Miles de personas mostraron su condena y repulsa en los días posteriores a los atentados.
El independentismo cercano a Junts insiste en que los atentados del 17-A fueron organizados por «el Estado»
Una asociación separatista ha convocado una concentración en el sexto aniversario de la matanza en la que repetirá el mantra de que fue ideada como una «operación de castigo a Cataluña»
Este jueves se cumplen seis años de los atentados de La Rambla de Barcelona y Cambrils que arrojaron un trágico balance de dieciséis muertos y entre 123 y 345 heridos según las fuentes que se consulten. Seis años más tarde, el independentismo sigue obsesionado con que los atentados fueron una «operación de castigo a Cataluña orquestada por las cloacas del Estado». Por ello, a las doce del mediodía una plataforma denominada «17A, Exigim Responsabilitats» (17A, Exigimos Responsabilidades) ha convocado una manifestación frente a la Delegación del Gobierno en el centro de Barcelona que cuenta con el apoyo de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Barcelona, así como de diversas agrupaciones locales de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como la de Vic, una de las más potentes. Tanto los CDR como la ANC son organizaciones próximas a Junts per Catalunya y muy críticas con la política de acuerdos entre Esquerra Republicana y el PSOE.
La convocatoria, que no se prevé muy masiva, se ha intentando calentar anunciando en redes sociales que «este agosto pasarán cosas en Cataluña», lanzando mensajes que afirman que Es Satty, cerebro de los atentados, era confidente del Estado y calificando al Estado de asesino junto a imágenes del exjefe del CNI Félix Sanz Roldán o de los exministros Jorge Fernández Díaz y José Manuel García-Margallo.
El acto oficial conmemorativo y de homenaje a las víctimas será este jueves a las diez de la mañana en La Rambla. El año pasado el mismo terminó con altercados porque militantes independentistas congregados jalearon a Laura Borrás, expresidenta del Parlamento de Cataluña, y se enfrentaron a las familias de las víctimas, a las que acusaron de sicarios y colaboracionistas con las cloacas del Estado.
Desde el mismo momento en que se cometió el atentado, el independentismo intentó capitalizarlo y usarlo políticamente. Uno de los momento de máxima tensión se produjo en la manifestación posterior al mismo, presidida por el Rey, en la que los dirigentes y militantes independentistas convirtieron la manifestación en un aquelarre separatista sin respeto alguno a la víctimas.
Desatención a las víctimas
En marzo de este año se disolvió la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT). Esta organización nació tras la matanza y en el momento de su disolución se mostró su decepción por la inacción de la Administración, que ha llegado al extremo de que la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) no se ha comunicado a los damnificados. El consejero de Interior de la Generalitat, el republicano Joan Ignasi Elena, se comprometió hace un año a aprobar una Ley de Atención a las Víctimas, pero la misma no ha llegado a ver la luz.
UAVAT ha denunciado que, si bien ha podido atender a 221 afectados, han quedado por contactar otras 200. La AN en la sentencia fijó la cifra en 347 víctimas, así que seis años más tarde de un mínimo de 147 no se sabe nada.
Célula liderada por el imán de Ripoll
El escrito de los magistrados dio por probado que el grupo terrorista tenía once miembros, de los que tres sobrevivieron y fueron condenados. Su líder era Abdelbaki Es Satty, imán en la localidad gerundense de Ripoll, que murió en una explosión manipulando munición para cometer el atentado en una casa en Alcanar (Tarragona). El independentismo siempre ha afirmado, sin pruebas, que Es Satty era confidente del CNI. Con esta acusación intenta vincular a la Policía española con el suceso. Uno de los condenados, Driss Oukabir, está en prisión en Marruecos, adonde fue expulsado.
El autor material del atentado, Younes Aboyaaqoub, era vecino de Ripoll, como el imán líder del grupo, ciudad del interior de Gerona hoy gobernada por Aliança Catalana, un partido de extrema derecha independentista que accedió a la alcaldía al negarse Junts per Catalunya a pactar con el resto de formaciones políticas para evitar que esta organización supremacista y xenófoba accediera a la alcaldía. Otro de los condenados, Ben Iazzam, ya está en libertad después de haber cumplido la mitad de su pena.
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