tradicionalmente habitaban su propiedad. Serra es, además, portavoz del colectivo Sargantana Power, que lleva meses reclamando al Govern un protocolo que facilite a los ciudadanos colaborar activamente en la protección de las lagartijas en Ibiza, más allá de la instalación de trampas para serpientes en sus fincas.

Ante la progresiva desaparición de estos reptiles por la presencia de serpientes invasoras, Serra acondicionó un espacio de unos 1.000 metros cuadrados y completó su cerramiento perimetral con una instalación diseñada para dificultar la entrada de los depredadores.

La iniciativa contó con el asesoramiento de la bióloga Maria Antònia Cirer, experta en lagartijas pitiusas. Según explica la propietaria, en ningún momento se han introducido ejemplares procedentes de otros lugares, sino que se ha limitado a proteger a las lagartijas que ya vivían en la finca. Serra calcula que actualmente sobreviven en el recinto entre 40 y 50 ejemplares y asegura que la colonia se ha reproducido con normalidad, con numerosas crías durante el último verano.

Sin embargo, según la información publicada sobre el expediente, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural considera que mantener estos animales en unas instalaciones privadas ajenas a los programas oficiales de conservación constituye una infracción. El Govern cuestiona, además, las garantías del cerramiento para impedir la entrada de serpientes y plantea trasladar los ejemplares a un espacio autorizado.

La Administración ha propuesto una sanción de 6.000 euros, que todavía no es firme y contra la que la propietaria, asistida por su abogado, Rafel Tur, prevé presentar los recursos correspondientes.

Trampas sí, refugios no

Díaz de Entresotos ha denunciado lo que considera una contradicción en las políticas de conservación del Govern. «La propia Administración facilita a los particulares trampas para capturar serpientes invasoras en sus fincas, pero después les dice que no pueden habilitar un espacio para proteger a las lagartijas. Puedes poner trampas para eliminar a sus depredadores, pero no crear un refugio para sus presas. Es un sinsentido», ha afirmado.

El representante de VOX ha recordado que las sargantanas forman parte del paisaje tradicional de Ibiza y habitan desde siempre en jardines, muros de piedra seca y propiedades particulares.

«No podemos pretender controlar dónde viven las lagartijas ni decirles que tienen que trasladarse al refugio de Can Marines. La protección de una especie que forma parte de nuestro entorno natural no puede limitarse a unas instalaciones públicas», ha advertido.

Red de refugios privados

La formación reclama al Govern que establezca un protocolo para autorizar refugios privados bajo supervisión técnica, con las medidas necesarias para impedir la entrada de serpientes y garantizar la conservación de los animales.

Se trata de una propuesta que también defienden colectivos ciudadanos como Sargantana Power y especialistas como Maria Antònia Cirer, que llevan años reclamando una red de espacios protegidos en diferentes puntos de Ibiza para preservar las poblaciones de lagartijas que todavía sobreviven a la expansión de las serpientes invasoras.

VOX considera que la Administración debería aprovechar la implicación de los propietarios de fincas y ofrecerles asesoramiento y medios para desarrollar estas iniciativas con garantías legales y científicas.

«Lo razonable sería aprovechar la implicación de quienes quieren proteger a nuestras sargantanas, asesorarles y facilitarles los medios para hacerlo correctamente. La Administración debe ser capaz de distinguir entre quien pone en peligro una especie protegida y quien intenta contribuir a salvarla», ha defendido Díaz de Entresotos.

El consejero ha instado al Ejecutivo balear a revisar sus políticas de conservación y abrir una vía de colaboración con los ciudadanos y las entidades implicadas en la defensa de esta especie emblemática de las Pitiusas.

Condiciones para colaborar

«Las sargantanas no entienden de expedientes administrativos ni de límites entre fincas públicas y privadas. Si queremos evitar su desaparición, necesitamos la colaboración de toda Ibiza», ha concluido Díaz de Entresotos, «la solución no puede ser responder con multas a quienes quieren ayudar, sino establecer las condiciones para que puedan hacerlo de forma segura y legal».

Por otro lado, el PSOE de Ibiza también ha mostrado su rechazo a la propuesta de sanción. En un comunicado, los socialistas han pedido al Govern «sentarse con las personas promotoras, las entidades conservacionistas y los equipos científicos para encontrar una fórmula que permita mantener este espacio y desarrollar otros proyectos similares con las garantías legales y ambientales correspondientes».