Abel Caballero le da una palmada a Óscar Puente tras llegar a Vigo en tren
La Fiscalía investigará si Renfe y Caballero han cometido algún delito tras la supresión de trenes en Zamora
Un Juzgado ha incoado diligencias previas por la supresión de frecuencias de AVE en la estación de Sanabria tras una querella contra los presidentes de Renfe y Adif, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y el alcalde de Vigo
La supresión de trenes de alta velocidad en Otero de Sanabria, que supone un duro golpe contra la provincia de Zamora y la España vacía, comienza a judicializarse.
Hace una semana, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Zamora desestimaba las medidas cautelares solicitadas por Terra SOSnible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y Unión del Pueblo Leonés (UPL) en una querella contra el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, el presidente de Adif, Luis Marco de la Peña, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Sin embargo, el juzgado ha emitido un auto por el que acuerda incoar diligencias previas al observar la posible existencia de un «delito sin especificar», trasladando así el proceso a manos de la Fiscalía. Será ahora, por tanto, el Ministerio Público el encargado de investigar la naturaleza exacta del presunto delito y las responsabilidades, según han señalado fuentes de Viriatos Zamora a Europa Press.
La supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal
«Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal», han publicado desde esta organización en una publicación en la red socia Facebook en la que apuntan a que este movimiento representa «una victoria inicial para los ciudadanos de Sanabria y la comarca, que ven cómo la justicia toma en serio la gravedad del abandono de un servicio público esencial».
Los denunciantes, asimismo, recurrían hace unos días el auto dictado el 12 de julio de 2025, en el que el juez rechazó las medidas cautelares, al entender que el auto no había «entrado en el fondo del asunto, a pesar de estar ampliamente documentado con datos, argumentos y hechos que evidencian una clara vulneración de derechos fundamentales».
Abandono ilegal de servicio público
La querella apuntaba a los cargos públicos anteriormente señalados como autores de los delitos de prevaricación administrativa y abandono ilegal de servicio público, salvo en el caso del regidor socialista vigués, al que situaban como «instigador», al haber sido quien pidió a Renfe y el Ministerio del ramo, liderado por su compañero de filas Óscar Puente, que le quitara frecuencias a Zamora para acortar los tiempos de la línea Madrid-Galicia, como finalmente así ha sucedido.
Concentración convocada por la Alianza UPA-COAG para protestar por la supresión de paradas del AVE en Sanabria.
Esta reestructuración del servicio, que afecta también a Segovia y a Medina del Campo (Valladolid), ha soliviantado a la sociedad castellanoleonesa, provocando el rechazo de todo el espectro político, incluido el socialista. Este mismo viernes, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, anunciaba que su partido, a través del grupo Sumar en el Congreso –socios del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez–, en el que está incluido IU, presentaba una Proposición no de Ley para «hacer ver al ministro, Óscar Puente, al Gobierno de España y a Renfe que la parada de Sanabria es decisiva para el desarrollo de la ciudad y la provincia».
Uno de los movimientos dentro de esta ola de protestas contra la medida de la empresa pública dependiente de Transportes que se une a otras como el paro institucional de cinco minutos que se produjo hace unos días en Zamora, si bien, por el momento, Renfe no recula y además defiende la eficiencia de la iniciativa puesta en marcha el pasado 9 de junio.
Como señala Europa Press, las organizaciones denunciantes han recordado que la eliminación de las paradas del AVE de las 8.46 y 9.35 horas (salida desde Otero de Sanabria) y la llegada de las 8.15 horas suponen un grave perjuicio para el acceso a servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación en la comarca.
Han subrayado, asimismo, que la línea de AVE entre Madrid y Zamora, desde diciembre de 2022, está declarada como Obligación de Servicio Público (OSP), «lo que implica una garantía de servicio» que, han asegurado, Renfe no está cumpliendo, «a pesar de recibir compensaciones millonarias del Gobierno».
