El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, en L’Alguer, Cerdeña (Italia)
La política exterior de la Generalitat: embajadas y un «Ministerio de Exteriores de la Cataluña Libre»
El Govern cuenta con 14 delegaciones en el extranjero, tres más están aprobadas y falta ponerlas en marcha, y también se abrirá otra en Andorra
Para el Gobierno de la Generalitat la política exterior es una cuestión fundamental para conseguir el «reconocimiento internacional de Cataluña» o para seguir denunciando la «represión» contra el independentismo, en palabras de los dirigentes secesionistas. O más importante que para el Govern lo es para Junts per Catalunya, que es quien dirige la consejería de Política Exterior (la consejera es Victoria Alsina), y en especial para el expresidente Carles Puigdemont, que quiere controlar el internacional del independentismo.
Un Puigdemont, que, además, ha puesto en marcha el 'Ministerio de Exteriores de la Cataluña Libre', un nuevo organismo, dirigido desde Waterloo que pretende complementar la política exterior que se hace desde la Generalitat. Pretende llevar a cabo una especie de «diplomacia paralela» para que sea mucho más efectiva porque el Estado se dedica a perseguir cualquier acción exterior que lleve a cabo el Govern. De ahí que se busquen ahora «ciudadanos catalanes que vivan en todo el mundo y que crean que puedan ser buenos representantes exteriores en su país», dicen desde el Consell Per la República, que es el organismo también impulsado por Puigdemont que, en última instancia, controla este «Ministerio».
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Y dentro de esa política exterior de la Generalitat hay que incluir las embajadas. Cataluña tiene en la actualidad 14 delegaciones en el exterior: ante la Unión Europea, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Balcanes, Europa Central, Países Nórdicos y Países Bálticos, Portugal, Argentina, México y Túnez. Cada uno de los delegados de la Generalitat cobra unos 88 mil euros, más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: y a eso hay que añadir el alquiler de los locales y el sueldo del personal que trabaja en estas delegaciones. La más numerosa es la delegación ante la UE en la que trabajan unas 16 personas. Y el alquiler más caro es también el de esta delegación en Bruselas.
A corto plazo, la Generalitat tiene intención de desplegar nuevas 'embajadas': Japón, Senegal y Australia, que ya están creadas, pero falta que tengan un titular y puedan funcionar como tales. Más recientemente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès ha anunciado que el Govern empezará los trámites para abrir una delegación «permanente» del Gobierno catalán en Andorra por las «estrechas relaciones» que hay entre los dos territorios.
¿Y todo esto cuánto cuesta? De entrada, el Govern va a aumentar este año un 54 % el gasto destinado a política exterior, concretamente 28,5 millones de euros, que son diez millones más que en el último presupuesto que se aprobó. Y en concreto para las delegaciones de la Generalitat en el exterior, la partida es de 12 millones de euros, casi cinco más que lo que recogían las últimas cuentas. Y todo, «para ampliar la capacidad de incidencia de Cataluña en el mundo», según explicó la consejera de política exterior Victoria Alsina.
La existencia de estas embajadas, al menos tal y como las concibe el Govern, es una cuestión que critica la oposición en el Parlament, especialmente PP, Ciutadans y Vox, y también el PSC, por el derroche de dinero público que supone, y porque a menudo desde estas delegaciones se dedican a dar mala imagen de España. De hecho, entre la documentación incautada por la Guardia Civil por las investigaciones relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre, se encontraron una especie de manuales con recomendaciones para estos delegados en el exterior para que, en foros internacionales, pudieran criticar a España y justificar así la independencia de Cataluña: desde ataques a la lengua por parte del Estado, el déficit fiscal que, según la Generalitat, sufre Cataluña o el recorte del autogobierno catalán.
Pero la oposición también denuncia que estos organismos sirven como «agencia de colocación» para afines. Por ejemplo, durante cuatro años la embajadora de la Generalitat en los países nórdicos fue Francesca Guardiola, hermana del exentrenador del Barça Pep Guardiola. Su antecesora en el cargo, Diana Coromines, explicó que los méritos de Guardiola, más allá de ser afín al independentismo, eran cero: no sabía danés ni tampoco había vivido allí nunca, por lo que no conocía el carácter de los nórdicos, decía Coromines en su blog. También hay viejos conocidos entre los delgados actuales, como es el caso de Gorka Knörr, exdiputado de Eusko Alkartasuna, que fue, entre 1983 y 1985 portavoz de la presidencia del Gobierno vasco, eurodiputado también ha sido delegado de la Generalitat en Madrid.
Y no hay que perder de vista que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias, de hasta 5,4 millones de euros a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat precisamente por la política exterior del Govern, especialmente entre 2011 y 2017, años en los que se intensificó. La consejera, Victoria Alsina, justifica el incremento presupuestario en estas partidas como «un mensaje claro de que, ante la represión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat consolida su acción exterior».
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