Foto de archivo de una mesa electoral
Elecciones Cataluña 2024
Estas son las multas por no acudir si eres miembro de una mesa electoral este 12-M
Los convocados para formar parte de una mesa electoral están obligados a acudir a primera hora el día de las elecciones
En España, no presentarse a cumplir con el deber de formar parte de una mesa electoral sin una causa justificada puede acarrear sanciones serias recogidas en la Ley electoral. El incumplimiento de esta obligación está tipificado como un delito y se encuentra regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
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Las personas que han sido designadas para servir como presidente o vocal de una mesa y no acuden, podrían enfrentarse a las siguientes consecuencias legales:
Sanciones
- Sanciones económicas. Las multas pueden variar dependiendo del caso específico, pero generalmente oscilan entre 300 y 3.000 euros. El monto de la multa dependerá de la gravedad de la falta y de las circunstancias individuales del caso.
- Responsabilidades penales. Si la ausencia sin causa justificada impide o retrasa la formación de la mesa electoral, el hecho puede ser considerado más grave. En este caso, además de la multa, la persona podría enfrentarse a una pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
Es importante tener en cuenta que si alguien tiene una razón legítima para no poder asistir (como problemas de salud graves, responsabilidades familiares inaplazables, o una incompatibilidad laboral debidamente justificada y aceptada por la Junta Electoral), debe presentar las pruebas necesarias a la Junta Electoral correspondiente para solicitar ser eximido de esta obligación. Esta solicitud debe hacerse tan pronto como sea posible, tras recibir la notificación de designación para la mesa electoral.
Con todo, no acudir a formar parte de una mesa electoral sin una justificación válida puede tener consecuencias significativas, incluyendo multas económicas y posibles penas de prisión, enfatizando la importancia que tiene el cumplimiento de este deber cívico en el marco legal español.
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