La transferencia de competencias de inmigración a Cataluña es inviable, inconstitucional, y vulnera el derecho comunitario

Asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional han advertido que denunciarán a los tribunales cualquier cesión de competencias a la Generalitat, a los Mossos, que vaya más allá de lo que establece la ley. Para empezar, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ya ha presentado un recurso ante el TSJC contra la cesión en exclusiva de competencias de medio ambiente a la policía autonómica catalana. Y el SUP también lo deja claro: «la transferencia de la competencia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a los principios del derecho comunitario e internacional».

Así lo recoge un informe jurídico del Sindicato Unificado de Policía, que también deja claro que no existe ningún Estado en el mundo, ya sea miembro de la Unión Europea como fuera de ella, que «haya transferido de manera integral la competencia de inmigración a una entidad subnacional». Y pone el ejemplo de Suiza, que aun siendo un modelo confederal en el que los cantones tienen amplias competencias, «el control de la inmigración y fronteras sigue siendo competencia exclusiva del gobierno federal».

También recuerda que en Estados Unidos, el estado de Arizona intentó asumir esas competencias, pero el Tribunal Supremo del país anuló esa normativa al considerar que el control de la inmigración es una cuestión de soberanía nacional y, por lo tanto, su control «fragmentado» en inviable. Y lo mismo ocurra en otros Estados Federales, como es el caso de Alemania, en la que, a los Länder, solo se permite que participen en políticas de integración.

Por este motivo, en el informe se deja claro que «la ausencia de precedentes exitosos demuestra que la inmigración es un elemento inextricablemente ligado a la soberanía nacional, lo que hace jurídicamente inviable la transferencia de esta competencia».

Inconstitucional

Pero, además, y de entrada, vulnera la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración, extranjería, derecho de asilo y nacionalidad. Una exclusividad que ha sido «reiteradamente confirmada» por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo que la Generalitat no puede asumir más competencias en esta materia que no sea la de la integración social dentro del marco de la asistencia social.

Y sí, el artículo 150.2 de la Carta Magna al que alude Junts permite la transferencia de competencias estatales a las Comunidades Autónomas, pero, recuerda el SUP, el TC ha establecido que no puede ser el caso de las que son exclusivas del Estado cuando afectan a la soberanía y a la unidad del Estado. Y la inmigración es una de ellas.

Sería inconstitucional y vulneraría el derecho europeo, porque la Unión Europea «exige una aplicación uniforme de la normativa en materia de inmigración en todos los Estados miembros, garantizando la coherencia del sistema de control de fronteras, visados, asilo y retorno de inmigrantes en situación irregular». Además, recuerda el SUP, la normativa europea establece unas reglas comunes de expulsión que «deben aplicarse de manera uniforme».

Y eso podría verse afectado si Cataluña tuviera un régimen diferenciado. Pone el ejemplo de que la Generalitat podría interpretar «de manera diferente las condiciones para la expulsión y repatriación de inmigrantes en situación irregular, generando inseguridad jurídica y un riesgo de trato desigual en comparación con el resto de España». Y todo ello podría derivar en un procedimiento de infracción contra España.

Y otro argumento que ofrece ese informe del SUP, es que esa cesión de competencias afectaría a la soberanía nacional. Porque equivaldría, en términos prácticos, a «una renuncia parcial de la soberanía española» sobre Cataluña, y podría interpretarse «como un reconocimiento implícito de la soberanía de Cataluña, ya que la gestión de la inmigración es un atributo propio de los Estados independientes». Y en este sentido, se advierte que «esto abriría la puerta a reivindicaciones adicionales que podrían derivar en una erosión del principio de unidad del Estado consagrado en el artículo 2 de la Constitución».

Recurso contra la «expulsión» del Seprona

Y algo parecido es lo que piensa Manuel García Bujes, delegado en Cataluña de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO). Esta asociación, para empezar, ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el acuerdo de la Junta de Seguridad de Cataluña, que se celebró a finales del año pasado, y en virtud del cual los Mossos de Esquadra asumen «en exclusiva» la competencia en materia de medio ambiente. O lo que es lo mismo, se relega al Seprona en Cataluña.

Para la UO, este acuerdo «no tiene fuerza de Ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad y Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña». Y así lo ha explicado a El Debate García Bujes, quien ha precisado que lo que piden es que se paralice ese acuerdo que considera «sangrante».

Pero considera que ese acuerdo dice «otra aún más grave, y es que en cualquier investigación o infracción, la Guardia Civil debe traspasarla al cuerpo de Mossos, cuando hay un organismo judicial con competencias para decidir el cuerpo con el que trabaja». Y pone este ejemplo: «imagine que un caso que investigue la UCO tuviera una ramificación medioambiental. Según lo acordado, la UCO debería apartarse y traspasar la investigación a los Mossos». Esto «no tiene sentido», según Manuel García Bujes, que considera ese acuerdo «una desfachatez».

Para el delegado de la UO en Cataluña, en cualquier caso, hay una «estrategia» clara en todos estos pasos que se están dando en Cataluña. Es el caso del Seprona, que la Generalitat pida para los Mossos el control de puertos y aeropuertos, o que Junts insista también en la «cesión integral» para esta autonomía de la competencia de inmigración, con control de fronteras incluido. De hecho, considera que esto es «un procés 2.0», pero con una diferencia.

Recuerda García Bujes que en 2017 «hubo una un torpe intento de lograr la independencia, porque fueron a las bravas». Sin embargo, ahora, van «de forma sibilina, pero implacable», y están consiguiendo, poco a poco, lo que persiguen, y es «desmembrar al Estado, y que este desaparezca de Cataluña». Por eso piden «las fronteras, la inmigración o las instalaciones estratégicas».

Recuerda, por cierto, que Tsunami Democràtic ya intentó hacerse con el control del aeropuerto de Barcelona y que cortó la frontera con Francia. Y, además, asegura, consiguen echar al cuerpo policial que los separatistas «más odian», la Guardia Civil, porque llevó el peso de la investigación por el proceso independentista.

Y si se va cediendo y cediendo se pregunta García Bujes, ¿dónde está el límite? De ahí que haya dejado claro que «a nosotros no nos queda otra arma que acudir a los tribunales si es que las cosas no se hacen bien».